—La fase más crítica de la crisis quedó definitivamente atrás e independientemente de los efectos de rebrotes ante variantes del virus, en ningún caso volverán los escenarios de lockdown. En ese camino a la nueva normalidad la economía global va a crecer un poco menos de lo que se esperaba —el Fondo Monetario Internacional estima un 6% para este año—, a la vez que la crisis deja al mundo con un exceso de endeudamiento de los fiscos y programas monetarios muy expansivos, que llega el momento de desarmarlos.
Para nosotros será un mundo de tasas de interés más altas, menos flujo de capitales y un dólar algo más caro que probablemente le ponga un techo a algunos precios de exportación. Es un mundo que sigue siendo amistoso para las condiciones que Uruguay necesita para crecer, pero no tan favorable.
Tampoco cabe esperar de la región un estímulo extraordinario ni por el lado de la demanda ni por la recomposición de precios relativos —estamos en el peor momento de los últimos 40 años en términos de precios en dólares—, con lo cual Uruguay seguirá caro respecto a dos países con muchos problemas e incertidumbre política. En el medio de eso se da la discusión en el Mercosur y la estrategia uruguaya de buscar acuerdos con terceros; es posible que una vez que pase la suerte de distracción en que está Brasil por su año electoral, no lo tenga como un decidido entusiasta para que Uruguay firme un tratado comercial, por ejemplo, con China.
—¿Esa situación externa menos favorable puede complicar la recuperación que está en marcha?
—Tenemos una economía uruguaya claramente en fase de rebote, con un dato de crecimiento bueno del segundo trimestre, que siguió mejorando en el tercero y en el cuarto. Eso llevó a revisar nuestra estimación para el año de 2,4% a 3,6%, aproximándonos al supuesto del gobierno. Pero para 2022, para cuando esperábamos un 3,6%, ahora prevemos que será algo por debajo de 3%; en términos agregados, el 2021-2022 en crecimiento sigue siendo lo mismo, pero con un timing distinto: este año está siendo mejor y el próximo un poco peor de lo esperado. Vamos a tener que esperar al primer trimestre del 2022 para alcanzar niveles de actividad como había en 2019. La pregunta es, hacia adelante, ¿vamos a converger a tasas de crecimiento de largo plazo de en torno al 3% o volveremos a un desempeño mediocre como el que hubo en el último quinquenio, por debajo del 2%? Nuestra mirada es que en el segundo semestre del año vamos a converger a un crecimiento en tendencia más bajo si no hay cambios significativos en el entorno internacional o decisiones que se tomen en Uruguay. En otras palabras, estamos viendo niveles de inversión extraordinariamente altos en este momento, pero asociados a proyectos que tienen un fin. Y estamos previendo mejoras notorias en el mercado laboral, pero todavía se está 20.000 puestos por debajo de los que había en 2019.
Para poder consolidar un ritmo de crecimiento mayor todavía faltan un conjunto de certezas importantes que tengan lugar en Uruguay y en el exterior, y eso le da a la política económica en adelante un rol muy relevante. Hasta ahora estaba en un modo emergencia: se heredó una situación fiscal compleja, y hubo un shock de oferta y demanda que requirió minimizar daños. Esa etapa está cumplida, desde el punto de vista estrictamente económico con relativo suceso. Ahí el gobierno está jugado a la estrategia que trajo antes de las elecciones: “Voy a bajar la inflación, voy a mejorar la credibilidad fiscal y voy a mejorar o no empeorar la competitividad” para que la inversión tenga lugar. Eso supone que algunas de las reformas que está acometiendo lleguen a buen puerto. El partido se juega a partir de ahora.
—¿Qué posibilidades de éxito le ve a esa agenda?
—Primero: ¿es lo que van a hacer? Seguro. Segundo: ¿le doy una oportunidad? Sí.
