Convencida de que el gobierno de Luis Lacalle Pou buscaría debilitar las empresas públicas y dejar de lado los “principios batllistas”, la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, analizó “qué golpe” tendría la Ley de Urgente Consideración (LUC) sobre ese ente. Pero, a diferencia de los casos de Ancap y Antel, no había ningún artículo que refiriera a la compañía estatal de generación y distribución de electricidad. “No vislumbré mayor riesgo”, afirmó al participar en octubre en un evento virtual del grupo frentista Igualdad+. Para ella, la “luz roja” de preocupación” se encendió cuando recibió el borrador de un proyecto de decreto que propone cambios en el mercado eléctrico mayorista.
Ese es “el eslabón que faltaba para pegarle a la última empresa pública y que creo que va a tener consecuencias muy importantes”, agregó. Para Cardona el cambio favorecería solo a las grandes empresas, a los “malla oro”, declaró a Brecha en la edición del 26 de noviembre en ese artículo en donde se informó de un borrador de la Dirección Nacional de Energía (DNE), del Ministerio de Industria (MIEM), que plantea modificaciones al marco regulatorio del mercado de grandes consumidores de energía.
El Poder Ejecutivo está buscando adecuar ese marco normativo modificando un decreto del 2002 porque aduce que es “obsoleto”, puesto que refiere a un sistema en el que no existían las fuentes de generación renovables como la eólica y la fotovoltaica. “Hablamos de facilitar o hacer posible, en algún momento, que existan contratos (de compraventa de energía) entre privados, obviamente pagando (a UTE) los peajes por el uso de la red. El reglamento actual tiene más de 20 años, no preveía las fuentes renovables ni la potencia firme o su seguridad de suministro al sistema”, explicó a Búsqueda el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.
“Las reglas de juego tienen que ser justas y por eso estamos en un intercambio de borradores, entendiendo los temores —porque siempre aparecen—, pero también vemos que no necesariamente las cosas salen mal para las empresas del Estado cuando implementan este tipo de régimen”, señaló el ministro. Se refirió a los “riesgos de asimetrías” que pueden existir actualmente “para el otro lado” —en referencia a los privados— y al “rol” que juega la regulación en “generar una cancha lo más uniforme posible”.
“Hay una asimetría si yo soy el distribuidor y además soy el generador (como es el caso de UTE). Cuando soy solo el generador, estoy un poquito en manos del distribuidor. Por eso, la cancha tiene que ser con reglas justas, valores justos de peaje, etcétera. Porque, así como puede ser (algo) malo y preocupar a UTE, también puede ser malo y preocupar al sector privado”, fundamentó Paganini.
Sobre la posibilidad de que el cambio cause la pérdida de grandes clientes al ente, el jerarca afirmó: “Evidentemente que a UTE la va a poner, en el sector de grandes consumidores, en un mayor nivel de competencia, pero bueno, hay que hacerlo de manera justa, tiene que competir con las armas que pueda competir. Pero si puede competir es medio erróneo (pensar) que va a perder todos sus clientes… Si partimos de esa base, estamos diciendo que no podemos competir”.
Sobre las declaraciones de Cardona, Paganini dijo que “históricamente” los grandes consumidores han tenido en UTE tarifas diferenciales más convenientes respecto a los residenciales.
Apuntó que los cambios que se proponen no afectan a los contratos de los generadores (de eólica principalmente) que le tienen vendida la energía y la potencia a UTE a 20 años, sino que se apunta a atraer nuevas inversiones en parques fotovoltaicos o eólicos para que le puedan vender a un gran consumidor. “Hay que pensar que van a haber nuevas inversiones y nuevos consumos; esto no es pensando en el hoy sino en ir resolviendo un tema de mediano y largo plazo. (...) Y vamos a tratar de hacerlo en acuerdo con las partes, o sea, que si la UTE tiene reparos los trataremos de tomar en cuenta”.
El borrador
El origen del borrador del decreto elaborado por el MIEM se remonta a marzo, cuando la Administración del Mercado Eléctrico (Adme) organizó un taller con la intención de recibir propuestas para implementar cambios en el cálculo de la potencia firme. Los invitados fueron la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la DNE, la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee) y UTE. Esa actividad fue la largada de una maratón de varias etapas que, a la llegada, tendrá un nuevo marco regulatorio en el mercado mayorista de la energía eléctrica con el fin de que existan contratos entre privados. Hoy en todos los contratos de energía de fuentes renovables, UTE es una de las partes.
La etapa siguiente fue en julio, cuando comenzaron las reuniones técnicas de UTE con el MIEM para analizar la propuesta del Ejecutivo.
