Algunas fuentes consultadas coincidieron en observar que con la medida de “suspender las actuaciones”, el gobierno argentino “termina dando la razón” al tribunal, que concluyó que las demoras en la concreción de obras fueron responsabilidad de la delegación argentina.
Obstrucciones.
“Intereses”, “mentiras”, obstrucciones, beneficiados y actitudes “engañosas” forman parte del relato que hicieron algunos de los involucrados en la negociación cuando fueron entrevistados por los auditores del TCR: el presidente de la delegación uruguaya, Francisco Bustillo, el vicecanciller Roberto Conde, el embajador itinerante Julio Baraibar y el miembro de la delegación en representación del Partido Colorado, Luis Anastasía.
El TCR, un organismo autónomo, independiente e integrado por miembros de todos los partidos políticos, fue designado por el canciller Luis Almagro para aportar transparencia al trabajo de la delegación uruguaya, luego de que varios medios de prensa publicaran la existencia de eventuales “irregularidades” y de un “intento de soborno” en el ámbito de la negociación.
De las actas del TCR en las que se detallan las entrevistas y a las que accedió Búsqueda, se desprende que existe en la Cancillería uruguaya una idea de que en Argentina “confluyen dos intereses” para retrasar el avance en las obras del canal: “el de la Secretaría de Vías Navegables y el interés particular de la Cancillería argentina de que Uruguay no avanzara en el dragado del Canal Martín García”, según relató Bustillo a los auditores.
Durante su entrevista, el jefe de Gabinete fue consultado por las actas de las sesiones de la CARP, aprobadas por Uruguay pero no así por Argentina (lo que impide que se publiquen). También por sus sospechas de una posible relación entre las dilaciones de la delegación argentina y un posible escenario que favoreció a Riovía cuando en los últimos meses de 2011 y primeros de 2012 se llegó a renegociar una prórroga con la empresa:
—Explique la metodología utilizada desde su ingreso a la CARP hasta el presente para asentar las actas de cada plenario y de quién es la responsabilidad de su confección y posterior aprobación.
—Cuando llegué la presidencia de la CARP le correspondía a Uruguay. Al tercer plenario, pido el acta anterior y me di cuenta que era un extracto. Pedí que se grabaran y desgrabaran fielmente todos los plenarios. La delegación argentina se opuso y a partir de allí no aprobó más las actas. Por ejemplo, había una cuenta bancaria que desconocíamos y observamos que los procedimientos financieros eran bastante desprolijos. Intentamos que se hiciera una auditoría respecto a la gestión administrativa y financiera, pero la delegación argentina se opuso.
—En su opinión, ¿cuáles pueden ser las razones que impiden aún hoy a la delegación argentina suscribir las actas pendientes de aprobación?
—Porque demuestra las inconsistencias en las posiciones asumidas por Argentina (...).
—Exprese si determinadas actitudes o hechos percibidos directamente por usted durante el período de negociación con la concesionaria, pudieron denotar la sospecha de un manejo irregular, parcial o subjetivo tendiente a favorecer la prórroga del vínculo con la empresa concesionaria que venía actuando.
—Sí, absolutamente tengo el convencimiento de que ello fue así. No tengo pruebas salvo las actas. No ha habido divorcio entre los delegados uruguayos y nuestra Cancillería y de todo fue informado el Ministerio.
—¿Cómo influyeron en cada delegación las instrucciones —o su falta— de las respectivas cancillerías al momento de acordar la última prórroga con la empresa Riovía SA?
—Argentina no quería concurso de precios. Querían ir directamente a la licitación. Desde que llegó el delegado (Hernán) Orduna (actual presidente de la delegación argentina), todo lo que pasó antes de su ingreso no existe. Ha procurado limpiar la actuación de la delegación argentina. Incluso se sugirió que se modificara parte de las actas donde Argentina se oponía al concurso de precios. (...) Son solo ejemplos anecdóticos de la relación entre ambas delegaciones.
“Incesantes esfuerzos”.
Además de entrevistar a los protagonistas, el TCR accedió a las actas de todas las sesiones de la CARP y, además, a los informes reservados que la delegación elevó a Almagro sobre la negociación, y que fueron calificados como “confidenciales” debido a su “sensibilidad”. Con todos esos elementos, el organismo concluyó que la cuestionada prórroga para el mantenimiento del canal que se le otorgó el 7 de febrero de 2012 a Riovía (mientras se seguía postergando la firma del pliego de licitación para la profundización del Martín García) fue “facilitada” por la “posición de la delegación argentina, que dilató la discusión de temas importantes a los intereses del país, alegando la mayoría de las veces falta de instrucciones de distintas oficinas gubernamentales argentinas como respuesta a sus planteos”.
En ese momento se estableció una prórroga por 90 días y se renegoció el precio —que se incrementó en 27% hasta llegar a U$S1.262.500 mensuales.
Según concluyó el tribunal, pese a que la delegación uruguaya advirtió con tiempo la necesidad de negociar, la “actitud dilatoria (argentina) influyó en que no existiesen las mejores condiciones para una negociación con la actual concesionaria”. Al mismo tiempo, “impidió la posibilidad de ir a un concurso de precios, procedimiento que hubiese permitido obtener ofertas comparativas frente a lo que finalmente resultó la única opción: la prórroga con Riovía”, agregaron los miembros del tribunal. Sin perjuicio de ello, el TCR concluye que hubo “razonabilidad” en el monto alcanzado en esa negociación.
