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Durante décadas, la Universidad estuvo divorciada de la empresa y la empresa de la Universidad. En parte por esa postura anticapitalista del cogobierno monopólico universitario y en parte por el perfil de nuestro empresariado, que ha priorizado la experiencia práctica sobre el profesionalismo.
En Estados Unidos la situación ha sido muy otra. Las universidades públicas y privadas han tenido un estrecho vínculo con la actividad empresarial desde siempre. Entendieron desde su propia génesis que uno no puede vivir sin el otro y que ambos —trabajando en forma sinérgica— pueden lograr mucho más que estando divorciados. Y, más vale tarde que nunca, esto está sucediendo en Uruguay.
El Estado americano también entendió el potencial de esta comunión y decidió estimular las inversiones que las empresas hicieran en conjunto con las universidades, a través del sistema de fundraising, que permite a las universidades captar fondos para sus proyectos con “donaciones especiales” que realizan empresas y particulares, los cuales reciben importantes beneficios fiscales.
Los resultados están a la vista. Silicon Valley surgió como un proyecto de la Universidad de Stanford que procuraba vincular a la “intelligentzia” universitaria con empresas e inversores, para fomentar el emprendedurismo, y el gobierno entendió que era mucho mejor renunciar al cobro de algunos impuestos con el fin de favorecer la creatividad, la innovación y la creación de muevas empresas. Bajo este esquema nacieron empresas del porte de MySpace, Google, Yahoo, Facebook y tantas otras. Hoy, si el estado de California fuera un país independiente, sería la sexta economía del mundo.
Como todos sabemos, todo llega al Uruguay, aunque tarde, y el régimen de las donaciones especiales no es la excepción. Fue establecido por la ley Nº 18.083 de enero de 2007 y nuevamente regulado por la ley Nº 18.834, en vigencia desde enero de este año. Nuestro sistema habilita que las empresas puedan destinar hasta el 5% de la renta neta fiscal para realizar proyectos con las universidades. Por ejemplo: una empresa que tuvo una renta de 1:000.000 pagará un IRAE de 250.000 (25%) y puede disponer de hasta 50.000 para donaciones especiales. Al aportar estos 50.000, el Estado le reintegra el 75% (37.500) en certificados de DGI y recupera como gasto a los efectos de IRAE el 25% del saldo (3.175). Por lo tanto, una donación neta real de 9.375 significa ingresos para el proyecto empresa-universidad de 50.000. La empresa recupera el 81,25% de la inversión.
Es un verdadero mecanismo ganar - ganar - ganar. Gana la empresa, gana la investigación universitaria y gana la comunidad. Las empresas ven mejorada su imagen corporativa al asociarse con proyectos de su interés particular, pueden vincular estos proyectos con sus políticas de responsabilidad social empresarial, acercarse a la comunidad universitaria con su red de networking global, además de involucrar a sus funcionarios a trabajar en proyectos desafiantes y detectar estudiantes avanzados que puedan ser incorporados a la empresa, o que los nutran con nuevas ideas.
Durante los años en que ha estado en vigencia este sistema, empresas como Banco Santander, Ferrere Abogados, Frigorífico Tacuarembó, Schandy, BBVA, Zonamérica, Roemmers, Montevideo Shopping, Macció y Cía. y tantas otras, han utilizado este mecanismo con éxito, demostrando haber comprendido muy bien las palabras de Leonardo da Vinci: “Los que se enamoran de la práctica sin la teoría, son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca podrán saber a dónde van”.
Trabajemos, pues, para que este vínculo entre universidad, empresas y estado tenga ahora timón y brújula y para que todos sepan a dónde van.
(*) El autor es abogado, máster en Administración de Empresas, director del Instituto de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad de la Empresa y co-fundador de Iniciador Montevideo, una ONG que promueve el “emprendizaje” (aprender a emprender)
