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He tenido el honor de haberme desempeñado como uno de los negociadores del tratado denominado Estatuto del Río Uruguay del 26.2.1975, que constituyó la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y de haber fungido, como presidente de la delegación uruguaya ante esa comisión binacional, desde 1985 a 1996, en forma honoraria.
Por haber participado en su génesis y en gran parte de su desarrollo sigo con interés lo que acontece en la CARU que ofrece, en la actualidad, un escenario de franco deterioro con una delegación uruguaya sin especialistas que perciben una remuneración superior a la que percibe el Presidente Orsi, y donde las noticias que trascienden no son para nada auspiciosas en cuanto a que ese estado de situación pueda revertirse a corto plazo.
La delegación argentina, que está integradas por cuatro miembros cuando debiera tener cinco, ha formulado diversas propuestas rechazadas por la delegación uruguaya por improcedentes, pero, lamentablemente no todas han llevado la misma suerte en particular lo que refiere al manejo de los recursos financieros ya que obtuvo que la CARU le deposite U$S 50 mil dólares mensuales en una cuenta de esa delegación en el Banco Nación (Montevideo), que maneja discrecionalmente.
Es claro que eso se llevó a cabo con el acuerdo de la delegación uruguaya puesto que la afectación de los recursos de la CARU debe de efectuarse de común acuerdo entre los representantes de ambos países y también, es claro que es absolutamente incorrecto el destino que se le ha dado a esos fondos.
Pero no es un caso aislado de manejo indebido de los recursos de la CARU , en una nota de Comex Latam, se expresa al respecto que “a ese flujo mensual se suman beneficios adicionales solventados íntegramente por la CARU. Entre ellos figuran oficinas compartidas con la Cancillería, vehículos de alta gama, algunos con chofer, cobertura total de combustibles, peajes, viáticos y alimentación…“.
Ante este panorama tan ominoso, la CARU deberá considerar la licitación para el dragado y mantenimiento de los canales en el Río Uruguay y particularmente, el proyecto ejecutivo de la planta para el procesamiento del hidrógeno verde por parte de HIF Global que acaba de firmar un acuerdo con la compañía alemana German eFuel One a la que le suministrará el combustible que se obtenga de la planta en Paysandú.
En mi opinión, ese proyecto debe ser presentado ante el plenario de la CARU, conforme al art. 7 del Estatuto del Río Uruguay para que se expida, en un plazo de 30 días, si ese complejo industrial es de entidad que afecte al régimen del río, a la navegación a la calidad de las aguas y conforme a las disposiciones siguientes, de no arribarse a un acuerdo, se deben iniciar negociaciones directas por 180 días y, si estas fracasan, se podrá recurrir a la Corte Internacional de Justicia.
El emprendimiento de HIF Global, con una inversión de U$S 5. 400 millones dólares, es de una enorme importancia para el país y podría generar miles de fuentes de trabajo. Por ende, todo este tema de la consulta ante CARU no se puede encarar en forma omisa o negligente por parte del gobierno nacional. No se puede dejar, exclusivamente, en manos de la delegación ante esa comisión binacional, que se caracteriza por su falta de idoneidad, una cuestión de tan enorme trascendencia. Es necesario e impostergable que la Cancillería asuma la responsabilidad que le corresponde en este asunto para evitar que se repitan situaciones similares a las desastrosas que se produjeron en el caso Botnia y de las cuales puedo dar testimonio por haber integrado el equipo legal del Uruguay cuando se dilucidó la controversia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace 20 años.
