Las delegaciones de Uruguay y Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) volvieron a demostrar esta semana que pese a que ambos países trabajan “en silencio” para superar sus diferencias en varios temas, la tensión está lejos de disminuir en la relación bilateral. Dos comunicados, emitidos por los representantes en el organismo bilateral y avalados por las dos Cancillerías muestran que la planta de UPM (ex Botnia) sigue siendo un foco de enfrentamiento y que ambos países tienen visiones contrapuestas sobre el desempeño de esa empresa y sobre la divulgación de la información de monitoreo.
Uruguay reclamó en un comunicado la publicación de los informes de laboratorios internacionales sobre el accionar de la planta y sostuvo que si estos no han sido divulgados es por responsabilidad de la delegación argentina. En una dura respuesta, los argentinos manifestaron, por el contrario, que es el gobierno de José Mujica el que no permite que la información se transparente, y el que avala el incumplimiento de la sentencia de La Haya, que la planta contamine el río, que sus organismos obstruyan la investigación y también que se produzcan informes que carecen “de rigor científico y técnico”.
Ese texto fue analizado por la Cancillería uruguaya como un acto intempestivo que retoma temas “muy discutidos” en el pasado y que deberían ser superados, dijeron a Búsqueda diversas fuentes. El asunto generó nueva molestia en un momento en que Uruguay intenta paliar varias medidas argentinas que perjudican al país, por ejemplo en el desarrollo de la próxima temporada de verano o en la concreción del dragado del canal Martín García. En una entrevista con el programa “Código País”, el presidente reconoció ayer miércoles que existen “contradicciones” con varios aspectos de la política Argentina que afectan a Uruguay.
En el Poder Ejecutivo entienden que con todas las condiciones que pone Argentina, en los hechos “demuestra” que no está dispuesta a publicar la información, señalaron las fuentes.
En las próximas horas la delegación uruguaya en la CARU se reunirá y evaluará si debe responder alguno de los puntos, aunque la visión que prima en Cancillería es que “no hay que correr” tras los argentinos ni “ingresar en el terreno de la polémica”.
“Nada que esconder”.
El martes 4, el gobierno de José Mujica decidió manifestar de forma pública que “no tiene nada que esconder” en relación a UPM y así “subir la apuesta” al exigir la publicación “completa e inmediata” de los 15 informes de monitoreo que laboratorios de Canadá ya realizaron sobre la fábrica, pero que aún se mantienen en reserva, explicaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
Además sugiere que si esa información no ha sido publicada aún, no es por responsabilidad uruguaya, sino por las diferencias de su contraparte argentina en el organismo bilateral. Por esto se mencionan las “Notas Reversales intercambiadas por ambos gobiernos el 30 de agosto de 2010”, que indican que estos resultados “deben ser públicos” y recuerda que “para que estos puedan ser difundidos públicamente por la CARU, debe contarse también con el acuerdo de la delegación argentina”.
En el comunicado se indica que el país “no tiene obstáculos” y por el contrario “brinda su pleno consentimiento para la publicación completa e inmediata de los resultados de todos los análisis”.
De esta manera, la Cancillería uruguaya intentó “adelantarse” a un pedido de la Justicia argentina que solicitó esos informes, pero que deberá ser rechazado debido a que no tiene jurisdicción sobre el organismo binacional. Además, se adelantó así al pedido que Argentina hizo en el plenario de agosto de CARU, que solicitó la publicación parcial de algunos datos del monitoreo, en pantallas gigantes en las dos márgenes del río, contaron fuentes cercanas a la delegación.
A finales de setiembre, Uruguay deberá rechazar esa propuesta porque el país entiende que la información debe ser publicada de forma completa y no parcial. Pero hay quienes entienden que esto fue una “maniobra” que le daría a Argentina elementos para decir que es el gobierno uruguayo el que “oculta” la información y por eso se pretendió anticiparse al tema.
El comunicado también se emitió en momentos en que en Gualeguaychú se habla de un “pacto de silencio” para ocultar que en realidad, UPM contamina.