En ese primer borrador de un proyecto de decreto al que accedió Búsqueda el Poder Ejecutivo plantea la “conveniencia” de adecuar el marco en cuanto al requerimiento de garantía de suministro y potencia firme para los distintos participantes del mercado. También señala que es preciso implementar otra metodología de cálculo de la potencia firme de largo plazo que permita incorporar a su determinación las energías renovables no convencionales. Considera “pertinente” —agrega— modificar el sistema de garantía de suministro vigente con el fin de “fomentar” el mercado mayorista de electricidad y “simplificar el sistema”.
Sin embargo, el texto “ha ido cambiando” y lo va a seguir haciendo hasta que esté pronta la redacción final, informaron a Búsqueda fuentes de UTE.
Para el vicepresidente del ente, Julio Luis Sanguinetti, “así como está” el proyecto “obliga a estudiar las sensibilidades” de cómo puede afectar que “cambien las reglas de juego” (Búsqueda Nº 2.151).
En tanto, Cardona sostuvo en su cuenta de Twitter que el borrador es “injustificable e injusto” y “no tiene razón de ser para UTE”. De acuerdo con las estimaciones realizadas en el despacho de la directora del Frente Amplio, si se firma este decreto se generaría “una pérdida media” para el ente de US$ 54 millones al año.
“Perjudica a la sociedad”
En agosto, los directores de UTE recibieron el borrador de decreto y lo derivaron a las gerencias del ente para “emitir a la brevedad” una opinión, según consta en una resolución del Directorio.
Distintas gerencias mostraron sus reparos. La propuesta de decreto de la DNE no resulta adecuada a la “realidad actual del sistema” y del ente ,y entienden que contempla “planteos de los generadores privados”, surge de una serie de documentos internos a los que accedió Búsqueda.
Uno de esos informes, del 13 de setiembre, firmado por las gerencias de Asesoría Legal y Notarial, de Planificación, de Comercialización Mayorista y Regulación y del Área Asesor Técnico Jurídico, cuestiona que el proyecto de decreto del Ejecutivo “no contempla las propuestas de UTE” sobre una metodología para determinar la potencia firme ni tampoco las de establecer un período de transición. Para el cálculo de la potencia firme, lo que plantea el MIEM “presenta fallas”, según las gerencias, como la “mezcla horas no homogéneas” y “no se reconoce la flexibilidad y capacidad de gestión de las centrales hidráulicas”.
Sostienen que el planteo va “mucho más allá del tema específico”, propuesto en la reunión del 24 de marzo convocada por la Adme.
Afirman que se “altera el tratamiento de ajustes regulatorios” y recuerdan que la Ursea suele contratar una consultoría independiente para tratar estos temas. Además, entienden que la propuesta “no se acompaña con un estudio de impacto económico”, que a su juicio “será importante”.
Las gerencias de UTE opinaron que el borrador “plantea un ajuste normativo de gran magnitud” que depende del momento actual, en el que el sistema tiene “suficiente potencia y energía”. Se “apunta a un desarrollo del mercado sin responder a señales de eficiencia” y hay una “mirada cortoplacista” que genera una “inestabilidad regulatoria”.
El proyecto del MIEM implica un “subsidio encubierto para los clientes libres” que sería pagado por los regulados, dicen las gerencias en referencia a la propuesta de eliminar la obligación de contratar un mínimo de potencia. Esto repercutiría en “la sostenibilidad de UTE” y presionaría “al alza las tarifas” y la “disminución de la versión de resultados” a Rentas Generales. “En ambos casos se perjudica a la sociedad, ya sea que tomemos en cuenta a la demanda regulada del sector eléctrico o al aporte de la empresa pública a las cuentas del Estado”, explican.
A su vez, el “riesgo de costos adicionales para la demanda regulada” y un “debilitamiento” de la garantía de suministro provocaría que el sistema eléctrico quede en “una situación más vulnerable, en lo que respecta a garantizar el suministro a sus consumidores”, advierten.
La eliminación de la reserva anual de energía y que se conserve solo la reserva nacional provocaría que esta quede “sin eficiencia para garantizar el suministro”. El Servicio de Reserva Nacional está vigente desde 2002, pero en la práctica no ha sido aplicado.
Esta reserva surgiría por licitaciones realizadas por Adme, lo que “compromete la seguridad de pago percibida por los ofertantes”, sostienen los gerentes. También consideraron que “no es viable” que esa agencia “dirija estos procedimientos” y que además origina un “conflicto de interés” (porque está integrada por los privados). Se produce “una importante incertidumbre” sobre la “efectividad del mecanismo para lograr la instalación de nuevas centrales” generadoras de energía, concluyen.
Los “ganadores”
