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Sí, el uso de cannabis conlleva riesgos y puede provocar daños. Por eso, su mercado no puede estar en manos de redes criminales. A no confundirse: el riesgo inherente a la sustancia no cuestiona la conveniencia de su regulación legal; al contrario, la justifica plenamente. Esta premisa responde a una pregunta fundamental planteada por la Comisión Global de Política de Drogas. Ante una sustancia riesgosa, ¿quién debe ejercer el control de su mercado: el Estado, mediante agencias de salud y regulación, o el crimen organizado, a través de la violencia y el narcomenudeo? Lejos de implicar la promoción del uso, la regulación constituye un acto de soberanía estatal que permite gestionar responsablemente los riesgos.
El primer estudio científico sobre los efectos del cannabis del mercado regulado en el cerebro, liderado por el doctor Rodolfo Ferrando (UdelaR) y difundido en la última edición de Búsqueda, detectó en consumidores habituales una reducción del flujo sanguíneo prefrontal y temporal, junto con caídas en memoria, atención y funciones ejecutivas. Nada de eso justifica un retorno a la retórica prohibicionista. El hallazgo demuestra más bien la urgente necesidad de regular: solo un mercado regulado permite al Estado controlar los perfiles psicoactivos, incluir en la oferta variedades de menor potencia —y, por lo tanto, más seguras— y exigir el correcto etiquetado que advierta de los riesgos reales del THC en cada producto. Conocer el porcentaje exacto de THC empodera al usuario frente al desamparo al que lo expone la clandestinidad.
La evidencia empírica contradice a quienes señalan que la regulación disparó el consumo. En Uruguay, la legalización no causó un aumento incontrolado del consumo general, y entre los adolescentes se detuvo la tendencia al alza. El tabaco es un claro precedente: su consumo mundial se redujo drásticamente con educación, impuestos y restricciones a la publicidad, sin criminalizar a los usuarios. La educación basada en la evidencia y el control estatal son mucho más eficaces que la amenaza de la persecución. Ese es exactamente el camino que estamos siguiendo con el cannabis.
Sin embargo, para que esta transición entre mercados sea efectiva, el diseño de la política pública debe ser dinámico y revisarse periódicamente sin complacencia. Según el último informe del Observatorio Uruguayo de Drogas, con datos hasta diciembre de 2025, la regulación formal alcanza a 113.548 personas habilitadas: el 52% de los 218.000 consumidores estimados en el país. Tres de cada cuatro se abastecen en farmacias —83.567 adquirentes inscriptos—; el resto se reparte entre los 557 clubes de membresía habilitados, que reúnen 19.589 miembros, y 10.392 autocultivadores registrados. El conjunto creció un 11% en el último año.
Si bien durante 2025 se comercializó cannabis en 56 farmacias habilitadas, persisten departamentos enteros con baja o nula cobertura de puntos de venta legales. El efecto de eliminar esta barrera geográfica es directo: en abril de 2025, la apertura de una farmacia en Tacuarembó más que duplicó el registro de adquirentes en ese departamento (de 321 a 732 al cierre del año).
Asimismo, la introducción de la variedad Épsilon (con hasta un 20% de THC) a fines de 2024 impulsó un volumen récord de ventas legales, superior a cuatro toneladas anuales. Este hito demuestra que, cuando el Estado responde a las preferencias de los usuarios y ofrece abastecimiento oportuno, desplaza masivamente al narcotráfico. Allí está el éxito principal de esta política.
Para asfixiar definitivamente al mercado ilegal es indispensable implementar la “reforma dentro de la reforma”. No se trata de entregar el comercio a las corporaciones, sino de transitar hacia un esquema de control más flexible. Cuatro medidas permitirían completar el avance sobre los sectores que permanecen fuera del perímetro legal: eliminar el registro obligatorio y centralizado de consumidores en farmacias —el principal desincentivo, por el temor al estigma y a la exposición de datos personales— y sustituirlo por un estricto control de edad con la cédula de identidad en el punto de venta; expandir las licencias de producción en distintas regiones y formatos; descentralizar el acceso territorial con dispensarios controlados de presentación neutra, sobre todo en los municipios sin farmacias adheridas; y habilitar, de forma regulada y con etiquetado adecuado, los prearmados, derivados y aceites de cannabis.
La regulación de los mercados de drogas no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de soberanía estatal para minimizar los daños y recuperar el control. Uruguay demostró que otro paradigma es posible; ahora corresponde perfeccionar su diseño con coraje y pragmatismo.
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