En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) manifestó su “gran preocupación ante semejantes procesamientos con prisión” de las madres de menores infractores ocurridos en los últimos meses, “tanto en lo que se refiere a la fundamentación de tales decisiones como a sus consecuencias”.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
“Con la mayor ingenuidad, me pareció una barbaridad”, había afirmado el rector Rodrigo Arocena sobre esas decisiones judiciales durante la sesión del Consejo Directivo Central (CDC) el martes 3. “Un pronunciamiento de la Universidad es lo que corresponde”, agregó luego.
El pronunciamiento, en el que se aclara que a la Universidad le “incumbe contribuir” al estudio de los problemas de interés general respetando las competencias constitucionales de cada poder del Estado, se dio el martes 17 en la siguiente reunión del CDC, luego de que el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho presentara un informe para reflexionar sobre los casos en cuestión.
El informe realiza primero un abordaje jurídico del tema y luego señala que la atribución de la responsabilidad a las madres “proviene, sin duda, de una concepción de las relaciones de género en que las mujeres aparecen como las encargadas principales (o únicas) de todas las obligaciones familiares, lo cual no hace sino demostrar la persistencia de una cultura discriminatoria y patriarcal”.
Mercedes Pérez, decana de la Facultad de Enfermería, respaldó esa línea argumental sobre inequidad de género y sostuvo que los procesamientos son “una especie de caza de brujas que no pareciera adecuado”.
“Asombroso”.
En abril un juez de Maldonado procesó con prisión a la madre de un adolescente de 17 años por delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, luego de que su hijo participara de un hurto con rapiña y copamiento. A principios de agosto, en un caso mucho más mediático y que generó un fuerte debate en la sociedad, el juez Homero Da Costa procesó con prisión y por el mismo delito a las madres de dos niños de 11 y 13 años que participaron en una rapiña en el Cerro Norte en la cual fue asesinado un repartidor de gas.
En los últimos tres años hubo siete casos de procesamiento por el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y en varias ocasiones no se debió a que los hijos hubiesen cometido un crimen sino a que no les dieron la asistencia debida o los mantenían en situación de calle (Búsqueda Nº 1.725).
El martes 3 Arocena admitió que desde hace muchos años le preocupa crecientemente y le parece “realmente asombroso desde la ignorancia jurídica”, la frecuencia con la que se procesa con prisión en el Uruguay. Aseguró que considera “algo dañino” el procesamiento cuando no hay riesgo de seguridad, porque entre otras cosas afecta los derechos humanos e imposibilita que la persona continúe trabajando para mantener a su familia.
El rector señaló que su pensamiento se agudizó cuando tuvo conocimiento de los procesamientos con prisión de las madres de menores infractores. “Madres que tienen a su cargo varios otros hijos que han quedado desprotegidos, madres cuya responsabilidad en los hechos es al menos discutible, madres que por supuesto no son un riesgo para la seguridad de nadie”, enfatizó. “Y por si eso fuera poco han sido procesadas las madres por no cumplir con la patria potestad. Los padres ni siquiera se averigua dónde están”, cuestionó.
Durante la misma sesión Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, afirmó que los casos obligan a discutir el hecho de que el sistema jurídico “se orienta en la aplicación de la ley por un principio de legalidad y no de justicia”, lo que pone en discusión la tendencia punitiva del sistema. “Muchos de estos principios de orientación de conductas se han trasladado a formas de justicia cada vez más punitivas por el lado de quienes deben administrar la ley”, señaló, a la vez que reclamó por una actualización del sistema judicial, ya que el derecho penal “no está en coincidencia con los cambios de la realidad social, las transformaciones que han acontecido”.
Varios de los argumentos esgrimidos por los integrantes del CDC responsabilizaron a los medios de comunicación por la influencia que generan en la opinión pública las coberturas que realizan de los hechos violentos. “Insisten tanto que a veces nos van a decir el color de la camisa que tiene el muerto. Esas cosas están induciendo a todos los uruguayos a pensar que es un país inseguro”, aseveró Óscar Chavarría, consejero por el Orden de Egresados, asegurando que en Uruguay fallecen más personas en accidentes de tráfico que por muertes violentas a cargo de menores. “¿Alguien se ocupa de eso? Tendríamos que tirar todos los autos al mar”, concluyó.
