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En una mirada a las “políticas de desarrollo” en América Latina de las últimas décadas, el patrón que se ve es “más bien simple: en tiempos de auge económico inducido desde el exterior, las élites políticas entran en una suerte de estado de euforia que las lleva a desatender la toma de decisiones estratégicas necesarias para fomentar un aumento de la productividad. En épocas de crisis, al contrario, están ocupados en gestionar la crisis y aplazan las decisiones estructurales”, sostiene Peter Thiery, coordinador para América Latina y el Caribe del Índice de Transformación que elabora la alemana Fundación Bertelsmann. Pero para ese investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg, Paraguay, Perú y Uruguay han sido una excepción.
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En el caso uruguayo, porque “ha conseguido estabilizar el marco regulador, incluido el Estado social, asentándolo de modo progresivo sobre un fundamento amplio, llegando de esta forma casi a alcanzar los niveles de Chile”, señala en su informe referido al nuevo dato del Índice de Transformación presentado en Montevideo el miércoles 6.
De hecho, Uruguay figuró en la quinta posición —entre 129 países en desarrollo y en transición—, con un puntaje de 9,19 en un máximo de 10. Bajó respecto a 2016, la anterior edición del índice (de divulgación cada dos años): entonces era cuarto, con 9,26. El deterioro obedeció al descenso en la puntuación en dos de los tres componentes del índice (la economía de mercado y gobernanza), mientras que mejoró la calidad democrática.
En esas categorías, la peor evaluación refiere a la economía de mercado, que situó a Uruguay en la posición 12ª con 8,43 puntos en la nueva edición. Chile es el mejor sudamericano en ese aspecto, un lugar por delante y 8,54 puntos.
Desde una perspectiva regional, Thiery plantea que en la mayoría de los países “no se ha aprovechado la ocasión para enfrentarse de forma rigurosa a problemas fundamentales, como los bajos niveles de productividad y la extrema desigualdad social. Al menos, parece que las estructuras institucionales todavía son suficientemente robustas”.