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La importancia de la certificación en las ciencias forenses: el caso de la Antropología Forense
En una región donde los resultados de la violencia, crimen organizado y desapariciones masivas llegan a saturar los servicios forenses, es indispensable fortalecer la formación académica y la certificación de profesionales forenses debe procurarse
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Bajo el marco de la definición de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) en su guía de buenas prácticas (ALAF, 2016), la antropología forense consiste en la aplicación de las teorías, métodos y técnicas de la antropología social, la arqueología y la antropología biológica aplicados a los procesos de búsqueda y recuperación de cadáveres, análisis e identificación humana y esclarecimiento de los hechos en casos judiciales o humanitarios.
El inicio de la disciplina en Latinoamérica tuvo lugar en Argentina en 1984 y se extendió a otros países de la región, mayoritariamente como respuesta a las organizaciones de Derechos Humanos que demandaban respuestas en relación con los crímenes cometidos en contextos de violencia política.
Desde entonces, la aplicación de la antropología forense a la investigación de desapariciones forzadas, circunstancias de muerte e identificación de restos humanos ha sido constante en muchos de nuestros países, de tal manera que han surgido múltiples ONG forenses y varios antropólogos se han incorporado a los servicios medicolegales de cada Estado en la región.
Formación y práctica de la Antropología Forense en el mundo y la región
La formación de grado y posgrado de quien ejerce la antropología forense varía enormemente en función del país. A pesar de que el modelo anglosajón ofrece maestrías y doctorados de fuerte carácter teórico; las prácticas con restos humanos reales son limitadas. Esta carencia obedece a restricciones legales, éticas y de bioseguridad institucionales. Asimismo, el ingreso a estos posgrados se ve obstaculizado por procesos de selección rigurosos, costos económicos elevados y una oferta de becas insuficiente.
La academia en Latinoamérica no ha logrado absorber la demanda de formación profesional que exige el trabajo pericial diario en las morgues e institutos forenses. En consecuencia, los futuros peritos subsanan esta deficiencia con diplomados, cursos de especialización técnica, o escuelas de entrenamiento independiente a la par de un trabajo diario en el que enfrentan un escenario de gran volumen pericial. En el mejor de los casos, la idoneidad técnica se consolida in situ.
Ambas situaciones deben atenderse: sin un ejercicio práctico el dominio teórico resulta insuficiente y la falta de un sólido marco teórico puede impedir sustentar un dictamen pericial.
La certificación
La creación de un proceso de certificación en Latinoamérica fue desde los inicios de la ALAF, uno de los objetivos fundamentales. Tras una larga etapa de reflexión, análisis y discusión, en el año 2013 se estableció el Directorio Latinoamericano de Antropología Forense (DLAF) y en el año 2023 el Directorio Latinoamericano de Arqueología Forense (DLArF). Cada uno es el encargado de diseñar e implementar los exámenes de certificación, así como de difundir los estándares internacionales y recomendaciones de buenas prácticas para la aplicación de la antropología forense. El mecanismo de selección implica la evaluación del recorrido educativo del postulante, experiencia y trayectoria. En caso se ser admitido, el aspirante deberá aprobar una exigente evaluación de competencias teóricas y prácticas.
La rigurosidad del proceso de la ALAF ha adquirido prestigio internacional, atrayendo a profesionales de otras regiones, contando con un registro actual de 42 profesionales certificados provenientes de distintas latitudes.
Conclusiones
En una región donde los resultados de la violencia, crimen organizado y desapariciones masivas llegan a saturar los servicios forenses, es indispensable fortalecer la formación académica y la certificación de profesionales forenses debe procurarse.
Los estándares de calidad, las buenas prácticas, la aplicación de los más estrictos criterios científicos y la acreditación del personal forense son los pilares del debido proceso.
