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Uruguay dejó la presidencia del Mercosur disponible para Venezuela, aunque no hubo un traspaso formal porque esa entrega bilateral no está prevista en las normas del grupo. Pero asumió desde el principio que los venezolanos eran los únicos que tenían derecho a ella, y por lo tanto que cualquier otra solución era posible solo si era aceptada por los venezolanos. Según varios respetados expertos nacionales en el tema (de distintas inclinaciones partidarias), de acuerdo a las reglas y a las circunstancias del grupo en 2016 esa era la única solución legal posible. Para el gobierno uruguayo, entonces, esto era lo justo; brindaba certeza y fuerza moral a la visión uruguaya.
Esas certezas y fuerza moral llevaron a que el gobierno se ofendiera cuando el canciller José Serra y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso vinieron a convencer a los uruguayos de que esa no era la salida apropiada, y según Nin Novoa quisieron comprar la posición uruguaya con otras ofertas: un regateo práctico que ignoraba la única solución aceptable y justa. Los socios “se saltean lo jurídico”, y “quieren eludir, erosionar, hacer bullying a la presidencia de Venezuela” (Búsqueda en su edición anterior, que aporta una amplia cobertura). Esa reacción cayó muy mal en Brasil, que protestó y obtuvo una disculpa uruguaya. Argentina terminó de alinearse con Brasil y Paraguay, y el Mercosur quedó dividido tres a dos, con Uruguay como único respaldo de Venezuela. El tono de la división, especialmente con Brasil, fue acre. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Nosotros somos principistas y los otros tres no los son? Para responder esto hay dos antecedentes cruciales.
En 2012 la legislatura paraguaya hizo un juicio político a su presidente Fernando Lugo, y lo destituyó. El proceso siguió metódicamente lo establecido por la ley, aunque puede argumentarse que la atención a su espíritu fue opinable. Pero fue un juicio político, ante políticos, no ante un tribunal de Justicia. Argentina, Brasil y Uruguay sostuvieron (tal vez con distintos grados de convicción) que esto era un golpe de Estado, suspendieron a Paraguay, e inmediatamente incorporaron a Venezuela como miembro pleno del Mercosur, puesto que la legislatura paraguaya era la única que se oponía.
Cuatro años después, en 2016, la legislatura brasileña está haciendo un juicio político a su presidenta Dilma Rousseff, que probablemente terminará dentro de una semana. La mayoría de los observadores, dentro y fuera de Brasil, espera la destitución de la presidenta. Desde el punto de vista formal el juicio fue muy similar al paraguayo: ambos son políticamente equivalentes. Solo hay dos alternativas: o ambos son golpes de Estado, o ninguno lo es.
Pero solo la presidenta ha sostenido firmemente que es un golpe de Estado. No lo ven así los gobiernos fundadores del Mercosur ni la mayoría de los observadores internos o externos. Por lo tanto, si el juicio termina con la destitución de Rousseff las imágenes regionales de los dos casos son estrictamente inconsistentes: hubo un golpe en Paraguay en 2012, pero política normal (aunque agitada) en Brasil en 2016. Si Rousseff es destituida y los cofundadores del Mercosur no ven un golpe de Estado, entonces la suspensión de Paraguay del Mercosur y la incorporación de Venezuela estuvieron mal, porque no había habido golpe de Estado.
Esto significa que si se concreta la destitución de Rousseff “las circunstancias del Mercosur” en 2016 tienen un problema de fondo insoluble: Venezuela no debería estar allí. La corrección jurídica de corto plazo de la posición uruguaya, entonces, no justifica su “certeza y fuerza moral”. La cosa es más complicada. La forma de esa complicación es transparentemente político-ideológica. Las demás izquierdas mercosurianas (el kirchnerismo argentino, el PT brasileño y nuestro FA) acordaron la suspensión de Paraguay porque para ellas había habido un golpe de Estado contra su par, el izquierdista Lugo. Pero ahora en Argentina y Brasil ya no gobiernan las izquierdas, y para estos nuevos gobiernos Rousseff no ha sido víctima de un golpe. La izquierda uruguaya en el gobierno no tenía una manera clara de enfrentar la situación, y se refugió en la solución legal a corto plazo, sin prestar atención a las inconsistencias de la situación existente.
¿Nosotros somos principistas y los otros tres no los son? Vistas las cosas desde esta perspectiva, solo hay formas diferentes de reaccionar ante una contradicción insoluble. Venezuela no debería estar, pero está. Cada cual encara el problema por la vía más acorde a sus inclinaciones e intereses. La ofensa uruguaya contra los socios injustos y eventualmente inmorales (especialmente los brasileños) que “se saltean lo jurídico” y “quieren eludir, erosionar, hacer bullying a la presidencia de Venezuela” no se sostiene.
Para los demás fundadores del Mercosur la posición uruguaya es equivocada, y probablemente se molestan por lo que ven como moralina irrelevante, tal vez provinciana. El daño resultante es casi seguramente mayor que el del desacuerdo básico. Este es, ahora, el problema uruguayo.