En materia de inflación, las autoridades se juegan un partido importante de aquí a marzo. Porque en las pautas salariales, en la medida que no introdujeron correcciones a medio término, necesitan lograr transmitir que el proceso desinflacionario previsto tiene lugar; si no fuera así, las pautas no permitirán recuperar salario real y el compromiso asumido de no perder salario real en el período se vería comprometido. Esto es crucial para la credibilidad del proceso desinflacionario y desde el punto de vista político: no es lo mismo la discusión del referéndum con el salario real habiendo dejado de caer o creciendo, que no habiendo logrado eso.
Otra batalla importante es cómo avanzarán las reformas relacionadas con la eficiencia de la economía. Esto es, de las cosas ya aprobadas en la LUC o de las iniciativas tomadas en materia presupuestal, cuántas están implementadas o empiezan a tener resultados. Por ejemplo, con los combustibles van a volver a enfrentar un dilema este mes: con el petróleo en alza, la aplicación pura del régimen establecido llevaría a un aumento que nosotros estimamos —peso más peso menos— en 6,5% para el gasoil y 5% las naftas. Pero uno ya escucha a autoridades sugiriendo que las ganancias no esperadas de Ancap podrán ser utilizadas para no subir las tarifas. Es un tema importante: en el fondo, llámese como se quiera, se sigue diciendo que la empresa, bajo ciertas circunstancias, actúa absorbiendo costos para evitar un problema sobre el nivel de precios. Esto empieza a introducir incertidumbre en torno a la firmeza de las reformas; no estamos claramente en un régimen de shock de políticas, sino con un esquema gradual. La pregunta es cuánta credibilidad y a qué velocidad se pueden hacer estas reformas para que esta agenda tenga certeza de que se cumple. Cuanto más cerca se esté del período electoral, las consideraciones de economía política se vuelven dominantes.
—¿Ese razonamiento aplica para otras reformas claves, como la de la seguridad social?
—Si no se logra meter este año un proyecto en el Parlamento, será difícil que esta legislatura lo apruebe, sabiendo que esa es una materia compleja desde la perspectiva de la economía política. Esa reforma es crucial para hacer creíble que la sostenibilidad fiscal está en proceso de construcción; si eso no se logra, la próxima vez que vengan las calificadoras de riesgo el gobierno podrá contar una bella historia de que hizo una gestión fiscal alineada por restricciones, que el desvío no fue mayúsculo y que está en condiciones de financiarlo, pero va a seguir sin poder decir que tiene en proceso un camino legislativo para resolver el principal problema fiscal de largo plazo.
Esta estrategia que está jugada al 100% en confiar en el rol del sector privado requiere de señales claras de que la desinflación va, que las reformas fiscales van y que las reformas micro que ayudan a la competitividad van. Si por alguna razón, todas o algunas de ellas relevantes ingresan en un terreno de empantanamiento, este escenario amistoso con el sector privado podría enlentecerse. No tiene por qué ser así, porque si hay algo que ha demostrado el Poder Ejecutivo, con marchas y contramarchas, es que no le tiembla el pulso; es evidente un cambio de estilo respecto a la administración anterior. El TLC con China en este caso también juega un papel en el estado de ánimo para muchos sectores empresariales: no da lo mismo transcurrir un 2022 habiendo pasado la prefactibilidad como algo razonable que estar el año que viene sin noticias sobre esto habiéndole dado el protagonismo al tema que le dio el gobierno.
La agenda política está supercargada a partir de ahora y el gobierno tiene una enorme cantidad de desafíos por delante para la concreción de cosas, porque entró el modo normal. Ahora la opinión pública va a empezar a evaluar no por la gestión de la pandemia, sino por cuánto de lo que prometió en campaña podrá ejecutar. El atenuante colectivo inconsciente de la pandemia ya no va a estar.
—¿El casi seguro referéndum contra la LUC puede incidir en la suerte de esas reformas?
—Será una instancia muy relevante y habrá mucha tensión en torno a esto.
