“No sé por qué me detienen. No sé qué hago acá”. La voz de Alfredo Silva, el representante de los trabajadores en el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), retumbó en una de las salas del juzgado de Crimen Organizado en Ciudad Vieja. Sobre la tarde del miércoles 16, Silva fue conducido por la Policía para que declare por primera vez en el marco de una investigación abierta en 2011 sobre la gestión de la empresa de limpieza Buena Estrella en por lo menos cuatro hospitales públicos. El jerarca de ASSE ingresó a la sede judicial con aire “altanero”. Y esa actitud exhibió durante un buen rato, hasta que se le comunicó que iba a quedar detenido e incomunicado durante toda la noche. Ahí su semblante cambió por completo. “Quedó planchado”, resumió una fuente judicial consultada por Búsqueda.
Casi tres años después de iniciadas las investigaciones por una sobrefacturación de la Asociación Civil Buena Estrella —la empresa que según los testimonios de los funcionarios él ayudó a armar—, tiempo después de sortear interpelaciones políticas, denuncias de ex secretarias sobre abuso de funciones y acoso laboral, cuestionamientos de directores de hospitales, reproches de la oposición y hasta del propio presidente José Mujica, Alfredo Silva se enfrentaba ante una decisiva instancia judicial: la que le costaría el cargo. Su directa vinculación con la empresa de limpieza y su presión desde el poder para favorecerla quedó expuesta por la Justicia.
El dirigente sindical estuvo detenido desde el miércoles 16 hasta la tarde del feriado viernes 18. En las audiencias en las que participó, prácticamente no emitió ningún comentario. Sentado en una de las sillas del juzgado, con las piernas cruzadas y mirando el piso, se limitó a negar con la cabeza cada vez que algún testigo indicaba que había ejercido presiones en su rol de integrante del Directorio de ASSE para que los hospitales públicos contrataran con Buena Estrella.
En su testimonio, Silva negó haber actuado fuera de la ley. Sí reconoció que trató de “defender” las fuentes laborales de la empresa de limpieza, integrada en su mayoría por trabajadores que provenían de la firma Clanider y cuyo titular también había sido procesado por sobrefacturar horas de trabajo al Hospital Maciel. Pese a sus declaraciones, el juez Néstor Valetti encontró méritos para procesarlo sin prisión por el delito continuado de conjunción del interés personal y público. Heber Tejeira, su compañero de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y referente en el gremio para las empresas tercerizadas, fue procesado con prisión por delito continuado de cohecho simple (cobro de coimas) en reiteración real con un delito continuado de conjunción del interés personal y público. Otras ocho personas, entre directivos de Buena Estrella y de otras empresas tercerizadas, también fueron procesados sin prisión.
El mismo viernes 18, al salir del juzgado, Silva se enteraría que el PIT-CNT había resuelto removerlo del cargo que había asumido en setiembre de 2008. El representante de los trabajadores terminaba su polémica era en ASSE.
El origen.
El 5 de noviembre de 2011, el diario “El País” publicó una nota en la que se informaba que ASSE había constatado una sobrefacturación de $ 2,5 millones por parte de Buena Estrella al Maciel, y que la Dirección le empezaría a retener $ 400.000 por mes para descontar lo que se pagó de más. Dos días más tarde, Laura de los Santos, una temperamental funcionaria de Buena Estrella que antes había trabajado en Clanider, leyó el matutino y llamó indignada a la redacción. Quería dar su versión de los hechos, desvincularse, defender a los empleados. El 8 de noviembre, con la foto de su cara ilustrando el artículo, la mujer vinculó por primera vez a Silva con la empresa. “Esto se armó todo en la Federación de Salud Pública, con el señor Alfredo Silva. Él viene a ser el papá de todo esto”, declaró.
La funcionaria agregó más datos. “La sobrefacturación que tienen es de los supervisores, porque en el contrato se especifica que se pagan horas de trabajo, no horas de oficina (…) han visto a gente de la oficina marcar el relojito y no está dentro del hospital”. Una semana más tarde, el 14 de noviembre, y justo cuando el entonces ministro de Salud, Jorge Venegas, y el propio Alfredo Silva estaban de recorrida inaugurando obras en el Maciel, a De los Santos le comunicaron que estaba despedida.
Preguntó las razones y le respondieron que era por “notoria mala conducta” y por haber “difamado y agraviado a la empresa”. La funcionaria comentó a Búsqueda que desde ese momento supo que quien estaba detrás de su despido era Alfredo Silva y se prometió ir “hasta las últimas consecuencias”. Llamó a su abogada, prepararon el escrito de la denuncia y la presentaron en Crimen Organizado, el mismo juzgado que había intervenido en el caso de Clanider. La jueza Graciela Gatti y el fiscal Ferrero recibieron la denuncia. “Quería que se investigara la sobrefacturación de Buena Estrella, que se había armado con Alfredo Silva”. Era el 12 de diciembre de 2011.
La sobrefacturación.
El pasado viernes 18 de julio, tras un desfile de funcionarios y empresarios citados a declarar, actuaciones de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y solicitud de distintos informes a todos los organismos involucrados, la Justicia llegó a una conclusión en su investigación.
