Uruguay se estancó en un “índice de transformación” de su marco económico y democrático

El índice para Uruguay referido al “estatus económico” —también con una escala de 1 a 10— fue de 8,4, sin cambios respecto a la anterior edición en ninguno de las siete dimensiones que abarca esta categoría. El país tiene puntaje máximo en cuanto al respeto a la propiedad privada y la peor evaluación corresponde al “nivel socioeconómico” (7,0). La puntuación es de 7,5 en materia de “sustentabilidad”, de 8,0 en “desempeño económico” y 9,0 en “estabilidad monetaria y fiscal”, por mencionar algunas de los indicadores analizados.

El comentario sobre Uruguay fue redactado hace algunos meses y alude a los desafíos que tendría por delante el futuro gobierno, sin importar de qué partido sea: “Tendrá que implementar importantes reformas en las áreas de la educación, la seguridad social, impuestos y, sobre todo, en la administración pública, al mismo tiempo que introduce cambios en el comercio exterior y en materia de seguridad ciudadana”.

Decenio complicado

Aunque los índices de cada país se basan en indicadores cerrados a comienzos de 2019, el informe de la fundación —una entidad privada independiente, con sede en la ciudad de Gütersloh, que promueve los “procesos de reforma” orientados a crear una “sociedad sostenible” a futuro— no elude la eclosión que está provocando la pandemia de Covid-19.

En la mayoría de los 137 países examinados la crisis sanitaria “exacerbará las mismas deficiencias que han marcado el balance negativo del último decenio: falta de Estado de Derecho, derechos políticos limitados, inestabilidad fiscal y aumento de la desigualdad social”, advierte Hauke Hartmann, director del programa de formación de economías sostenibles de la Bertelsmann Stiftung, y principal responsable del proyecto.

Es que, según la fundación, en general estos países no disponen de suficientes recursos financieros para la mitigación de la pandemia, las inversiones en salud pública y los planes de estímulo económico. A mediados de abril, más de 100 gobiernos ya habían solicitado asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional (un camino que evitó recorrer la administración del presidente Luis Lacalle Pou, aunque apeló a desembolsos de créditos de otros organismos multilaterales).

Hartmann es crítico sobre el manejo fiscal y, a la luz de los datos oficiales, Uruguay podría caer en esa bolsa. “Muchos gobiernos se beneficiaron inicialmente de un aumento de los ingresos en divisas que durante algún tiempo se mantuvieron en un nivel elevado y se alimentaron del aumento de los precios de los productos básicos y de otras fuentes, como las remesas de los trabajadores migrantes, los ingresos del turismo y las exportaciones de bienes industriales. Como resultado, sus presupuestos se volvieron cada vez más expansivos. Cuando los precios del mercado (…) cayeron rápidamente a partir de finales de 2014 y a medida que se debilitaba la demanda mundial, este modelo de crecimiento basado en los recursos se volvió frágil. Sin el aumento de la productividad”, de la diversificación de los bienes producidos y una integración sustancial del sector informal al formal, “alcanzó rápidamente sus límites de desarrollo”. El indicador de estabilidad fiscal del BTI 2020 muestra uno de los peores deterioros de este decenio, con una disminución media de 0,45 puntos en la escala de 10 puntos.

Y en el marco de la pandemia, el “sobreendeudamiento masivo podría dar lugar a una ola de bancarrotas estatales”, alerta.

Según Hartmann, la “tragedia de esta precaria situación de política fiscal es que en muchos países hay, por consiguiente, una falta de recursos para hacer frente a la amplia conmoción social que resultará de la sobrecarga de los sistemas de salud, la grave contracción de la economía y las enormes privaciones socioeconómicas resultantes”.

En el BTI 2020, 76 de los 137 países tienen un nivel de desarrollo socioeconómico muy bajo, calificado en cuatro puntos o menos. “Así pues, en más de la mitad de todos los países examinados por el BTI, la pobreza y la desigualdad están generalizadas e indican pautas de exclusión firmemente establecidas”. Apunta que, en el caso de América Latina, durante el auge de las materias primas numerosos gobiernos lograron fomentar la aparición de una “clase media precaria”, “millones de la cual ya han vuelto a caer en la pobreza en los últimos años y que amenaza con disolverse casi por completo tras el shock económico del coronavirus”.