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Acercarse con pequeños pasos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se transformó en una suerte de política de Estado para Uruguay: los primeros fueron dados durante los gobiernos del Frente Amplio, algunos empujados por la presión de países avanzados para combatir la evasión tributaria trasnacional y otros con mayor convicción, que ahora están por ganar metros, bajo la administración del presidente Luis Lacalle Pou.
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A mediados de diciembre el Consejo General de la OCDE aprobó la incorporación del país al Comité de Inversiones de esta organización y, tras la comunicación a las autoridades uruguayas, ahora solo restan formalidades documentales para que ello se formalice. Un anuncio oficial al respecto se haría en los próximos días, adelantaron las fuentes de Búsqueda. Así, Uruguay se convertiría en el adherente número 50 de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales.
Como parte del proceso, la OCDE realizó una evaluación —en general satisfactoria— sobre el “clima de negocios” en Uruguay, un segundo análisis relativo al entorno para la inversión que será difundido el próximo viernes 29. Esta nueva revisión documenta el progreso logrado en los últimos años para alinear las políticas de inversión con la estrategia nacional de desarrollo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. También señalará los desafíos pendientes para mejorar el marco para la actividad empresarial. Según la organización, el éxito del país en atraer más y mejores inversiones incrementará la resistencia de su economía y la preparará para acelerar la recuperación después de la crisis por el Covid-19.
De hecho, la inversión extranjera fue un propulsor económico en las primeras décadas de este siglo, en especial a partir de grandes emprendimientos como los de las industrias de pasta de celulosa en Fray Bentos y Conchillas; actualmente, la construcción de la tercera planta por parte de la finlandesa UPM, y otras obras vinculadas, es lo que está dando algo de empuje a una economía que ya venía estancada antes de la pandemia.
Una encuesta entre compañías de origen foráneo hecha a mediados de 2018 por el Instituto Uruguay XXI mostró que la “seguridad jurídica”, la “estabilidad macroeconómica” y los “incentivos fiscales” son los atractivos principales para radicar capitales en el país. Respecto del “clima de negocios”, las visiones están repartidas: 4% se expresó “muy satisfecho” y otro 43% “satisfecho”, mientras que el 24% manifestó disconformidad (19% “insatisfecho” y 5% “muy insatisfecho”); el 29% restante dio una opinión neutra. Los críticos se quejaron sobre todo por los altos costos, ya sea de la mano de obra, la presión impositiva o derivados de la “ineficiencia” del Estado.
El “hábil manejo de la crisis (por el coronavirus) en conjunto con algunas fortalezas institucionales de larga data” permitió mitigar los “costos económicos y sociales”. Al mismo tiempo, le abrieron al gobierno de Lacalle Pou una “ventana de oportunidad para introducir una serie de reformas destinadas a potenciar el crecimiento y el empleo: una mejora significativa del marco de política fiscal; la modernización del régimen de metas de inflación; y la promoción de la competitividad y la inversión privada, aumentando la eficiencia de las empresas públicas”, señaló el Fondo Monetario Internacional en un artículo publicado el martes 19 en el blog del organismo, un respaldo a la nueva administración y el aliento a concretar esas reformas escrito por el equipo liderado por la economista Pelin Berkmen que monitorea a Uruguay.
Camino a la OCDE
Uruguay ya integra el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y otro foro vinculado, el Centro de Desarrollo, a los que se sumó en los años recientes. En marzo de 2018, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se presentó la solicitud para adherir al Comité de Inversiones, cuyo propósito es la libertad para el flujo de capitales transfronterizos y la actividad de las empresas multinacionales, así como la cooperación para promover mejores políticas en esa área. Uno de sus propósitos es monitorear que se cumpla con las “reglas de juego” establecidas en el “Código de Liberalización”, en su “Declaración” y las “decisiones sobre inversión internacional y empresas multinacionales”. Esos documentos son un compromiso de apertura y transparencia frente a las inversiones al que adhirieron los 36 países de la OCDE y otros no miembros (incluidos Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica), que hacen un total de 49.
En marzo de 2020 cambió el gobierno pero se mantuvo la decisión de entrar a ese foro. En julio, mientras se lidiaba con las consecuencias de la pandemia de Covid-19, el subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, participó a través de la plataforma Zoom en un examen técnico de las políticas de inversión conectado con la sede de la OCDE en París (Búsqueda N° 2.080). Uruguay pasó esa evaluación y la que quedaba en el plano técnico era más específica, referida al “clima” para las inversiones empresariales.
Integrar estos comités y foros no es lo mismo que ser miembro de la OCDE; esta organización, que cumple 60 años, es un club con una membresía, hoy, de 37 países, de los cuales solo tres son latinoamericanos (Chile, Colombia y México; Costa Rica está en proceso de adhesión). Los pasos de acercamiento no necesariamente deberían llevar a ese destino, que exige determinación política y consenso social. En declaraciones publicadas por El País en mayo, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que la “agenda” del gobierno, que “va en muchos aspectos en la línea de la OCDE”, es “la prioridad (...). Nuestro foco, nuestra energía está puesta en avanzar en esa agenda. No estoy diciendo que en este período de gobierno no se evalúe iniciar el proceso de ingreso a la OCDE. Es un tema de énfasis y prioridad”.
