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La Dirección General Impositiva (DGI) pidió información sobre los consumos mensuales de los últimos dos años y medio de unas 500 personas que habían adquirido sociedades en “paraísos fiscales”. Esos datos serán utilizados para contrastar la capacidad económica de esos individuos con el pago de impuestos efectuado, informó a Búsqueda el director general de Rentas, Joaquín Serra.
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La información pedida refiere a montos de los consumos mensuales, no el detalle de los bienes adquiridos, porque lo que interesa a la DGI es evaluar la capacidad económica de la persona, destacó.
“El País” consignó el martes 26 que la DGI pidió a los bancos datos de clientes con mayor consumo en tarjetas de crédito para cruzarlos y así detectar eventuales inconsistencias.
Serra aclaró a Búsqueda que la gestión fue referida exclusivamente a un listado de medio millar de personas. Se trató de una “operación concreta” relacionada con las sociedades anónimas off shore que el organismo empezó a investigar, y a los estudios jurídicos intermediarios, a partir de la información publicada por Búsqueda en el marco de los “Panama Papers”.
Si la información relativa a los gastos con tarjetas de crédito “no cierra” con los pagos de impuestos efectuados, la persona será citada para que haga las aclaraciones del caso. En torno a las sociedades panameñas constituidas por el estudio Mossack & Fonseca —cuyos documentos filtrados forman parte de la investigación periodística internacional conocida como los “Panama Papers”— la DGI ya hizo “más de 20 controles, y con un grupo no hubo problemas” luego de que aportaran información complementaria. En otros casos sí se llegó a la reliquidación del impuesto a la renta por un monto que, en promedio, es de $ 1 millón, informó el jerarca.