Según el Tribunal, hubo “incesantes esfuerzos de la delegación uruguaya para agilizar (a lo largo de la negociación) la tramitación de la nueva licitación internacional para profundizar el canal, y por otro lado, lograr promover un concurso de precios que permitiera obtener ofertas más competitivas”.
“En definitiva —continuó— no se aprecian responsabilidades de los miembros de la delegación uruguaya en cuanto a fomentar este escenario adverso a los intereses de la CARP”.
El vicecanciller Roberto Conde también fue consultado por su participación en la negociación, en una entrevista realizada el 3 de julio.
—¿Participó usted, junto al embajador argentino en nuestro país y al secretario de Vías Navegables argentino, de un acuerdo que terminó por definir el precio final acordado con la concesionaria para extender el contrato hasta el 19 de julio próximo?
—No fue un acuerdo sino un encuentro. Fue aquí en Montevideo y en mi oficina del Ministerio y se habló sobre los criterios a aplicar. Estuvieron el director Luján, el embajador Dovena y yo. La reunión fue a mediados de enero y estimábamos que venciendo el plazo el 20 de enero, creíamos que el acuerdo debía lograrse inmediatamente. Intercambiamos criterios. El factor tiempo era crítico: debíamos mantener la empresa concesionaria dragando e incluso Argentina se ofreció para dragar y ello era inaceptable, porque implica pérdida de derechos. El factor tiempo influye además en el incremento de otros costos. Por tanto había que mantener el canal, seguir administrándolo y evitar mayores costos; Argentina era la que estaba en mejores condiciones incluso para encarar por sí misma el mantenimiento. Este tema podía trabar además las negociaciones por la licitación de las obras nuevas, las cuales continúan, lo que es un objetivo importante para Uruguay.
“Actitudes engañosas”.
Otro de los capítulos analizados por el TCR giró en torno a las “denuncias aparecidas en la prensa” sobre un eventual “intento de soborno” que el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán presuntamente insinuó a Bustillo, además de otros “motivos de preocupación”.
Uno de los involucrados fue Baraibar, quien negó haber sido informado de una “propuesta deshonesta”, y calificó de una “confusión” una entrevista con Radio Uruguay en la que efectivamente habló de un “intento de soborno”.
“El embajador Bustillo me comentó de hechos que venían molestando bastante a la delegación uruguaya en la CARP, entre los que mencionó que, para él, los argentinos negociaban directamente con la empresa Riovía. Él estaba molesto y también a mí me pareció un tema serio. Hablé con Radio Uruguay. (...) Allí dije lo que había sentido del embajador Bustillo y de ello se creó todo el revuelo”, expresó:
—Tal como interpretó usted la versión del embajador Bustillo, ¿no consideró que dada la gravedad del tema y en su calidad de funcionario público, debía haber puesto los antecedentes en conocimiento de la justicia competente?
—Pienso que si bien se trataba de una actitud agresiva de la delegación argentina, una actitud engañosa con su par uruguaya, no era una cuestión posible de ser llevada a la Justicia. Y aunque lo fuera, debía hacerse la denuncia ante la Justicia argentina por ser justamente la sede de la CARP en la ciudad de Buenos Aires.
Durante su entrevista, Bustillo también relató los hechos que lo “preocuparon”. Aseguró que hubo un encuentro en 2010 con García Moritán en el Jockey Club en Buenos Aires y al que había sido invitado el representante de la empresa Sergio Cetera (algo que ya había informado al Senado). “La conversación tomó un giro que no me gustó”, relató.
El otro episodio sucedió en junio de 2011, cuando el secretario técnico de la comisión le informó que Cetera le preguntó cuál sería la posición uruguaya en caso de que Argentina “dejara la licitación de lado y fuera a la negociación directa con Riovía, ya que Cetera venía negociando al más alto nivel”.
En una tercera oportunidad, Anastasía le envió “una grabación de un diálogo que aparentemente había mantenido Cetera con un periodista (con el que tenía relación), (...) en el que dice que nadie se opone a profundizar el canal a 34 pies con la empresa actualmente concesionaria (menciona autoridades argentinas de la Secretaría de Vías Navegables)”, expresó Bustillo.
Derivaciones penales.
Tras explicar que los auditores de la CARP accedieron a los informes internos y confidenciales de la Cancillería sobre la negociación, los miembros del TCR concluyeron que “el tenor de las manifestaciones contenidas en los informes tenidos en vista, ameritan que la Cancillería uruguaya evalúe la pertinencia de adoptar las medidas que estime oportunas, para lo cual deberá tener en cuenta el principio de territorialidad del derecho penal y las previsiones del Acuerdo Sede” de la CARP, que lleva a pensar que la denuncia debería radicarse en Buenos Aires.
Más allá de ello el informe concluye que “el cúmulo de indicios que apareja la consideración de estos hechos no permite sacar conclusiones firmes y por tanto enervan la formulación de una eventual denuncia penal”.
“Todos los episodios afectaron la transparencia en la negociación de la última prórroga con Riovía. Se sabía entonces y se sabe ahora que esa prórroga cuyo plazo expira el 20/07/2012, no será la última, en razón que el concurso de precios no estaría listo ni mucho menos la licitación para las obras de profundización del canal. De allí la trascendencia que la ‘última’ prórroga del 7 de febrero pasado tenía para la empresa”, concluyeron los auditores del TCR.
