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En los últimos meses la reforma del proceso penal acaparó los titulares de la prensa. El paso de un viejo sistema inquisitivo a uno acusatorio, oral y público significó un cambio profundo al modelo de Justicia penal de Uruguay y sus eventuales ventajas y defectos han sido desmenuzados por analistas y periodistas.
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Sin embargo, casi en paralelo y en silencio ocurrió otro cambio en la Justicia criminal que sus impulsores consideran “revolucionario”. El 1º de noviembre, día que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), también empezó a funcionar un renovado modelo de gestión de los juzgados. Aunque la reforma administrativa tuvo menos marketing, el impacto en la eficiencia de los juzgados, en los tiempos de los juicios y en la profesionalización de la Justicia es “histórico”, según el subdirector de la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial y responsable del área de Tecnología que desarrolló el proyecto, Marcelo Pesce.
En el modelo tradicional, cada juzgado cuenta con un equipo de funcionarios destinados específicamente a esa sede. Aunque el juez no es el jerarca administrativo, en los hechos es la persona de mayor jerarquía, con lo cual ejerce autoridad sobre el resto de los funcionarios e impone su impronta de trabajo. El juez puede decidir, por ejemplo, qué día y en qué horarios fijar las audiencias de un caso, y acomodar la agenda y las cargas de trabajo según su conveniencia. “Los viernes no se fijan audiencias”, bromean algunos funcionarios sobre el hábito de algunos magistrados de no cargar la agenda sobre el final de la semana.
“Hoy el juez tiene injerencia administrativa, y el problema que trae aparejado es que pueda pautar los ritmos de la oficina”, explicó Pesce. “Si quiero hacer que los procesos sean más rápidos, y quiero presionar la forma de trabajar del juez, no tengo forma de hacerlo”.
Con la flamante Oficina Penal Centralizada (OPEC), eso ya es cosa del pasado. Desde noviembre, los funcionarios ya no trabajan para los juzgados sino para la oficina central, que se instaló en la planta baja del edificio ubicado en la calle Juan Carlos Gómez. Y es esa oficina la que se encarga de administrar las sedes, de distribuir los casos, de fijar las audiencias y los horarios. Sin injerencia de los jueces.
“Ya no hay funcionarios ‘del juez’; hay funcionarios de la OPEC, que brinda servicios a los 16 jueces penales. Nosotros ponemos las reglas de cómo funciona la oficina, mientras los jueces se reservan a lo que sucede en la audiencia, a su función jurisdiccional”, explicó Pesce. “Es parte de que los jueces no se adueñen de los funcionarios, porque si lo hacen, se adueñan del proceso, ponen ellos las fechas y no podemos controlar los plazos”, agregó.
El nuevo modelo de gestión se implementó, por ahora, en el área penal, aprovechando el terremoto de cambios que implicó el CPP. Pero el Poder Judicial aspira a trasladarlo a las demás materias —Civil, Familia, Laboral. El equipo ya está trabajando en el diseño de un plan piloto para los juzgados civiles, que se pondrá en marcha en 2018. Además, a fines de octubre, la Suprema Corte de Justicia dispuso que se comience a diseñar un modelo similar para el área de violencia doméstica. “Va a ser el futuro del Poder Judicial”, aseguró Pesce.
La emergencia de un hospital.
Con el nuevo proceso penal, son los fiscales, y no los jueces, los que reciben las denuncias de la Policía y resuelven si investigar o desechar un asunto. Si creen que hay mérito para iniciar una causa penal contra un sospechoso, deben solicitar al juez la “formalización” del caso. A través de un programa informático, la OPEC recibe el pedido de la Fiscalía y asigna qué juez se ocupará de la audiencia de formalización.
Pesce usa como analogía la emergencia de un hospital: los jueces son como los médicos que están esperando que lleguen los pacientes. Y la OPEC, con un sistema informático, distribuye los casos entre los magistrados de forma aleatoria, teniendo en cuenta las cargas de trabajo de cada uno. Cuando hay detenidos —la Justicia tiene un plazo de 48 horas para resolver si inicia un juicio— la oficina fija automáticamente el día, la hora y la sala donde se realizará la audiencia. Los jueces ya no tienen sus propias salas, y deben rotar entre las 12 disponibles.
“Con la OPEC se hizo algo histórico: separamos la función jurisdiccional de la función administrativa”, afirmó Pesce.
La nueva gestión permite a su vez un mejor aprovechamiento de los funcionarios, aseguró el ingeniero. “Usamos en el entorno del 55% del personal que requiere el modelo de oficina viejo”, afirmó. “Y le damos mejor servicio”.
“Si este modelo funciona, y logramos ese ahorro, es fantástico, porque podemos destinar funcionarios para otras materias, como Familia y Violencia Doméstica, que hoy tienen un déficit”, añadió.
Otra de las innovaciones es el abandono paulatino del papel. Si bien se sigue formando una pieza “física” del expediente, la OPEC digitaliza todos los escritos o documentos que recibe. “El papel llega a la baranda y lo primera que se hace es digitalizarlo. Se escanea y automáticamente se guarda en el sistema”, explicó Pesce.
Luego de la instancia de formalización se realizan las audiencias del juicio, que también son agendadas por la OPEC. “Este es un proceso por audiencia, entonces no puede haber dilatorias. Ahora el sistema le va a ofrecer al juez un par de opciones dentro de la agenda electrónica, y no puede fijarla cuando quiere. Así nos vamos asegurando de darle continuidad a este proceso”, sostuvo el ingeniero.
Aunque en el área penal los tiempos de los procesos son más apremiantes, en particular por los plazos que fija el nuevo código, en otras materias las causas pueden dilatarse más, por lo que Pesce considera que el impacto del sistema de gestión centralizada será “aún más notorio”.
En el área civil, por ejemplo, la duración de los procesos varía mucho según el juzgado. Según un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas divulgado a mediados de año, mientras algunos juzgados demoran una mediana de 8,8 meses para resolver un caso, otros tardan 27,7 meses (Búsqueda Nº 1.922).
Ese tipo de disparidades “deberían emparejarse” con una administración centralizada, señaló Pesce. “No puede pasar que tengas juzgados dónde la duración promedio es X, y otro tiene X por 40. No es que justo liga todos los casos más difíciles. Es un tema de cómo maneja su agenda”, explicó.
Pesce no duda de que los cambios pueden generar “resistencias” entre los magistrados, pero aseguró que la Corte “está comprometida” con impulsar este tipo de reformas: “Si esto funciona bien, va a ser el modelo que va a seguir”.
