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El contexto político, social, sanitario, económico y financiero de Argentina muestra señales de un deterioro acelerado, lo cual constituye una mala noticia para nuestro país, más allá del impacto positivo de corto plazo que podría causar la llegada de argentinos —corridos por ese clima de inestabilidad y mayores cargas impositivas— que manifiestan su deseo de tener residencia en Uruguay.
El nivel de desconfianza que está generando el gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández es cada vez mayor, tanto en consumidores, empresarios e inversores locales y del exterior. Eso se manifiesta en el mercado cambiario, el “termómetro” por excelencia en Argentina para medir el humor de la gente y la mayor o menor credibilidad de un gobierno.
El cierre del canje de deuda que evitó caer en default no sirvió para calmar la ansiedad de los agentes económicos, que continuaron volcándose masivamente a la compra de dólares, forzando a las autoridades a implementar nuevas restricciones para la compra de la divisa —el “supercepo”—, aunque tampoco eso logró por ahora evitar la sangría de reservas del banco central y disminuir las brechas entre los diversos tipos de cambio. Ahora las autoridades económicas argentinas estarían negociando con el sector agroexportador incentivos para que se liquiden unas 18 millones de toneladas de soja que todavía están en poder de los productores, a la vez que evalúan la posibilidad de activar parcialmente el “swap de monedas” con China, a los efectos de fortalecer las reservas líquidas.
La lista de factores que ha provocado este complejo panorama es bastante extensa. Para comenzar, no se sabe quién gobierna de manera efectiva, si el presidente Fernández o la vicepresidenta Cristina Fernández. Se trata además de un gobierno que tomó algunas medidas muy polémicas: desde amagar con expropiar la cerealera Vicentín a volver a avanzar sobre las telecomunicaciones congelando las tarifas de los servicios, o impulsar una reforma judicial con objetivos nada claros y que más bien apuntan a evitar que la expresidenta sea juzgada por las múltiples causas de corrupción que tiene abiertas. Además, no ha tenido éxito para contener el Covid-19 a pesar de instaurar la cuarentena más larga del mundo.
Desde el punto de vista económico, es un gobierno que carece de un plan integral y acaba de presentar un proyecto de Presupuesto en el que no cree nadie; ha apelado a un intervencionismo exacerbado en todos los mercados —no solo el cambiario—; y plantea como objetivos aumentar las exportaciones y las inversiones, pero en los hechos toma medidas que van en sentido exactamente contrario. Y ante la ausencia de crédito externo, ha recurrido a una fuerte emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. En definitiva, es un gobierno que por ahora no logra generar credibilidad y no se vislumbra que pueda iniciar un proceso de crecimiento económico sostenido a mediano y largo plazo.
Para Uruguay, el complejo panorama del vecino constituye un shock negativo con el que habrá que convivir, que dificultará la recuperación de nuestra economía. Es difícil ver que los precios en dólares en Argentina puedan subir de manera más o menos importante en el corto plazo, por lo que la competitividad bilateral seguirá siendo muy desfavorable para los productos y servicios uruguayos, lo que más allá del tema sanitario respecto a si se van a abrir o no las fronteras, será un elemento muy negativo para la próxima temporada turística. Cuando comience a haber movilidad, toda la actividad comercial en el litoral del país se reducirá de manera muy significativa, dadas las abismales diferencias de precios existentes entre una orilla y otra del río Uruguay.
Lamentablemente, pasará mucho tiempo hasta que eventualmente podamos estar en esa situación, y que quizás las cosas tengan que empeorar todavía más antes de comenzar a mejorar.
