Furtado dijo que el tema es de especial preocupación por cómo esta violencia afecta los derechos políticos de las mujeres y, por ende, el ejercicio democrático en general y, por otro lado, por la sola necesidad de saber más. “Necesitamos describir la problemática con el fin de prevenirla y denunciarla“, concluyó.
En 2022, ONU Mujeres se asoció con la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información para realizar un estudio entre mujeres con voz pública de diferentes países de Latinoamérica que habían sufrido ataques en línea por sus actividades políticas. Este derivó en un subestudio para Uruguay que analizó más de medio millón de publicaciones en X y concluyó que las mujeres que se posicionan o hablan respecto a temas de actualidad y política sufren casi el doble de ataques violentos que los hombres, más aún si están a favor de la igualdad de género.
Todas las entrevistadas manifestaron haber sido objeto de discursos de odio con comentarios violentos, machistas, misóginos y racistas por redes sociales, principalmente por parte del género masculino, y de cuentas tanto anónimas como no. Además, recibieron amenazas de agresión física por mensaje privado, algunas por WhatsApp, otras por correo electrónico y varias, por la calle.
Las mujeres que se posicionan o hablan respecto a temas de actualidad y política sufren casi el doble de ataques violentos que los hombres, más aún si están a favor de la igualdad de género.
La amenaza de daño físico más frecuente es la de violación, siempre poniendo a la penetración como la acción disciplinadora por excelencia. “La amenaza opera sobre el convencimiento de que es posible”, lamentó Furtado.
Está claro que este tipo de violencia traspasa la virtualidad, tiene consecuencias concretas y visibles por fuera de los entornos digitales y, además, al repetirse sistemáticamente, termina restando voces al debate público, ganando por hartazgo. Efectivamente algunas de las entrevistadas se retiraron por un tiempo de su actividad tras haber sido objeto de estas reacciones, y varias practicaron la autocensura.
¿Qué es la desinformación de género?
Es importante señalar que no toda violencia política hacia mujeres es violencia política de género. Todo candidato, independiente de si es hombre o mujer, puede ser (seguramente sea) objeto de violencia solamente por lo público de su imagen. Pero cuando ese ataque está dirigido estratégica y exclusivamente a mujeres o personas con identidades interseccionales por su condición de mujer o identidad no normativa, pasa a ser un acto de violencia de género.
La principal forma de violencia política es la desinformación, y en cuestiones de género, también. La desinformación de género es la construcción de prejuicios y estereotipos basados en normas sociales y culturales con raíces misóginas y sexistas, que amenazan, ningunean y silencian a las mujeres de una actividad (política) con el fin de desalentar su participación al punto de hasta excluirlas, entrometiéndose en su vida familiar, íntima y hasta sexual.
Así es como, según la encuesta de Fundación Multitudes que presentó la licenciada en Comunicación y Ciencias Políticas Paula Ibarra, especialista en violencia en línea de ONU Mujeres, el 56% de las activistas entrevistadas decidieron no entrar en la vida pública por la sola posibilidad de convertirse en objeto de una campaña de desinformación de género.
La desinformación hacia los hombres tergiversa lo que piensan, mientras los ataques a las mujeres se enfocan en el hecho de ser mujer: desde “feminazi”, pasando por “reaccionaria”, “histérica”, y hasta “abortera”. Sin mencionar que las mujeres en toda su diversidad —mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, inmigrantes, con discapacidad, LGBT…— sufren estas y otras manifestaciones de violencia, más dirigidas a sus disidencias. Ibarra señaló que esos casos son casi seis veces más propensos a convertirse en víctimas de campañas de desinformación.
El 56% de las activistas entrevistadas decidieron no entrar en la vida pública por la sola posibilidad de convertirse en objeto de una campaña de desinformación de género.
La desinformación de género no solamente tiene por objeto a una mujer y su entorno, sino también a la institucionalidad que representa. Otro problema es que varias mujeres lo naturalizan, lo ven como un fenómeno común de la vida pública con el que se lidia engrosando la piel.
La subrepresentación: una forma de violencia de género
Que haya más hombres en los espacios de toma de decisión que mujeres no es ninguna novedad, aunque la región avanzó muchísimo en cuanto a la representación de género en cargos políticos.
Desde ONU Mujeres se identifica que así como crece la participación, también crece la violencia que las mujeres reciben. Eso impacta en las candidaturas y las campañas y, a la vez, alimenta que no se las considere tanto en la conformación de los equipos. Por lo tanto, se las ataca porque están subrepresentadas y están subrepresentadas porque se las ataca.
