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    Unidades especializadas en género en el Estado tienen realidades “muy heterogéneas”; varias carecen de capacitación y presupuesto

    Redactora de Galería

    Hace poco más de un año la Ley de Presupuesto creó 12 nuevas unidades especializadas en género en distintos organismos públicos, desde el Ministerio de Economía al Tribunal de Cuentas (TCR) o el Instituto Uruguayo de Meteorología. La norma avanzó así en un camino que ya habían comenzado a recorrer los gobiernos anteriores del Frente Amplio, con la creación del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) en 2005 y el Consejo Nacional de Género en 2007, la aprobación de normas para incorporar la mirada de género en el Estado o la instalación de oficinas especializadas en el Ministerio del Interior y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), entre otras medidas.

    Las nuevas unidades implicaron para algunos organismos el desafío de ponerse a trabajar desde cero en el área de género, mientras otros aggiornaron experiencias previas para ajustarlas al nuevo marco legal. De acuerdo a un relevamiento realizado por Búsqueda con jerarcas o responsables de las distintas oficinas, y a entrevistas con autoridades de Inmujeres, la realidad de las unidades, a un año de su puesta en marcha, es muy diversa. Algunas todavía no empezaron a trabajar, carecen de presupuesto o de funcionarios especializados, mientras otras capacitaron personal y lograron algunos avances concretos. En general las unidades no cuentan con funcionarios destinados específicamente a la tarea, sino que se comparten con otras dependencias, y los recursos son austeros.

    Desde Inmujeres —organismo rector de las políticas de género que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social— explicaron a Búsqueda que la realidad de las unidades especializadas en cuanto a presupuesto, funcionarios e impacto es hoy “muy heterogénea”. Por un lado, existe una brecha significativa entre las unidades con años de trabajo y las que fueron creadas más recientemente.

    Diez organismos ya contaban con comisiones o mecanismos de género previo a la aprobación de la Ley Nº 19.846, de diciembre de 2019, que de acuerdo a la directora de Planificación y Gestión Pública de Inmujeres, Carla Sacchi, fue un “hito” en la consolidación de la institucionalidad de género en el Estado, ya que estableció que los organismos públicos debían contar con un área especializada en la materia. Bajo ese marco fue que el último Presupuesto avanzó en la instalación de nuevas unidades.

    Las más antiguas ajustaron su estructura y funciones “a la luz del nuevo marco legal”, pero en general tenían ya un “sólido funcionamiento” y personal “muy formado”, informó Inmujeres en un informe que elaboró como respuesta a las consultas realizadas por Búsqueda.

    Mientras, las más noveles están todavía definiendo sus funciones y tienen funcionarios que “recién se están acercando a trabajar en políticas de igualdad de género”, explicó Sacchi.

    El Ministerio del Interior y la ANEP, por ejemplo, cuentan con espacios de larga data dedicados al abordaje del género y por eso no estuvieron incluidos en la última Ley de Presupuesto. En el organismo educativo existe una Red de Género y en el organismo responsable de la seguridad existe la Dirección Nacional de Políticas de Género.

    Sin embargo, desde ANEP entienden que la red no tiene el mismo cometido que la ley asignó a las unidades. Por eso, el objetivo es cumplir con el mandato legal este año y conformar la unidad, que, sin eliminar las funciones de la red, va a encargarse de su coordinación con el resto de las áreas del organismo, informó a Búsqueda Gloria Canclini, directora de Derechos Humanos de ANEP.

    El Ministerio de Industria (MIEM) ya contaba con un área dedicada al género, y su trabajo fue destacado por Inmujeres. La unidad cuenta con un espacio físico, tiene funcionarios especializados con posgrados en género y convenios con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para realizar capacitaciones a sus funcionarios, además de una comisión de técnicos que trabaja las políticas de género en todas las áreas del organismo. La convocatoria a mujeres empresarias 8M del MIEM, donde mujeres presentan proyectos que promueven la innovación o competitividad de sus empresas para acceder a un fondo de hasta $ 350.000, la maneja directamente la unidad. El llamado contaba con un presupuesto de alrededor de $ 2 millones y el año pasado se incrementó en $ 400.000.

