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El formato de los proyectos de participación público-privada (PPP) no es nuevo en el mundo. Pero los uruguayos en general recién empezaron a escuchar sobre esto en 2010, cuando se iniciaba el segundo gobierno del Frente Amplio. Sin dinero suficiente para mejorar rutas y desarrollar otras infraestructuras que demandaba una economía en fuerte expansión, dicho régimen de contratación se puso en práctica en el país pero con lentitud y resultados que no conforman a las autoridades. De hecho, son pocos los planes que salieron de la maraña burocrática y todavía no hay ninguna obra pronta.
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De los ocho proyectos lanzados hasta el momento, el contrato más avanzado es el que cedió a un consorcio privado la construcción de la nueva unidad penitenciaria de Punta de Rieles. La adjudicación definitiva se concretó en agosto de 2015 y ese mismo mes empezó la obra. El informe del estado de situación del contrato, entregado hace pocas semanas al Ministerio de Economía (MEF), constató un “avance físico acumulado” al 31 de julio pasado de 33,2%.
Las demás iniciativas de PPP son: cinco para corredores viales en distintas zonas del país (el de las rutas 21 y 24 empezará las obras en pocos días), una para rehabilitar el tramo de 141 kilómetros de vías férreas entre Algorta y Fray Bentos, y otra para infraestructura educativa que se lanzó recientemente. Estos proyectos se encuentran en etapas distintas de un proceso que lleva años. La más reciente propuesta inició su trámite el mes pasado, sin el apoyo de los estudiantes y los egresados universitarios: el proyecto de “refuncionalización” del Hospital de Clínicas, con un costo estimado de U$S 120 millones.
Otra de las iniciativas incursiona en la infraestructura social. Impulsada por la ANEP y el INAU, entró al MEF en noviembre de 2015 y en julio siguiente se hizo un llamado a consulta pública sobre los anteproyectos. Esta PPP abarca 44 jardines de infantes y 15 centros CAIF.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo en setiembre en el Parlamento que al finalizar 2016 se hará “una pausa para ordenar todo el aprendizaje y proponer algunos ajustes” para que los procedimientos sean más ágiles”. Su idea, compartida por empresarios de la construcción consultados por Búsqueda, es que haya una agencia gubernamental especializada en PPP.
En el Poder Ejecutivo se admite que los procesos en torno al régimen son “lentos”. Rossi identifica además otros problemas relacionados con las propias empresas: algunas nacionales carecen de experiencia o se les dificulta asumir contratos a plazos largos. Y las extranjeras, para las que los proyectos en Uruguay son chicos, “quieren imponer su aprendizaje y sus exigencias, que no necesariamente coinciden” con las condiciones establecidas por la ley, evaluó en declaraciones publicadas el 23 de setiembre por el semanario “Crónicas”. También en los organismos multilaterales de crédito, que han participado en el financiamiento de PPP, “los procesos son lentos y llenos de prácticas burocráticas”, agregó el secretario de Estado.
Apagón.
“Así como el problema de la energía está encauzado y tengo una visión positiva —por el arreglo con los vecinos, la interconexión con Brasil y la licitaciones de los molinos de viento—, estamos muy rezagados en infraestructura. Estamos en el CTI en logística. Es una crisis de crecimiento”, decía en Búsqueda el entonces presidente José Mujica. Y comparaba esa situación con el “apagón logístico” que enfrentaba Brasil (ver Nº 1.616).
Según la edición más reciente del Índice de Competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, difundida la semana pasada, Uruguay tiene un puntaje de 6 —en un máximo de 7— en cuanto a infraestructura telefónica y de suministro eléctrico, pero solo 3,1 en cuanto a transporte. La calidad de la red de carreteras es lo peor evaluado (1,2); en ese rubro el país ocupa la posición 106ª en un total de 138.
El gobierno de Mujica trabajó rápido para darles marco a las PPP y la ley 18.786 que creó este régimen fue promulgada en julio de 2011; acaba de cumplir cinco años de vida. Define estos contratos como aquellos en los cuales una administración pública encarga a una persona de Derecho Privado, por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de una infraestructura, o alguna de dichas prestaciones, además de la financiación. Son aplicables para obras viales (incluidas las de caminería rural), ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, de infraestructura energética, de disposición y tratamiento de residuos, así como planes de colonización de tierras. También pueden utilizarse para “infraestructura social”: cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano. La ley prohíbe expresamente que el privado, bajo estos contratos, preste servicios educativos en centros de enseñanza, de tipo sanitario en centros de salud, y también de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos en cárceles.
Como contraprestación, el contratista privado recibe un pago que puede ser abonado por los usuarios de la obra o servicio, o por el organismo contratante.
El nuevo recinto penitenciario en Punta de Rieles es, hasta ahora, la única obra en marcha. Esta PPP, adjudicada a un consorcio integrado por Teyma Uruguay, Instalaciones Inabensa y Goddard Catering Group, empezó la construcción en agosto de 2015. El nuevo recinto penitenciario estaría pronto para mediados de 2017: con unas 2.000 plazas, se espera que ayude a descongestionar las cárceles.
El privado, además de hacer la obra, equipará la unidad y prestará servicios de mantenimiento, de alimentación para los reclusos y funcionarios penitenciarios, además de la lavandería y el economato. Los cálculos hechos por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para recomendar su ejecución indican que esta PPP costará U$S 236,5 millones para los 20 años de explotación; el valor presente del costo ascendería a U$S 259 millones en caso de hacerlo el Estado por sí mismo.
El gerente general de la CND, Pablo Gutiérrez, dijo el pasado viernes 30 en un foro en el Banco Central que las PPP de infraestructura están “llevando algunos años más” pero consideró que el proceso en su vinculación con el mercado de valores y el financiamiento a través de organismos internacionales está siendo “exitoso”. Estimó en U$S 3.500 millones las emisiones que se necesitarán asociadas al plan de infraestructura anunciado para este período de gobierno.