Falta de rigor.
Como respuesta, la delegación argentina en CARU publicó en el sitio web de su Cancillería un informe que preparó para el ministro Héctor Timerman, en el que se señalan diversos “incumplimientos” de Uruguay sobre la sentencia emitida por la Corte de Justicia de La Haya, y en la preservación del río.
Uno de los temas centrales que reclama es el hecho de que Uruguay elevó de forma “unilateral” la temperatura de vuelco de los efluentes de UPM al Río Uruguay de 30 a 37 grados. Para eso cita una resolución del Ministerio de Medio Ambiente.
Pero esa resolución Nº 370/2011 de abril de 2011 indica que el aumento de la temperatura es una consecuencia de un acuerdo al que llegaron Timerman con el canciller Luis Almagro en una reunión del 14 de noviembre del 2010, en la que “se acordó solicitar una modificación del proyecto” de aprobación ambiental de UPM, según se indica en la resolución.
“Como consecuencia de ello, hasta el día de la fecha, no contando el Comité Científico con una normativa acordada en materia de temperatura de vuelco, se ve imposibilitado de generar un informe completo de los resultados de los análisis y mediciones realizadas. Mientras el Uruguay no corrija la medida tomada por la citada resolución, no se podrá superar esta situación”, se indica en el texto.
Según publicó el lunes 3 “La Diaria”, Uruguay presentó varias alternativas en CARU para que los informes de laboratorios canadienses se publiquen igual, aunque se especifique la discrepancia en cuanto a la temperatura por escrito.
Los argentinos reclamaron otros “incumplimientos” y señalaron diversas “obstrucciones” de las autoridades uruguayas en la correcta investigación de los “funcionamientos irregulares de la planta”.
Además se señala que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ha publicado informes carentes “de rigor científico y técnico” , por ejemplo en relación a un accidente que se produjo en las instalaciones de la planta en noviembre de 2011.
Tras resumir una serie de puntos con varios incumplimientos, la delegación argentina concluye que esas “circunstancias” explican por qué la CARU “no ha podido producir hasta el momento información oficial sobre el resultado de los monitoreos que su Comité Científico ha realizado sobre la planta UPM”.
El representante por el Partido Colorado en CARU, Luis Hierro, dijo a Búsqueda que “lamentablemente Argentina sigue poniendo palos en la rueda, cuando lo único que importa es la publicación de los informes que vienen de Canadá”.
“El gobierno uruguayo debe plantear con mucha firmeza este reclamo para cumplir con la propia palabra de los presidentes de divulgar los resultados, que es lo único que importa. Todo lo demás son palabras”, afirmó.
Argentina también reclamó que la planta incrementó en los últimos años su producción por encima del millón de toneladas anuales. Este tema ya había sido reclamado por Timerman en una nota formal de protesta que el jerarca argentino envió a Almagro, en la que también aludió a registros aduaneros de Uruguay que, según jerarcas de ese país, respaldan el aumento en la producción.
Timerman afirmó que “la planta tiene una producción anual máxima autorizada por la Corte Internacional de La Haya”, publicó el diario oficialista argentino “Página 12”. Desde Uruguay se negó en ese momento esa posibilidad.
“En bruto”.
En el último tiempo comenzó a primar en la Cancillería la idea de que es “inaceptable” que a dos años de establecido el acuerdo entre Mujica y Cristina Fernández para el monitoreo conjunto del río, esa información se mantenga en reserva y que por lo tanto es necesario “jugar fuerte” para que se den a conocer los datos.
Fuentes de la Cancillería informaron que incluso Uruguay evaluó que al menos la información sea publicada “en bruto”, tal como es presentada por los científicos, y aunque no sea con una interpretación conjunta de las dos delegaciones en la CARU. “Si no se llega a una interpretación conjunta, que se publique tal como está” la información, expresó una fuente consultada.
Pero de acuerdo a las disposiciones de la CARU, la información debe ser publicada como el resultado de un análisis conjunto de las dos delegaciones en el organismo bilateral.
