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    martes 04 de junio de 2024

    Uruguay y la DEA: aunque formalizaron su vínculo, cooperación sigue sin cambios y reapertura de oficina es “poco probable”

    Aunque el acuerdo con la agencia estadounidense prevé operaciones conjuntas con la Policía Nacional, la última se realizó en 2020

    Gerardo González Valencia fue detenido en Montevideo cuando recogía a sus hijos del colegio. Estaba instalado entre la capital y Punta del Este, donde era dueño de una casa-quincho de US$ 2 millones con cancha de fútbol y tenis, entre otras varias propiedades y terrenos. Algunos policías bromeaban entonces que mejor hubiera sido no arrestarlo. Para Uruguay, tener a González Valencia tras las rejas fue un tremendo dolor de cabeza. Acostumbrados a lidiar con homicidas, rapiñeros, asaltantes de banco y vendedores de droga de escala regional, los sistemas judicial, policial y penitenciario sufrieron su presencia.

    Lalo, su apodo, era uno de los líderes de Los Cuinis, el brazo financiero del mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, posiblemente la organización criminal más poderosa del mundo. Durante su estadía en prisiones uruguayas, amenazó con colgar de un puente al ministro del Interior, Eduardo Bonomi; requirió de escoltas especiales de seguridad; exigió comodidades; reclamó ante la Justicia por abusos; obligó a traslados; corrompió a funcionarios y nucleó a otros reclusos. También mantuvo un vínculo con otro preso pesado: el italiano Rocco Morabito, quien gozaba de su propio poder y credenciales criminales, aunque era más discreto en su accionar.

    Desde aquel 2016, las autoridades del gobierno imploraban por la extradición del narco mexicano a Estados Unidos, que lo solicitaba por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas. El objetivo no fue fácil pero se cerró cuatro años después, en mayo de 2020, con un nuevo gobierno y bajo la colaboración directa entre el Ministerio del Interior y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos. En una fría madrugada de mayo, González Valencia fue transportado en un operativo secreto por efectivos de esa repartición extranjera y de la Policía Nacional. Desde el penal de Libertad al aeropuerto de Carrasco y desde allí al aeropuerto de Dulles, ubicado en el estado de Virginia y que sirve al área metropolitana de Washington D. C.

    Aquel trabajo en conjunto fue una excepción para el habitual vínculo entre la DEA y Uruguay, sostenido en formación y manejo de datos y no en procedimientos. Aunque la agencia actúa hace décadas en el país e incluso tuvo una oficina en Montevideo desde 2012 a 2019, los procedimientos con la Policía uruguaya son escasos. En abril de este año, ambas partes firmaron un memorando para ampliar y fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Uruguay y en la región. Celebrado en la sede de la DEA en Arlington, Virginia, de la firma participó el subadministrador principal de la agencia, George Papadopoulos, y la embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton; por Uruguay asistieron el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el embajador en Estados Unidos, Andrés Durán.

    “Bajo este documento, los Estados Unidos y Uruguay acuerdan aumentar el intercambio de información sobre tendencias, rutas y tácticas de tráfico de drogas para enfrentar de manera más efectiva a las redes criminales que operan en la región”, indicó la Embajada de Estados Unidos en un comunicado. “El memorando se basa en la sólida y activa relación de trabajo que la DEA comparte con las fuerzas del orden uruguayas. Esto incluye capacitaciones, intercambio de información y cooperación en investigaciones. Y su objetivo es expandir aún más el intercambio de información entre los dos países sobre amenazas y actividades de tráfico de drogas en curso y emergentes”, añadió.

    En su cuenta de X, el ministro Martinelli especificó que el convenio permitirá “realizar operaciones conjuntas en el marco de la legislación vigente en ambos países”. Este último punto, en el gobierno, lo ven menos viable. “Lo más importante del acuerdo es eso: que se firmó un acuerdo para plasmar lo que se viene haciendo desde 2020. Porque, en los hechos, todo lo establecido ya se viene haciendo”, dijo una fuente oficial a Búsqueda.

    Además del trabajo conjunto en el caso de González Valencia —que el año pasado fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—, en los últimos años la DEA y la Policía Nacional actuaron en el procedimiento A Ultranza PY. Ejecutado en febrero de 2022 en Paraguay, desembocó con el golpe a la organización de Sebastián Marset. En este caso, sin embargo, el trabajo con la DEA fue indirecto, ya que la agencia únicamente ofició de enlace entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y la Secretaría Nacional de Drogas (Senad) de Paraguay.