    Inmujeres también destacó el desempeño del Ministerio de Ganadería (MGAP), uno de los que incorporó la unidad un año atrás, y que desarrolló un plan de género en políticas agropecuarias.

    No todas las unidades especializadas cuentan con funcionarios capacitados en el área o con fondos específicos. En el Ministerio de Educación (MEC), por ejemplo, la nueva unidad cuenta con un presupuesto de unos $ 200.000 al año y todos sus funcionarios —cinco titulares y cinco suplentes— tienen alguna especialización en la materia. En el INAU, la unidad creada en la Ley de Presupuesto se formó con una “buena base” de trabajo previo, aseguró María Plat, asesora de la presidencia del organismo. Sin embargo, todavía están trabajando en el reglamento de la unidad y aún no está definido qué presupuesto se le va a destinar: esperan “volcar lo más que se pueda”. Uno de los desafíos que subrayó la asesora es la formación de “personal idóneo” para trabajar en ella, y para eso proyectan hacer capacitaciones en el Centro de Formación y Estudios del INAU.

    La unidad del TCR todavía no está en actividad —aunque sí prevista en el presupuesto del organismo—. La ministra Diana Beatriz Marcos dijo a Búsqueda que aún no tienen definido quiénes serán las personas que se ocupen de la unidad, si bien por el momento la responsable del tema es ella, junto con la presidenta Susana Pintos y dos funcionarias con experiencia en el área. También dijo que no está “claro” en qué nivel de jerarquía se creará la unidad, aunque añadió que la meta es que comience a trabajar en marzo.

    En el caso del Ministerio de Trabajo, la responsable y única funcionaria de la unidad de género, Laura Triaca, contó que cuentan con un presupuesto anual “bastante escueto” de $ 100.000. No obstante, destacó que con ese dinero lograron realizar acciones a favor de la situación familiar de los trabajadores, junto con el Departamento de Gestión Humana y el sindicato. Por ejemplo, que los funcionarios con menores de 12 años a cargo pudieran asistir al trabajo solo dos veces por semana y que se les obsequiara una canasta a quienes fueron padres o madres recientemente. También consiguieron convenios con guarderías y colegios y actualmente trabajan con el sindicato para conseguir 10 días de licencia a las mujeres que denuncien situaciones de abuso. Triaca señaló que la unidad no cuenta con el respaldo de todos los directores de área y que todavía “falta sensibilización” al respecto. Sin embargo, dijo que desde la unidad destacan el rol de Pablo Mieres, que a su juicio es “el primer ministro de Trabajo preocupado por el tema”.

    Para “nivelar” la capacitación de los funcionarios y fortalecer el trabajo que realizan, Inmujeres ofreció un curso virtual básico sobre género y políticas públicas a través de un convenio con la Escuela Nacional de Administración Pública, tanto al personal de los organismos que ya contaban con estas áreas especializadas como al de las más recientes. El curso se hizo en tres ediciones y certificó a 63 personas en total, de las que solo 12 fueron hombres, pero no fue un requisito para formar parte de ninguna unidad.

    Uno de los problemas que detectan desde Inmujeres es que en la mayoría de las unidades especializadas los recursos humanos son compartidos con otras unidades ejecutoras y no hay una persona con “dedicación total” a la tarea, que es “muy intensa”, dijo Sacchi.

    Tanto desde Inmujeres como desde las unidades de género coincidieron en que el cambio de gobierno no interrumpió la continuidad de las tareas ni implicó un cambio de enfoque. La responsable de la unidad especializada del MEC, Flavia Fernández, valoró que la propia creación de las unidades implica un cambio de enfoque positivo en la medida en que alimenta las expectativas de que sucedan “cambios reales”.

    Información Nacional
    2022-02-02T19:27:00