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La semana pasada participé nuevamente —y fui testigo de la consolidación— de un evento trascendente para el país, que combina de manera virtuosa algunos de los factores más relevantes de la economía uruguaya —el agro como principal motor productivo, el turismo como plataforma de proyección internacional— y ese espacio donde el placer y los negocios conviven sin contradicción. Agro en Punta 2026 fue, en ese sentido, un éxito tanto en su organización como en la calidad de la conversación que logró instalar.
El encuentro volvió a confirmar algo que ya no admite demasiadas discusiones: el agro en Uruguay dejó de ser solo un sector productivo para convertirse en una palanca estratégica de crecimiento, inversión y estabilidad de largo plazo. Pero, quizás más importante aún, fue el ámbito donde se explicitó con franqueza una conversación que el país viene postergando desde hace demasiado tiempo: qué cambios estructurales necesita Uruguay para volver a crecer de forma sostenida.
En ese marco, la presentación del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue uno de los puntos más relevantes del evento. Con un enfoque directo y sin eufemismos, planteó que Uruguay enfrenta límites claros si no avanza en un conjunto de reformas microeconómicas profundas, orientadas a mejorar costos, eficiencia y competitividad real. No se trata de consignas generales, sino de decisiones concretas que impactan en energía, logística, transporte, innovación, forestación y gobernanza portuaria.
Oddone puso el foco en una idea central: Uruguay no busca —ni debe buscar— ser un país “barato”, sino competitivo de manera sostenible. La estabilidad macroeconómica, que ha sido una fortaleza histórica del país, necesita estar acompañada por reformas microeconómicas que habiliten negocios de largo plazo. Uruguay no es, ni será, un territorio para apuestas rápidas; sí puede ser un país confiable para inversiones que piensan en décadas.
El diagnóstico, sin embargo, también dejó en evidencia desafíos estructurales persistentes. Uruguay carece de un mercado de valores profundo, el crédito productivo y el crédito hipotecario no funcionan como verdaderos motores del desarrollo y la economía continúa altamente dolarizada. Aun así, resulta interesante constatar que la unidad de cuenta en pesos ha mostrado, en los hechos, una estabilidad superior a la del dólar, lo que abre una ventana de oportunidad si se diseñan instrumentos financieros adecuados.
El ministro fue particularmente contundente en otro punto que suele esquivarse en el debate público: crecer al 1% no alcanza. En un país con una población envejecida, problemas estructurales de pobreza infantil y un sistema de protección social exigente, el bajo crecimiento erosiona la convivencia social y compromete la sostenibilidad del modelo. La consolidación fiscal, el orden y la eficiencia del gasto público no son opcionales, son condiciones necesarias. Las reformas no serán sencillas, pero postergarlas resulta, en términos económicos y sociales, mucho más costoso.
En ese contexto, Agro en Punta 2026 cumplió un rol particularmente valioso: logró articular en un mismo espacio producción, política económica, financiamiento e inserción internacional. Mostró que el agro puede y debe ser parte de la solución no solo como generador de exportaciones, sino como eje de un modelo de desarrollo más moderno, abierto y competitivo.
Uruguay tiene una oportunidad clara por delante. Pero aprovecharla exige algo más que diagnósticos compartidos: requiere decisión política, coordinación público-privada y una visión estratégica de largo plazo. Es momento de transformar la estabilidad en crecimiento, y el crecimiento en bienestar sostenible.
La discusión ya está planteada. El desafío ahora es convertir estas ideas en reformas concretas y en proyectos de inversión reales.