    Aunque hay líneas de investigación sobre lavado de dinero bajo análisis, la posibilidad de una operación entre la DEA y la Policía Nacional es difícil. Las organizaciones criminales internacionales que intervienen en Uruguay se enfocan en el envío de cocaína boliviana a Europa, lo que aleja el interés de la DEA. En su Evaluación nacional de amenazas de drogas, 2024, publicada en mayo, la agencia informó que Colombia es el principal país de origen de la cocaína incautada en Estados Unidos: en 2022, al menos el 97% de las muestras de cocaína se originaron en ese país, frente al 3% restante producido en Bolivia y Perú.

    En el tráfico de cocaína colombiana a Estados Unidos es mucho más relevante la presencia de grupos mexicanos que de los grupos europeos que operan en Uruguay. Uno de ellos es el Cartel Jalisco Nueva Generación, para quien trabajan Los Cuinis de González Valencia. “Los carteles de Sinaloa y Jalisco controlan en gran medida los corredores de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia México y desde allí hacia Estados Unidos. Estos carteles mexicanos obtienen cargamentos de varias toneladas de cocaína en polvo y base de cocaína de traficantes sudamericanos. Luego la droga se introduce de contrabando a través de rutas terrestres o canales costeros en Centroamérica, o por mar a islas del Caribe como Puerto Rico y República Dominicana, antes de ingresarla a Estados Unidos”, indicó la DEA en su informe.

    Esta realidad determina que, estratégicamente, la DEA divida a Sudamérica en dos áreas: región andina y Cono Sur. La primera está supervisada por una Oficina Regional ubicada en Bogotá desde donde se monitorean las actividades en Colombia, Ecuador, Venezuela e incluso Perú. La Oficina Regional es el nivel más alto en el servicio extranjero de la DEA, que solo tiene otras de esa categoría en Ankara, Bangkok, Ciudad de México y Roma. La segunda escala la ocupan las Oficinas País, que en la región andina están ubicadas en Cartagena, Guayaquil y Quito. La otra área del continente, y la menos relevante para la DEA, es el Cono Sur. Allí no hay una Oficina Regional sino únicamente Oficinas País en Brasilia, Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile. También hay Oficinas Residentes (una tercera categoría) en Río de Janeiro y San Pablo.

    La DEA comenzó a colaborar con Uruguay en 1973 y conservó una oficina en Montevideo hasta 1995; la reabrió de 2012 a 2019. La razón oficial para el cierre fue una “reorganización” de recursos. En febrero, un artículo de Reuters señaló que se debió “a vínculos tensos con las autoridades uruguayas”.

    Desde la llegada del gobierno de coalición, en marzo de 2020, han sido repetidos los pedidos de Uruguay para el retorno de la DEA al país. Es una solicitud usual en países que lidian con un crecimiento del narcotráfico internacional. “Los gobiernos extranjeros le piden constantemente a la agencia que abra oficinas en otros países. Sin embargo, la DEA solo abre oficinas en países que de alguna manera están vinculados al flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Esto incluye países que son fuente de drogas o precursores químicos, países donde ocurre un lavado de dinero significativo o países que están vinculados a organizaciones de narcotráfico que amenazan a Estados Unidos”, indica una auditoría del Departamento de Justicia norteamericano.

    Las oficinas de la DEA en el extranjero se consideran parte de la misión de la Embajada de los Estados Unidos, por lo que en última instancia su presencia no depende del interés del gobierno anfitrión. El jefe de misión de los Estados Unidos y el Congreso estadounidense deben autorizar la apertura de una nueva oficina en el extranjero. Esto es lo que tranca el pedido uruguayo. Más allá de que la embajadora Fulton se mostró abierta a la posibilidad, la principal limitante radica en el Congreso, que en los últimos meses debatió la posibilidad de limitar el gasto en seguridad pública en el extranjero. Fuentes de la Policía consideran “poco probable” que Estados Unidos autorice una nueva sede de la DEA en el corto plazo, por lo cual la esperanza de Uruguay es que se cierre una oficina ya existente y se asignen los recursos humanos y económicos para una división en Montevideo.

    Una oficina típica de la DEA en el exterior cuenta con agentes especiales, especialistas en investigación de inteligencia, personal de apoyo administrativo y empleados contratados localmente, también conocidos como personal del servicio exterior o FSN, por sus siglas en inglés. El puesto superior de la DEA en cada Oficina País es el “agregado”.

    En Buenos Aires ese cargo lo ocupa John Wallace, quien es también el supervisor de las tareas de la agencia en Uruguay. Tras la clausura de la sede en Montevideo, el vínculo de la DEA con Uruguay pasó a depender de su oficina en Buenos Aires: Wallace viaja a Montevideo una vez al mes para conversar con autoridades de la Policía y del Ministerio del Interior, mientras que los agentes especiales viajan cada dos semanas. Además de reportar a sus superiores en la DEA, Wallace también informa a Fulton sobre los asuntos y actividades en Uruguay.

    Información Nacional
    2024-05-29T22:58:00