N° 1942 - 02 al 08 de Noviembre de 2017
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa semana pasada, en Montevideo, dos policías detuvieron por “desacato” a una mujer de 19 años en la esquina de Chucarro y Pagola. El hecho fue registrado en un video que se viralizó en redes sociales. “A mí no me toque, recluta”, le dice ella a uno de los policías (dejando ver un manejo específico de la jerga policial, en que el término “recluta” se usa despectivamente y refiere a los policías que todavía están aprendiendo). En ese momento se ve cómo el policía agarra las esposas y comunica por radio: “Están insultando acá a la policía, que no tenemos grado, que no tenemos autoridad”. A partir de ahí se van sumando a la situación varias personas en defensa de la empleada de la panadería, al tiempo que van llegando patrulleros en apoyo a sus compañeros, y la situación se va yendo de las manos, con forcejeos y gritos, hasta que se llevan a la joven detenida. Al día siguiente, el Ministerio del Interior publicó un comunicado oficial expresando que “no comparte” la conducta de los policías involucrados y que entiende que existieron irregularidades en el procedimiento.
Considero necesario analizar este hecho más allá del hecho en sí. Porque sea cual sea el resultado de la investigación, y más allá de los argumentos de una y otra parte, lo que se puede ver en el video es una actitud policial excesivamente violenta para las características de la situación; y esto es lo que no se puede dejar pasar. Aunque los policías se hayan sentido “insultados”, tenemos que entender que es a ellos, y no a ella, a quienes les corresponde “garantizar el orden”, como lo afirma el Código de Ética policial. El código establece que la policía solo podrá usar la fuerza en “casos indispensables” y de manera “excepcional, racional, progresiva y proporcional”, exigencias que no se ven para nada reflejadas en la detención de la joven. Es fundamental ser conscientes de que las responsabilidades de la policía no son las mismas que las del resto de la ciudadanía, ya que se trata de personas a las que el Estado les otorga un poder que implica enormes asimetrías: el poder de circular por la ciudad con un arma de fuego en la cintura.
La viralización del video y las propias características de la mujer (joven, “blanca”, trabajadora), generaron una empatía en la población que no siempre está presente. ¿Qué habría pasado si esta situación se hubiera dado en otro barrio?, ¿si nadie hubiera estado filmando?, ¿si la persona involucrada no hubiera tenido tan claros (por ser justamente hija de un policía) sus derechos?, ¿si nadie hubiera defendido a la persona detenida por no tratarse de alguien a quien “los vecinos” consideraran apropiado defender? Los mecanismos de seguridad tienen que estar garantizados por igual para toda la población, las personas tenemos que sentirnos protegidas, no amenazadas por la policía. Lo que el hecho ocurrido en Pocitos tiene que dejarnos claro es lo que no podemos permitir de nuestra policía: el abuso de poder. Por eso es importante el comunicado del Ministerio del Interior, porque da señales institucionales de hacia dónde se quiere construir la imagen policial.
“Esta NO ES la policía que queremos”, señaló el Ministerio. Claramente, tampoco es la policía que queremos la que viola a una joven de 18 años que pide a un patrullero que la lleve a su casa porque está borracha, como pasó en julio de este año en Maldonado. Ni son tampoco los policías que queremos los que se acercan a dos mujeres jóvenes que están fumando marihuana, les dicen que apaguen el cigarrillo, les piden los datos, y después les mandan mensajes de texto personales a su celular, como pasó en Montevideo en julio del año pasado. Y de ninguna manera son los policías que queremos los que matan a su pareja o expareja con el arma de reglamento, esa que todos les damos el derecho a portar, como ha pasado repetidas veces, este año y años anteriores, en Rivera, Montevideo, Minas y otros tantos departamentos del país.
La misión de la policía es “proteger” el libre ejercicio de los derechos y las libertades, no vulnerarlos. Este es el debate que tenemos que dar, es ahí donde se tienen que poner los esfuerzos. Por eso son importantes las comunicaciones del Ministerio, porque nos muestra la voluntad de un cambio, aunque tal vez aún no sea suficiente. El abuso de poder por parte de la policía no es un problema exclusivo de nuestro país, es algo a lo que se enfrentan la mayoría de los cuerpos policiales del mundo. En octubre de este año el periódico inglés The Guardian publicó un artículo sobre la necesidad de las fuerzas policiales inglesas de aumentar los esfuerzos para terminar con el abuso por parte de sus oficiales; y en el año 2012, el mismo periódico recopiló y publicó una lista detallada con todos los policías que enfrentaron acusaciones por abuso de poder, de todo tipo. En un momento en que tantos abusos (en particular abusos sexuales) están siendo desenmascarados internacionalmente (desde Hollywood hasta el Parlamento inglés), y tantos hombres, por años impunes, han caído y siguen cayendo, es una buena oportunidad para reafirmar que esto NO ES lo que queremos, de parte de nadie, y mucho menos de la policía.