En primer lugar se comprobó que Buena Estrella le facturó horas no trabajadas al Hospital Maciel. Se valían de dos estrategias para esto. Una era hacer figurar en la planillas cargos de supervisores y encargados junto con los de los auxiliares (los primeros debían ser pagos por la empresa y el resto por el hospital). Los supervisores y encargados marcaban sus huellas en el reloj biométrico y las pasaban a la Gerencia Financiera del hospital para cobrar como horas de trabajo de limpieza sin haberlo hecho durante siquiera un minuto. Se facturaron así 24.874 horas de más por un monto de $ 1.694.561.
La otra estrategia era incluir dentro de las planillas de cobro las horas para cursos prácticos de capacitación de su personal previsto por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Inefop). La Justicia comprobó que las cumplían en menor cantidad en relación con las contratadas según el pliego. De acuerdo con la declaración de varios funcionarios, realizaban clases teóricas fuera del horario y lugar de trabajo, en tanto que las clases prácticas las hacían durante el horario de trabajo que debían completar en el Maciel. Según el fallo judicial, todo esto se hizo ante la “conducta negligente, omisa y complaciente” de la administradora del Maciel, Luz Iguini, que a poco de saltar a luz el caso de sobrefacturación fue derivada en pase a comisión al Hospital Pereira Rossell.
Las coimas y presiones.
Lo que también comprobó la Justicia —y es donde aparece Silva con mayor protagonismo— es que tanto el delegado de los trabajadores en ASSE como Heber Tejeira, el representante de las empresas tercerizadas en la FFSP, tenían vinculación directa con Buena Estrella y ejercieron presiones a distintos actores para reportarle beneficios a la empresa.
La actuación judicial acreditó que ambos la “acompañaron, asesoraron y respaldaron en diversas gestiones” y que lograron “vincularla contractualmente en diversas instituciones hospitalarias del país, como el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), el Hospital de Pando y el Hospital de Rivera, entre otros”. Lo hacían aportándole “información de interés” para que Buena Estrella concursara o licitara con buenos precios, “indicándoles qué precio cotizar, realizando ofertas que resultaban inmejorables (…) y en ocasiones incluso, mediante contratación directa, en desmedro de otros competidores y del interés del propio Estado”.
Para la Justicia esto constituye una “intromisión indebida, dada su condición de funcionarios públicos”.
El fallo recoge varios testimonios que respaldan su vinculación con Buena Estrella. Un funcionario dijo que Alfredo Silva es “responsable de toda la empresa, ya que brindó todos los elementos para que se formara la misma”. “Estuvo en una reunión en el vestuario nuestro, manifestando que nos iba a apoyar en todo”, agregó. “Nos citaba al personal al vestuario y hablaba de la empresa dando detalles de la misma (…), la relación de los directivos con él era muy íntima”. La tesorera de Buena Estrella fue contundente. “Nunca hacíamos nada que no pasara antes por Silva y Tejeira”. Dijo que los directivos de la empresa eran sus “marionetas”. “Crearon Buena Estrella, manipularon Buena Estrella, para mí pueden manipular cualquier cosa”, respondió cuando se le consultó sobre el poder de la Dirección de ASSE sobre las empresas que trabajan en los hospitales.
Según las fuentes judiciales, la directora del Hospital de Pando rompió en llanto cuando recordó las presiones de Silva y Tejeira para que contrate a Buena Estrella. Dijo ante el juez que tiene un hijo discapacitado y por eso fue más vulnerable a las amenazas. Le decían que si no les hacía caso la harían “volar”. Las mismas fuentes relataron que esa era la forma de conducirse de Silva ante las autoridades hospitalarias que no eran de su agrado. “Vos volás de acá”, los amenazaba.
Tejeira, a quien en el ambiente de la salud todos conocen como el “Toshiba”, negó haber presionado a directores de hospitales públicos y aseguró que no recibió coimas para acelerar el pago de los servicios a otras empresas de limpieza. Sin embargo, en su caso fueron determinantes los audios de las escuchas telefónicas que la Policía venía realizando desde hace meses con autorización del fiscal y el juez de la causa.
En uno de esos audios, un empresario afirmaba que le había dejado un “sobre” tal como había solicitado por sus servicios. Cuando se le preguntó en el juzgado qué contenía ese sobre, el empresario afirmó sin titubear que eran $ 5.000 que Tejeira le había solicitado. Según las fuentes, en ese momento el funcionario “se quebró” y admitió la maniobra.
En otro de los audios, un empresario le dijo a Tejeira que le dejó un sobre que le alcanzaba para “comer un asado”. Diversos empresarios testificaron en el juzgado que se veían obligados a pagar ese “peaje” para tener “paz sindical” en sus empresas o para poder trabajar con tranquilidad.
Crimen Organizado comprobó que existe más de una decena de giros a Tejeira, algunos por montos pequeños como $ 2.000 y otros por montos elevados como $ 150.000. Incluso el fiscal y el juez están detrás de la pista de un cheque que no llegó a cobrarse por unos $ 300.000, dijeron los informantes.
El Directorio de ASSE aprobó el inicio de sumarios a Silva y Tejeira.
