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    Uruguay tuvo que tomar “medidas urgentes” para no ingresar en una lista de “países no cooperantes” en el combate al terrorismo

    El Poder Ejecutivo resolvió impulsar a partir de marzo la discusión en el Parlamento del proyecto de Ley Integral Antiterrorismo, porque su aprobación es necesaria para que Uruguay no ingrese en una lista de “países no cooperantes” en el combate al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

    El gobierno envió un proyecto de ley a fines de noviembre del 2016 para adecuar la normativa uruguaya a las exigencias internacionales en el combate al terrorismo y a su financiamiento. Es que a comienzos de ese año Uruguay había aparecido en una lista del GAFI de 30 países que debían tomar “acciones urgentes” si no querían integrar una lista definitiva de Estados sujetos a ser sancionados porque sus leyes están desactualizadas en esa materia, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

    La lista del GAFI incluía a cinco países sudamericanos: Uruguay, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú.

    En el caso de Uruguay, un documento del GAFI advertía que el país debía modificar su legislación para criminalizar el “financiamiento de un terrorista individual y de una organización terrorista con cualquier fin”. Además, mencionaba que el país incorporó todas las exigencias incluidas en las resoluciones 1.373 del 2001 y 2.178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que refieren al tema.

    Luego de los atentados en Estados Unidos del 11 de setiembre de 2001, el Consejo adoptó una resolución en la que obliga a todos los Estados miembros de la ONU a fortalecer el combate al terrorismo y a prevenir y reprimir “la financiación de actos terroristas”.

    En 2014, con el crecimiento del Estado Islámico y la proliferación de atentados terroristas cometidos por “lobos solitarios”, llevaron al Consejo a tomar una nueva resolución sobre el tema para exigir un fortalecimiento de las medidas.

    Ante la posibilidad de quedar en una lista del GAFI, el gobierno comenzó a trabajar en el proyecto de ley que fue presentado a fines de 2016. Esto permitió a Uruguay, de momento, quedar fuera del listado, pero ahora debe aprobar el proyecto, explicaron los informantes.

    En la exposición de motivos de la propuesta, elaborada por un grupo de trabajo coordinado por la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Poder Ejecutivo reconoce que “la adecuación normativa” que se busca concretar “disminuirá” la posibilidad de que el país sea incluido por el GAFI “en una lista de países no cooperantes en la lucha contra el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, lo que provocaría enormes perjuicios” para Uruguay.