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En un complejo escenario de puja electoral, a pocos meses de las elecciones, en mi condición de especialista en estos temas y a título estrictamente personal, h captado poderosamente mi atención el llamado a licitación para la construcción, mantenimiento y explotación de una terminal especializada en la operativa de graneles líquidos en el puerto de Montevideo, que implica una concesión por un lapso de 30 años.
Y me ha llamado la atención no por el objeto de este proceso licitatorio porque entiendo que, un emprendimiento de esta naturaleza, puede ser beneficioso para nuestra principal terminal portuaria, como lo es el que Corporación Navíos va a inaugurar en el puerto de Nueva Palmira en el mes de abril próximo con la presencia del presidente de la República, me ha llamado la atención por la oportunidad en que el mismo se está llevando a cabo y porque ha contado con el voto del vicepresidente del Directorio de la ANP, Capitán de Navío Daniel Loureiro que representa, ante esa Institución, a Cabildo Abierto.
En cuanto a la oportunidad, no nos parece que el clima electoral sea propicio para el análisis de un emprendimiento de esta naturaleza y en cuanto al voto del vicepresidente de la ANP, el mismo podría implicar un cambio de criterio significativo en la política que su partido ha preconizado hasta la fecha.
En efecto, el 24 de noviembre de 2022, el senador Manini Ríos, sostuvo que “es bueno” para el sistema político que se avance en ese tipo de concesiones acuerdos o convenios, que van a comprometer al Estado, que trasciendan los gobiernos, sean analizados por el Senado y a esos efectos iba a presentar un proyecto de ley. Incluso el 8 de marzo de 2023, representantes del Partido Nacional informaron que estaban analizado esta iniciativa. El proyecto aún sigue a estudio en la Cámara alta.
Esta licitación no ha pasado por el Senado, por lo que sería bueno conocer las razones de la oportunidad en que se está realizando y si el apoyo dado por el vicepresidente del Directorio de la ANP a este proceso licitatorio que se extenderá hasta el año 2054, renovable por otros 30 años, implica un cambio de criterio del partido político al que representa.
