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En junio de 2014 el PNUD realizó una trascendental contribución a la discusión sobre el estado de “La democracia en América Latina” con la publicación de un documento que llevaba ese mismo título. Por primera vez un organismo internacional se atrevía a emitir un juicio de valor sobre este tema de alta sensibilidad política en nuestra región.
El informe proponía la elaboración de un Índice de Democracia Electoral (IDE). El IDE resultaba de la agregación de cuatro componentes considerados el mínimo esencial en un régimen democrático. Estos cuatro componentes eran:
1) Derecho al voto - ¿tienen todos los adultos en un país derecho al voto?
2) Elecciones limpias - ¿existen garantías de un conteo fidedigno de los votos emitidos?
3) Elecciones libres - ¿existe alguna restricción que impide ofrecer al electorado un rango de alternativas?
4) Cargos públicos electos - ¿son las elecciones el medio de acceso a los principales cargos públicos y son los plazos estipulados para ejercer esos cargos respetados?
La democracia electoral es lo más básico. El IDE para muchos países latinoamericanos en ese año 2004 era similar al de los países más avanzados del Norte de Europa. La democracia verdadera va bastante más allá de lo electoral: requiere de una división auténtica de poderes, prensa libre, libertades civiles y políticas, respeto a los derechos humanos de todos, sobre todo de las minorías, y la práctica de algunas cosas más. La democracia, concluía el enjundioso estudio, debe ser rica en ciudadanía.
Pero a los efectos de esta carta, con el IDE alcanza y sobra. El IDE estipulaba que no existía democracia electoral si fallaba tan solo uno de los cuatro componentes antes mencionados. En efecto, el índice se componía multiplicando las calificaciones obtenidas en cada uno de estos cuatro componentes. Si una sola era igual a “0”, el IDE daba “0”.
En Venezuela todos los componentes del IDE están seriamente cuestionados por la oposición y por una larga serie de organismos internacionales, gobiernos, partidos políticos extranjeros, organismos no gubernamentales y personalidades internacionales. El gobierno de Venezuela se ha negado a que la ONU, la OEA u otras organizaciones internacionales reconocidas en el campo de la verificación de elecciones participen en el proceso electoral del 6 de diciembre y compruebe la legitimidad y transparencia del proceso electoral. En compensación, ha invitado a países amigos de la Unasur a que legitimen su accionar.
El gobierno de la República Oriental del Uruguay no puede quedar involucrado en eso. En vista de la situación reinante en Venezuela, tal exclusividad resulta improcedente. Aquí no caben las amistades, las afinidades ideológicas o los intereses comerciales pendientes. Existe una sola forma digna y correcta de proceder: exigir una verificación rigurosa.
