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De cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que comenzarán en dos semanas, Uruguay definió un reforzamiento de los controles fronterizos con Brasil y está coordinando otras acciones en materia de seguridad con las autoridades de ese país, que ven como “algo posible” un eventual ataque terrorista durante el evento deportivo internacional.
Fuentes de Inteligencia dijeron a Búsqueda que sus pares brasileños ya se pusieron en contacto con ellos. Un informante explicó que si bien es “normal” que se intensifique la vigilancia fronteriza y otras alertas cuando se celebran acontecimientos importantes —como ya sucedió durante el Mundial de Fútbol en 2014—, lo cierto es que la amenaza de un ataque terrorista “estuvo sobre la mesa”.
“Se pidió colaboración”, indicó la fuente. “La amenaza de un ataque terrorista es asumida como algo posible”, agregó. Por ello, cada institución que tiene a su cargo el control de alguna frontera (Armada, Ejército, Fuerza Aérea y la Policía) coordinará con sus pares brasileños para evitar el tránsito ilegal de personas hacia o desde Brasil, dijo un informante del Ministerio de Defensa.
Detalló que se distribuyó entre las fuerzas una lista de personas requeridas, para que se tenga “especial atención”.
A su vez, el plan del Ministerio del Interior implica un incremento del patrullaje en la frontera seca y en los pasos de frontera con Brasil en operativos que incluirán efectivos de la Guardia Republicana, la Policía Caminera y las Jefaturas departamentales, dijeron a Búsqueda fuentes de esa Secretaría de Estado. Ello fue dispuesto para “prevenir alguna acción anómala en el marco de los Juegos Olímpicos”, contó uno de los informantes. “Los niveles de control se extreman ante la proximidad de un evento de riesgo”, argumentó.
Las fuentes aclararon que estas acciones no guardan relación con Jihad Ahmad Deyab, uno de los ex prisioneros de la cárcel de Guantánamo recibidos por Uruguay y cuyo rastro se perdió después de haber sido visto por última vez en el Chuy, ciudad fronteriza con Brasil.
Mientras, el embajador de Brasil en Montevideo, Hadil da Rocha-Vianna, solicitó a la Cancillería uruguaya que cite para el miércoles 27 a una reunión de ministros del Interior del Mercosur para hablar de la seguridad en la región.
A la inaugurción de los Juegos, el 5 de agosto en el estadio de Maracaná, asistirán mandatarios de varios países.
Unos 85.000 efectivos estarán a cargo de la seguridad mientras dure el evento en Río, que se estima convocará a unas 700.000 personas, la mayoría extranjeros.
Los responsables de la seguridad en Brasil y la organización de los Juegos están alerta ante la amenaza terrorista.
El jueves 14, durante una festividad por el Día de la Bastilla, murieron 108 personas y decenas resultaron heridas en un atentado en Niza, Francia. “Esto va a exigir revisiones, nuevas medidas y mucho trabajo intenso de ahora en adelante, para identificar posibles lagunas”, reconoció Sérgio Etchegoyen, asesor del gobierno interino brasileño.
“Si la Policía francesa no pudo detener los ataques en Francia, la formación impartida a la Policía brasileña tampoco alcanzará”, desafió esta semana el supuesto grupo yihadista brasileño Ansar al-Khilafah (Seguidores del Califato en Brasil) en mensajes captados por una organización de seguimiento a grupos terroristas en Internet.
Terrorismo.
El tema del terrorismo también está en la agenda interna en Uruguay.
Ayer miércoles 20, la comisión que funcionó en la órbita de la Secretaría Antilavado para elaborar un proyecto de “ley integral de terrorismo” acordó un borrador final del texto.
La iniciativa tipifica los delitos de terrorismo y su financiamiento, la figura de combatientes terroristas, reclutamiento e incitación y facilitación, según fuentes consultadas por Búsqueda. Si bien el texto no está cerrado, el gobierno evalúa penas de seis a 25 años de prisión para los terroristas.
Para las investigaciones judiciales vinculadas a este delito, el texto prevé que se habiliten las figuras del colaborador y agente encubierto, añadieron los informantes.
Se contempla establecer, por vía reglamentaria, la “estructura y autoridad coordinadora en materia de lucha contra el terrorismo”, incluyendo los aspectos relativos a prevención.
