Nº 2170 - 21 al 27 de Abril de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAlgo deberían hacer. Porque los tiempos cambiaron pero no las formas. Las reglas de juego con las que se rige la política son del siglo pasado o de antes inclusive. Son disposiciones que reflejan otro tiempo, muy distinto al actual, y eso fastidia a cada vez más personas. Sienten que los políticos, encargados de tomar las decisiones que los afectan en su día a día, viven en otro mundo, que les es ajeno y lejano.
Todas las encuestas de opinión muestran una caída en Uruguay de la imagen de los partidos políticos y del Parlamento. A su vez, algunos guarismos referidos a los que estarían dispuestos a tolerar regímenes autoritarios son alarmantes. Para poner un solo ejemplo: el último informe del Latinobarómetro de 2021 concluye que 27% de los uruguayos apoyaría un gobierno militar y 47% uno “no democrático”. De terror.
A eso se suma que cada vez son menos los jóvenes que eligen la militancia política como su camino de crecimiento. Los hay pero no como antes. Ahora decir que se es dirigente político no es un mérito ni una señal de compromiso. Suele ser visto como algo raro, fuera de lo normal. Los menores de 50 años prefieren desempeñarse en otros ámbitos y los más virtuosos optan por la actividad privada o la academia. Hay otros, también con mucho talento, que sí van por el camino de las banderas y los votos pero no dejan de ser excepciones que confirman la regla.
Por eso lo del principio. Es momento de cambiar las reglas de juego. Y corresponde al sistema político hacerlo. Son ellos los que deben acordar sacarse algunos de los privilegios de antaño como forma de intentar mejorar la imagen que tienen en la opinión pública. Son además los que cuentan con las herramientas como para lograrlo y los que necesitan mostrarse de una forma distinta, transmitir que entendieron el mensaje y que están dispuestos a asumirlo y a modificar lo que tanto molesta.
En los últimos años hubo algunos tímidos intentos en esa línea. Vinieron de lados muy distintos y todos ellos terminaron en la nada. Un ejemplo fue el proyecto de ley presentado a mediados de 2016 por el actual presidente y entonces senador Luis Lacalle Pou para quitarles los fueros a los legisladores. Algo similar hizo en 2020 el senador nacionalista Sebastián Da Silva. En el otro extremo, el Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó en 2019 proyectos de ley para reducir los sueldos de los jerarcas públicos y cobrarles un nuevo impuesto con el objetivo de hacer casas para los más necesitados. Ambas iniciativas terminaron en la nada, no fueron más que una declaración de intenciones.
Sobre la primera, que los legisladores sigan teniendo fueros no parece ser lo más indicado para estos tiempos. Como dijo Lacalle Pou al argumentar a favor de su proyecto de ley en 2018, no es una buena cosa para el sistema político, responsable de aprobar, promulgar y aplicar las leyes, que sean válidas para todos menos para ellos mismos. Parece como si “nosotros tenemos coronita”, argumentó el actual presidente en aquella oportunidad.
La “coronita” tuvo su razón de ser, aunque ahora quedó un poco anticuada. Está consagrada en cuatro artículos de la Constitución de la República y su lejano origen a nivel mundial puede asociarse con la instalación de la monarquía parlamentaria británica en el siglo XVII y luego con la separación de poderes promovida por Montesquieu en el siglo XVIII. Al crearse un Parlamento en Gran Bretaña, los fueros eran una forma mediante la cual se le impedía al rey que persiguiera o encarcelara a los legisladores que votaran en su contra. A eso Montesquieu le sumó en la teoría la importancia de la independencia absoluta entre los tres poderes del Estado, basada en que ni el presidente ni un juez estén por encima de un legislador.
En el caso uruguayo, la Constitución establece tres tipos de inmunidades o privilegios con los que cuentan los parlamentarios. El primero es que jamás serán responsables judicialmente por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones. Nadie los puede demandar por nada de eso mientras estén ejerciendo su cargo. El segundo es que no pueden ser detenidos o arrestados, salvo que se los encuentre “en delito infraganti”. E incluso si eso ocurre, la autoridad que los detenga tiene que comunicarlo de inmediato al Parlamento. El tercero es que ningún senador o diputado puede ser acusado penalmente ante la Justicia por ningún delito. Este último punto es el que pretendieron derogar los proyectos de Lacalle Pou y Da Silva. De todas formas, su modificación necesita una consulta popular porque implica una reforma constitucional.
En la otra vereda, varias iniciativas de ley presentadas por el MPP al final de la última legislatura, que tenían como objetivo “reafirmar la ética política”, tampoco fueron ni consideradas. Lo que allí se planteaba era topear los sueldos públicos, generar un mecanismo basado en méritos para ingresar a la administración estatal, fijar un nuevo impuesto para todos los cargos jerárquicos públicos y con lo recaudado construir casas para los sectores más pobres y otras acciones por el estilo.
Juntar medidas de ese tipo con el final de los fueros a los legisladores y otras como reducir la cantidad de integrantes de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados y del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral y eliminar varios cargos de confianza y privilegios asociados a ellos sería cambiar las reglas de juego en un sentido que muchos esperan. Cada una de esas reformas pueden ser excelentes señales para volver a enamorar a muchos más con la política, sin generar ningún tipo de problema en el funcionamiento de la estructura estatal. Y si sectores políticos tan distantes son conscientes de que algo profundo hay que hacer para lograrlo, capaz que llegó el momento de que intenten ponerse de acuerdo y promuevan algo del estilo.
En definitiva, es su propia supervivencia la que está en juego. Es probable que tengan menos cargos para repartir y queden más expuestos pero eso también les significará que tendrán mucho más para cosechar. Y quizás algún día, no tan lejano, se pueda volver a decir que en la política solo sobreviven los mejores y no los menos malos, como ahora.