Varios frentes de batalla

Una economía esencialmente estancada y que continúa destruyendo empleo prácticamente todos los meses, un déficit fiscal que sin ingresos extraordinarios y por única vez ya se encuentra en el eje del 5% del PBI, una dinámica de deuda pública que muestra un crecimiento insostenible como consecuencia del alto déficit fiscal y el escaso crecimiento, costos internos muy altos en dólares que han deteriorado de manera significativa la rentabilidad y competitividad de las empresas locales y una inflación que se ha ubicado sistemáticamente por encima de las metas oficiales, configuran una situación inicial muy difícil para el nuevo gobierno que encabezará Luis Lacalle Pou a partir del 1º de marzo de 2020. Todo ello agravado además por un contexto regional también muy complicado, particularmente en lo que tiene que ver con la crisis que está afectando a Argentina, país que aunque menos que en el pasado, sigue teniendo una influencia muy significativa sobre Uruguay.

Dentro de los temas importantes, de carácter más estructural, la lista debería incluir la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación, la búsqueda de una mucho mayor apertura de la economía, cambios en los esquemas regulatorios y de incentivos que alienten una mayor competencia en los mercados internos de bienes, servicios y factores productivos y repensar el rol de las empresas públicas, entre otros.

De prácticamente todo esto se habló durante la campaña electoral tanto por parte de Lacalle Pou como de sus socios en la “coalición multicolor”, por lo que la expectativa de cambio lógicamente es muy alta. Eso ocurre particularmente con muchos empresarios que estoicamente han venido trabajando a pérdida desde hace un buen tiempo y creyeron en el mensaje de que se iba a “aflojar la cincha” y a generar condiciones para mejorar su rentabilidad y competitividad en un nuevo gobierno.

Las mayores dificultades que se van a encontrar inicialmente por actitudes del gobierno saliente (anuncio de que no se van a ajustar las tarifas públicas en enero, cambios en la forma de financiar las inversiones de UTE, y otras que seguramente habrá de aquí al 1º de marzo). Pero eso no debería modificar en absoluto la postura de cambio que anunció que iba a impulsar la “coalición multicolor” ni el rumbo que ha venido anunciando el presidente electo. Más bien todo lo contrario, debería reafirmar la convicción de que lo que se propuso hacer va en la dirección correcta, y tratar de moverse a una mucha mayor velocidad.

Así, siendo evidente que la propuesta de recortes de gastos por US$ 900 millones que se había manejado durante la campaña electoral era totalmente insuficiente, la nueva “situación inicial” que enfrentará el gobierno electo debería llevar a pensar en recortes todavía mayores tanto en la ejecución del gasto como sobre todo en cuanto a la reducción estructural del peso del Estado en el presupuesto quinquenal para el período 2021-25, a definirse y votarse el año que viene. En el mismo sentido, la inevitable reforma del sistema de seguridad social debería hacerse sobre bases estrictamente actuariales tomando en cuenta tanto las nuevas realidades demográficas y en materia de tasas de interés, como los cambios en el mundo del trabajo, en lugar de guiarse por criterios políticos. La búsqueda de eficiencia y eficacia en el manejo del gasto público se vuelve mucho más urgente y necesaria, más teniendo en cuenta un trabajo realizado por el BID, que calculó el costo de la ineficiencia en la ejecución del gasto público en Uruguay en 4,6% del PBI, nivel similar al déficit actual.

Por más que deberá enfrentar múltiples frentes de batalla, si Lacalle Pou y la “coalición multicolor” quieren evitar un desenlace similar al que tuvo Mauricio Macri en Argentina, deberían pensar en ser fieles a lo que prometieron, y actuar rápido.