Pero esta violencia no solo limita el acceso de las mujeres a la política, sino su derecho a expresarse y el ejercicio de su opinión, por lo tanto, es un ataque directo a la participación ciudadana y a la plenitud de una democracia.
Aunque está estudiado que a nivel parlamentario las mujeres ya superan el 30% de representación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que llevará 40 años alcanzar la igualdad.
“La estructura política es superpatriarcal. En los partidos políticos las mujeres en general no son bienvenidas porque la política es una disputa de poder y si entra una mujer, significa mover a algún hombre de esos espacios”, señaló la exdirectora de Comunicación de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la chilena Paula Walker. En el conversatorio, Walker habló de las dificultades que atravesaron con Bachelet y advirtió “a las mujeres que quieren seguir este camino” que es “muy duro”; “afecta a la familia, y las mujeres somos muy cuidadosas con nuestras familias”.
Esta violencia no solo limita el acceso de las mujeres a la política, sino su derecho a expresarse y el ejercicio de su opinión, por lo tanto, es un ataque directo a la participación ciudadana y a la plenitud de una democracia.
La politóloga bonaerense y analista en el Área de Gobernanza y Participación Política de las Mujeres de ONU Mujeres, Amy Rice Cabrera, dijo todavía estar muy lejos de tener mesas de toma de decisiones que incluyan a las mujeres, sus necesidades, perspectivas y derechos. “Aunque somos más del 50% de la población del mundo, solo 27 países fueron liderados por mujeres como jefas de Estado o de gobierno y se estima que llevará 130 años alcanzar la paridad, la igualdad de género en las más altas esferas de toma de decisión“, aseguró.
No es solo un problema de redes sociales
Las redes sociales representan la amplificación de este problema, a la vez que son el medio propicio para también frenar, sancionar y hasta prevenir cuando se habla de violencia basada en género. El ámbito virtual y el interior de los partidos políticos son los principales entornos en donde se manifiesta esta forma de violencia.
Se advierte la aparición sistemática de troles —personas con identidad desconocida que publican mensajes provocadores— o el uso intensivo de net centers —personas (anónimas o no) pagadas para manipular e incluso deshacer la reputación de alguien—, lo que deriva en el doxeo —revelar intencional y públicamente información personal sobre una persona— y las fake news. Todo esto atemoriza a la víctima y la corre a un lado del debate.
“La era digital va mucho más rápido de lo que vamos nosotros, de lo que van las políticas públicas, de lo que van los gobiernos, de lo que van las Naciones Unidas, pero además, por el hecho de ser mujeres, vamos a estar más atrás todavía”, se concluyó en el encuentro de ONU Mujeres. Y es que casi todas las especialistas en el tema hicieron referencia a que al día de hoy, entre niños y niñas de un mismo salón de clases existe una brecha en cuanto a, por ejemplo, las habilidades tecnológicas. Por lo tanto, se entiende que una de las formas para combatir las expresiones de violencia digital es la temprana alfabetización digital.
Durante el conversatorio se dejó en claro que la hiperregularización no resolvería nada; que por más bien redactada que estuviera cualquier ley, la realidad tecnológica la superaría en un abrir y cerrar de ojos.
Lo que habría que hacer y nadie hace es abandonar “los frentes dispersos”, los “impulsos aislados, sectoriales, regionales” y generar “verdaderos consensos” desde los Estados, que son quienes pueden hacer rendir cuentas a las empresas de tecnología, entendiendo a las redes sociales como la industria que son y que, por tanto, deben estar sujetas a marcos legales. De esta manera se apuntaría a combatir el problema a partir de un diálogo constructivo entre los sectores públicos, privados (las mismas empresas tecnológicas) y la sociedad toda en su conjunto, para que todas las partes reconozcan el valor de la tecnología, pero también sus límites y las responsabilidades que se deben respetar para garantizar una convivencia justa.
Pero antes de eso, lo más importante es eliminar el fantasma de que existe un vacío legal en cuanto a la tipificación de esta violencia. Dentro del marco normativo internacional hay compromisos asumidos, como los de la Convención de Belém do Pará y el consenso de Quito, que invitó a los Estados firmantes a adoptar medidas legislativas contra la violencia política de género; o la Ley Moderna Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. En Uruguay, desde 2017 existe una ley que reconoce y define lo que es la violencia contra las mujeres basada en género, que particularmente profundiza en lo que es la violencia política y la violencia mediática.
