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    Una práctica extendida

    A fines de 2016 un laboratorio que opera en Uruguay realizó una consulta a la DGI que dejó al Ministerio de Salud Pública (MSP) asombrado. Pese a la fecha de realizada, las autoridades del MSP supieron de la pregunta hace solo unas semanas. El laboratorio (por un tema de confidencialidad la DGI no informa de qué sociedad anónima se trata) inquirió por la exoneración de impuestos de ciertas actividades que realiza.

    El laboratorio esgrime que los médicos son uno de los principales “canales de distribución de los laboratorios” y por eso los gastos asociados a la participación de médicos en congresos médicos organizados en Uruguay, gastos en contratación de empresas organizadoras de eventos que incluyen catering, alquiler de salón y servicios audiovisuales, gastos por contratación de médicos residentes en Uruguay para dictar conferencias o cursos de capacitación, gastos para contratar a médicos no residentes para esos mismos fines, gastos asociados a la inscripción a cursos de médicos en el exterior, pago de pasajes, hotel y estadía, entre otros en los que incurre el laboratorio, son necesarios para el desarrollo del negocio. Debido a eso consultó por la exoneración de los impuestos asociados a esas actividades.

    A través de esos gastos se logra “la fidelización del profesional médico para que actúe como canal de distribución de los productos del laboratorio”, esgrime la empresa y aclara que estos son una práctica habitual y extendida en la industria farmacéutica y por lo tanto, su necesidad está también dada por razón de competencia, según el documento al que accedió Búsqueda.  

    “Hace explícita” una práctica extendida en el medio y obliga a responder “a la defensiva tratando de explicar algo como si fuera para retacear el financiamiento por parte del Estado”, dijo el ministro de Salud, Jorge Basso. “Con la consulta queda claro que todo esto está incluido en los costos” del producto y se suma al precio que la persona paga cuando va a adquirir el fármaco, indicó.