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Algunas industrias que hacen uso intensivo de electricidad, que son grandes clientes de UTE, están a la espera de la apertura y funcionamiento del mercado de compraventa de electricidad entre privados. Una es Central Lanera, que recientemente firmó un contrato para la compra de energía con un parque fotovoltaico que se proyecta construir en Salto. Se trata de Albisu, una inversión de la multinacional Atlantica Yield, que ya tiene otros parques en Uruguay y en la región, señalaron a Búsqueda fuentes del sector industrial.
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Apuntaron que la empresa Ventus se está encargando del diseño del proyecto para la construcción, operación y comercialización de la energía de esa planta solar. El parque se ubicará en el barrio Albisu, en un predio que ya adquirió el inversor y que, según informó la Intendencia de Salto en setiembre, implicará una inversión de US$ 14 millones para producir unos 14 megavatios.
El contrato con Central Lanera (una cooperativa de segundo grado que está formada por 15 cooperativas y sociedades de fomento rural y 1.200 remitentes de lana) ya fue ingresado en UTE para ser un cliente gran consumidor “libre”, explicaron. El gasto de electricidad de la cooperativa rondó en el último año los US$ 350.000 (aunque en años de mayor actividad fue de US$ 500.000) y el contrato con el generador implicará un “ahorro importante”, dijo una fuente.
Otras “dos o tres industrias” también firmaron contratos de compra de energía eléctrica con ese futuro parque solar salteño.
El martes 14 en el marco del plenario de fin de año de las Cooperativas Agrarias Federadas, el presidente de Central Lanera, Álvaro Fossati, se refirió al contrato firmado y a la “preocupación” porque no se visualice la importancia de que las industrias puedan comprar energía eléctrica de forma libre y más económica entre privados. “Se trata de un contrato que permitirá a nuestra cooperativa (…) acceder a energía renovable, limpia y más económica, que nos hará más competitivos”, señaló.
“En estos días han circulado en diversos medios de prensa versiones que han buscado obstaculizar la libertad de elegir a su proveedor de energía establecida por ley hace 25 años”, agregó, en relación con la oposición de parte del Directorio de UTE a los cambios regulatorios que impulsa el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para facilitar la competencia en el mercado mayorista de electricidad (Búsqueda Nº 2.152).
Frente a las autoridades del MIEM, de los ministerios de Ambiente y de Ganadería, así como del Banco República, Fossati alegó que la cooperativa “no pide contemplaciones o prebendas”, sino que se cumpla con las “normas y leyes establecidas”.
“Solo con energía a precios competitivos a nivel internacional podremos exportar el trabajo de los uruguayos y valorizar las lanas de nuestros productores. No es posible competir con todos los factores de producción en contra, con precios y costos altos en dólares, que superan con creces los de nuestros competidores”, añadió.
Algunos grandes consumidores plantean que si fuera verdad que su tarifa diferencial estuviera siendo subsidiada con la de los hogares, la “salida” o “fuga” de grandes clientes (al pasar de ser “regulados” a “libres”) que —según las gerencias y jerarcas de UTE— puede provocar el cambio regulatorio proyectado “sería un alivio en las arcas” del ente y no una pérdida para la empresa pública.