Entonces, tener una ley no lo garantiza todo. Según Laura Albayne, licenciada en Ciencia Política de Argentina que ha ofrecido asesoramiento técnico en diversos países para diseñar e implementar estrategias institucionales para prevenir, mitigar y sancionar la violencia política contra las mujeres, los textos legales deben ser acompañados por la cultura política, en la cual “también está enraizado el sistema patriarcal”. “La impunidad tiende a reproducir este tipo de prácticas”, señaló Albayne, quien además mencionó que no hay leyes sin operadores de justicia competentes que las implementen.
El verdadero gran vacío legal es respecto a las redes sociales, que son las mismas que pueden impulsar campañas de sensibilización sobre la propia violencia que amplifican, especialmente de la de género.
Tanto a través de ellas como de forma penal la damnificada siempre tiene como herramienta la denuncia, pero el derecho a denunciar tiene un largo camino por delante, que es estructural; un proceso engorroso que es igual de engorroso en todas las esferas, que desgasta emocionalmente y, para el caso, puede costar una carrera política. “Es una herramienta con muchísimas limitaciones para combatir la violencia en redes, mucho más para la violencia basada en género y todavía más para la violencia política”, según informó durante el conversatorio la periodista Carolina Mola, diplomada en Derecho a la Libertad de Expresión e integrante del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) desde 2012. Mola dijo que hay un registro “alarmante” de denuncias de casos de agresiones en línea a mujeres, pero lamentablemente en el mundo del periodismo y la política esa violencia está naturalizada, es vista como parte de las reglas del juego: “Parece que tengo que asumir que la humillación pública, el maltrato público, la violencia política y la violencia digital son parte de mi vida”.
El 80% de las denunciantes, constató Mola, admite haber limitado su participación en redes, omitiendo opinar o manifestarse sobre determinados temas luego de haber recibido un ataque digital. Un tercio de ellas cambió de puesto laboral. La cuarta parte vivió un despido. El 90% temió por su integridad física.
Cómo defenderse
Walker finalizó su disertación con un llamado concreto: “No dejen de defenderse”, porque cuando las personas no se defienden, quienes están del otro lado de alguna manera entienden que es porque aquello de lo que se las acusa es cierto. La chilena señaló que, ante la duda de quién puede proteger a las mujeres de la desinformación de género, “es muy importante que ocupen (que no cedan) sus espacios”.
Es muy duro defenderse, porque ahí vuelve a aparecer el ataque, pero esa es la primera salida: “Las mujeres podemos ser las más increíbles del mundo, pero tenemos un problema de autoestima, parece que naciéramos con ese problema. Nos falta confiar y creernos buenas en lo que estamos haciendo, no se necesitan 18 diplomas para comprobarlo”.
Es muy importante que ocupen (que no cedan) sus espacios Es muy importante que ocupen (que no cedan) sus espacios
Otra clave que señaló Walker está en la conformación de los equipos, buscar una cooperación diversa y que, si no funciona, no le tiemble la mano a nadie a la hora de desarmarlos y corregirlos. Esto sin olvidarse de la sororidad, de ser solidarias entre las mujeres, “que bastante nos cuesta apoyarnos entre nosotras; las mujeres somos estrictas, somos severas”.
La última de las claves de Walker es el humor: “Las va a salvar, les va a permitir hacer este camino más andable, la condena no es para siempre”, concluyó la chilena.
Se entiende que “ponerle el cuerpo” a la situación tiene sus costos y la urgencia de abordar estos temas es por la necesidad de minimizar esos costos y no solo en el ámbito digital, ya que esta violencia se materializa en la vida diaria.
No se trata solamente del compromiso de las mujeres, sino de que los varones también entiendan que tienen la posibilidad de desarticular esta hostilidad muchas veces normalizada con excusas, como “la política es así” o “si no podés con esto, ¿para qué te metiste?”.
Y la denuncia tampoco tiene que limitarse a las redes sociales, porque lo virtual es real. La dependencia a las redes sociales ha permeado tanto que parece que sin ellas no pudiera existir el intercambio de opiniones, cuando en realidad el debate público jamás debería depender de una plataforma que no solo no protege, sino que, a través de ella, se atenta contra derechos fundamentales, como el de expresión.
Como señaló Walker, el derecho a votar implica también el derecho a ser elegida.
