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Para el Poder Ejecutivo, la reforma de la seguridad social es un tema prioritario y por eso incluyó en la Ley de Urgente Consideración la conformación de una comisión de expertos que, una vez que se integre, tendrá 90 días para elaborar un diagnóstico. Después, con esa hoja de ruta, comenzaría a trazar propuestas de modificación. Pero el grupo de trabajo todavía no se conformó porque el Frente Amplio aún no designó a su representante —y ha dicho que esperará a después de las elecciones departamentales del domingo 27 para nominarlo—, una situación que causó molestia en el oficialismo, aseguraron a Búsqueda fuentes políticas.
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Incluso, en la Torre Ejecutiva estuvo en consideración poner a funcionar la comisión sin el integrante frentista. Y, de hecho, entre algunos de los ya designados ya empezaron a tener intercambios preliminares, informó El Observador el martes 15. Cuando se instale formalmente, sesionarán en la sede del Banco Central (BCU); se prevé recibir la opinión de unas 50 organizaciones, indicó, citado por el diario, Rodolfo Saldain, presidente del grupo de trabajo. Después del diagnóstico, tendrán 90 días para elevar propuestas de reforma al Poder Ejecutivo y al Legislativo.
La comisión de expertos trabajará para reformar un sistema integrado por el Banco de Previsión Social (BPS), cuatro administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), las cajas paraestatales y los sistemas estatales de retiro de policías y militares. Pero ni el BPS, ni las AFAP, ni las cajas ni el Banco de Seguros del Estado —que paga las rentas previsionales a los retirados por el régimen de AFAP— tendrán integrantes en la comisión. “Me parece una sabia decisión de quienes crearon este instrumento, porque una valoración del desempeño de un sistema que cada vez está más vinculado entre todos sus componentes tiene que lograr prescindir de los intereses y de las situaciones particulares de las instituciones”, dijo a Búsqueda el presidente del BPS, Hugo Odizzio.
Sí se incluirá en la comisión de expertos a un representante de los jubilados. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas designó para ese rol al economista Gabriel Regalado, confirmó el director del BPS Sixto Amaro a El País el mes pasado. “El jubilado mira este partido desde la tribuna”, dijo Odizzio, alegando que no se le cambiarán las condiciones. “Esto tiene más que ver con las generaciones por venir y, para mí, capaz que tendría que haber un representante de los jóvenes con 18 años cumplidos, pero no tienen una organización que los represente”, opinó.
Menos reparto
Desde la última gran reforma que entró en vigor en 1996 el sistema de seguridad social cuenta con dos pilares: uno de reparto administrado por el BPS y otro de capitalización individual en manos de las AFAP. Pero Odizzio opina que el término mixto es algo inexacto, porque hoy “el 75% de lo que es el sistema de retiro, de invalidez, vejez y sobrevivencia es con cargo a BPS, y solo el 25% de los fondos están aportados por el sistema de ahorro”.
En una entrevista con el semanario Crónicas publicada el viernes 11 Saldain dijo que lo que habría que hacer es “contraer el sistema de reparto” y “expandir los regímenes de capitalización completa”. Odizzio ya conocía esta postura de Saldain, que había repetido en varias entrevistas en distintos medios. Consultado por Búsqueda, expresó su concordancia con esa idea y dijo que Uruguay hoy continúa “muy jugado al régimen de reparto”, cuando los países con perfil demográfico similar adjudican un “mayor peso al sistema de ahorro”.
Para el presidente del BPS, habría que revisar si el financiamiento de las jubilaciones procede solo de las contribuciones obligatorias a la seguridad social que se extraen de los salarios y los aportes patronales o si deberían buscarse “otras formas” complementarias. Y citó a Saldain y su propuesta de que durante la vida activa del trabajador “también haya aportes complementarios acordados con los empleadores”.
Mencionó además que las personas que obtienen los mayores ingresos al momento de su jubilación son también las que tienen más capacidad de compra y de uso de servicios. “Entonces hay un círculo positivo de mejorar el desempeño de la economía a futuro, y esperemos que los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo en cómo potenciar ese mejor estado de bienestar a futuro, por los jóvenes”.
En su libro La era de los nuevos viejos, publicado recientemente, Saldain explica que en países como Uruguay se tiende a asignarle al Estado y a sus instituciones un papel de “proveedor único y hegemónico de la protección social”, cuando en otros, considerados “los mejores de la clase”, se deja un “amplio margen para que la negociación colectiva y esquemas complementarios voluntarios de diferente naturaleza tomen un rol preponderante en la seguridad económica en la vejez”. Cita como un antecedente expresamente orientado a un complemento jubilatorio un acuerdo de 2005 en los Consejos de Salarios para el personal médico, que crearon fondos de retiro con financiamiento individual del 0,75% de los sueldos de los técnicos a partir de julio de ese año y un 0,75% adicional desde enero de 2006. Esos porcentajes fueron incrementados con cada ajuste salarial a razón de un 0,75% hasta llegar a 4%. Los médicos involucrados en el convenio tuvieron 90 días después de la primera retención para manifestar su voluntad de excluirse si así lo decidieran.
Según Saldain, la gestión de esos ahorros complementarios debería estar a cargo de entidades profesionales autorizadas, supervisadas y reguladas por el BCU, con patrimonio independiente, bajo la modalidad de fideicomiso y con regulación de costos. Asimismo, recomienda que la selección de esa institución administradora se haga de manera competitiva entre las habilitadas.
Efectos
No está claro cuándo se notarán los efectos de la eventual reforma previsional. Pero para hacer una estimación Odizzio se refirió a la de 1996, que definió un horizonte de una década para comenzar a observar sus frutos, quitándole presión financiera al sistema. Dijo que ese plazo se cumplió, y entre 2007 y 2008 el BPS casi no recibió asistencia financiera del gobierno. “Entonces, 10 años es un escenario razonable” para ver efectos, una vez que se concreten los cambios al régimen.
