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    Vázquez ratifica que su administración “no desistirá” de negociar tratados comerciales

    En momentos en que el Frente Amplio se muestra dividido en torno a la votación del tratado de libre comercio (TLC) con Chile, el presidente Tabaré Vázquez ratificó la intención de su administración de seguir procurando una mayor inserción internacional mediante la negociación de acuerdos con otros países o bloques.

    Consultado por Búsqueda sobre las posibilidades de ratificar el TLC con Chile ante distintos posicionamientos que surgen dentro del oficialismo, el mandatario respondió: “El gobierno va a continuar con el programa trazado y no desistirá de negociar tratados de comercio o de distinta índole, en la región o fuera de ella”.

    Autoridades del Frente Amplio transmitieron al Poder Ejecutivo que al día de hoy la ratificación de ese TLC no cuenta con el respaldo mayoritario dentro del oficialismo, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. 

    La lectura de los dirigentes frenteamplistas es que el tratado bilateral con Chile corre riesgo de sufrir la misma suerte que la participación uruguaya en el acuerdo global de servicios (TISA). A comienzos del gobierno de Vázquez, el país abandonó las negociaciones del TISA tras una resolución del Frente Amplio y pese a que contaba con el respaldo del canciller Rodolfo Nin Novoa y del ministro de Economía, Danilo Astori.

    Uruguay y Chile ya tienen desgravado el intercambio de bienes a partir de un acuerdo —suscrito en 1996 junto al Mercosur—, pero este nuevo tratado, firmado por sus gobiernos en octubre de 2016, incorpora capítulos de “última generación” como el comercio electrónico, el medioambiente, normas laborales, pequeñas empresas, transparencia y mecanismos anticorrupción, entre otros. Su tratamiento en el Parlamento —que solo puede aprobarlo o rechazarlo, sin introducirle cambios— se trancó debido a resistencias de sectores como el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo y Casa Grande. Sin poder desatar ese nudo, el Frente Amplio se dio tiempo mientras Chile elige a su nuevo gobierno; tras la primera vuelta del domingo 19, habrá un balotaje el próximo 17 de diciembre entre el expresidente Sebastián Piñera y el oficialista Alejandro Guillier. 

    La agenda de la Cancillería, que cuenta con el respaldo de Vázquez, incluye también negociaciones con México —donde el mandatario estuvo hace pocos días buscando profundizar la relación comercial—, Perú y China, además de la Unión Europea.

    Fricciones.

    Pero esa estrategia de inserción internacional no es lo único que produce fricciones en la interna del gobierno por estos días.

    Por un lado está el proyecto de ley para atender a los “cincuentones”, un colectivo cuyo futuro previsional se vio afectado por la reforma de 1996, que puso en convivencia a las AFAP con el régimen de solidaridad intergeneracional. Con proyecciones más afinadas, la iniciativa a estudio del Parlamento implicaría un costo fiscal mucho mayor al estimado en un principio, lo que preocupa a las autoridades económicas.

    El oficialismo trabaja para darle media sanción en la Cámara de Diputados el próximo 5 de diciembre, para que luego se vote, sin discusión, en el Senado.

    El ministro Astori reiteró el martes 21 que la situación fiscal constituye hoy su “principal preocupación”. En este contexto, para su equipo es un “tema central” lograr introducir algunos cambios al proyecto (propone que a los cincuentones se les reconozcan los aportes previos a 1996 superiores al tope, lo que tendría un costo menor que el articulado tal cual está), dijo a Búsqueda una fuente oficial.  

    Otra polémica se instaló luego de que la semana pasada Búsqueda informara que en una reciente reunión UTE planteó bajar sus tarifas en enero y que el Ministerio de Economía comunicó que pretenden subirlas para fortalecer la caja. Después, las autoridades ministeriales aseguraron que no hay una decisión tomada, mientras que la Lista 711 —liderada por el ex vicepresidente Raúl Sendic— se pronunció a favor de aprovechar los cambios en la matriz energética en “beneficio de los uruguayos” en lugar de usarlos para “recaudar y equilibrar el déficit fiscal estructural” del país.