Para el gobierno, tener éxito en el referéndum sería una luz verde en las acciones previstas. Por ejemplo, si hay que ir por una desinflación y eso supone pagar un precio en términos de apreciación de tipo de cambio real, podrá construir un relato y decir: “Los precios internacionales no están tan mal, así que es el momento de resignar un poco de rentabilidad porque estamos resolviendo un problema de largo plazo”. También podría tener mucha potencia para negociar reformas micro en el área energética y al interior de Ancap. Y tendría espalda para avanzar en un TLC con China, pese a que para algunos sectores es una potencial amenaza.
Por otro lado, un resultado adverso para el gobierno dejaría una suerte de empate y una segunda parte del período en el que debería repensar no necesariamente lo que quiere hacer, pero sí la forma, buscando evitar vetos en todos los frentes, para no irse invicto en términos de reformas.
—¿El resultado del referéndum podría, también, adelantar eventuales movimientos dentro de la coalición de gobierno de cara a las elecciones del 2024?
—Si el referéndum tiene un resultado adverso para el gobierno, la probabilidad de que las distintas fuerzas dejen de ser tan cooperantes se vuelve más alta, sobre todo a lo largo del 2023. Por ahora veo a un presidente con mucha capacidad de liderazgo y de administrar tensiones. Y socios que se necesitan y con capacidad de adaptarse; acabamos de ver cómo se resolvió el asunto de los asentamientos.
Lo interesante es que el incentivo que tiene la coalición de gobierno es apurarse todo lo que sea posible para avanzar en reformas que considera fundamentales y no son visualizadas con beneplácito por la izquierda, para que mientras el Frente, un poco distraído en su resolución interna, cuando quiera acordar, aunque pueda volver a ganar, haya cosas que sean irreversibles. Y el Frente debe intentar que esa agenda avance lo menos posible; ese es el conflicto que hoy tenemos. ¡Y esto es espectacular para quien debe tomar decisiones de inversión! ¿Genera incertidumbre? Sí. ¿No avanzamos con rapidez? Sí. ¡Pero son reglas clarísimas! A las calificadoras de riesgo les he preguntado: ¿qué prefieren, esto o que un día se modifica el precio del boleto y resulta que se incendia el país, cuando pensabas que era Disneylandia? U otro, como Colombia, que propone reformas tributarias —razonable desde el punto de vista técnico— y el país se incendia.
Uruguay es lento, pero parte de su éxito es que se mueve más o menos cohesionadamente. El precio que pagamos es que la velocidad es baja, algo que tampoco es tan dramático para un país chiquito, porque corre el riesgo de incursionar en alguna moda que se revierte rápido y queda en offside.
—En esa carrera por acelerar o frenar reformas, ¿qué significado puede tener el referéndum para la oposición frenteamplista?
—El haber juntado las firmas con el PIT-CNT le devolvió un protagonismo y demostró que mantiene vivo el contacto con sectores importantes de la sociedad. Sigue siendo el partido mayoritario y el que está primero en la lista para competir en las próximas elecciones. Igual, el 2022 seguirá siendo un período de transición donde definirá liderazgos y se rebalancearán las fuerzas y la institucionalidad interna. Para poderlo evaluar al Frente en su verdadera potencia habrá que esperar al final del 2023.
Por otro lado, hay un gran espacio de centro izquierda a ser conquistado. Es algo de lo que en su momento captó (Ernesto) Talvi, donde los blancos larrañagistas tienen su base de sustento y lo que es el astorismo. Ese espacio tendrá un papel muy relevante para el balance entre uno y otro lado.
—¿No es el espacio que busca ocupar la alianza que tiene al actual senador Mario Bargara como una de sus figuras?
—Bergara está construyendo un sector.
Visto desde fuera de la política, tengo la impresión de que para que un espacio socialdemócrata o de progresismo moderado sea creíble se tiene que hacer bajo criterios ideológicos claros y no necesariamente acordando con las mayorías que el Frente Amplio establece. Por ejemplo, no visualizo a sectores de izquierda con un discurso claro y contundente diciendo que Cuba, Venezuela y Nicaragua constituyen claramente regímenes que no pueden ser catalogados como democráticos.
Economía
2021-10-20T20:24:00
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