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Octubre de 2026: otro mes más de concientización sobre ciberseguridad. Una buena oportunidad no solo para repetir los consejos de siempre, sino también para preguntarnos qué tan rápido estamos fortaleciendo la infraestructura, los procesos y los controles en la región.
En América Latina, la digitalización financiera avanza a pasos agigantados: pagos instantáneos, billeteras digitales, compras, préstamos en línea y nuevos actores en el sistema. Todo esto trajo beneficios concretos para millones de personas, pero también aumentó el riesgo de fraudes. Hoy, la mayoría de los ataques no explotan fallas técnicas, sino que explotan la confianza del propio usuario.
Los reguladores del sector financiero han ido respondiendo. En Brasil, por ejemplo, se crearon mecanismos para compartir información sobre indicios de fraude y se incorporaron controles en los pagos instantáneos. Chile actualizó su ley sobre fraudes con medios de pago, mientras que otros países aumentaron las exigencias de autenticación y de gestión de riesgos. Los caminos varían, pero el objetivo es el mismo: más autenticación, mejor monitoreo y mayor protección para la gente.
Uruguay es un ejemplo de este proceso. En agosto de 2025, el BCU puso a consulta una propuesta para reforzar la seguridad de los instrumentos electrónicos, que fue aprobada mediante una circular de enero de 2026. Desde este octubre, rigen diversas medidas, entre las que se incluyen la autenticación reforzada para acceder a canales digitales y modificar datos sensibles, así como el aviso al cliente ante intentos de cambio de claves o de datos de contacto. Otras medidas siguen en análisis.
Este caso refleja un patrón común en la región. Diseñar una norma, consultarla, ajustarla e implementarla lleva tiempo y, por razones en muchos casos válidas, requiere adaptar sistemas, ajustar procesos y coordinarse con proveedores. El problema es que esos plazos corren mientras las estafas se vuelven cada vez más sofisticadas. Más de un año entre la consulta y la implementación en el caso uruguayo. En nuestro informe anual comentamos que en Uruguay pasamos del 5% al 8% de los usuarios de internet que son víctimas de estafas con impacto económico en un año.
Por eso tenemos que preguntarnos cómo podemos acelerar el ritmo. Priorizar los controles de mayor impacto, implementarlos por etapas y aplicar medidas transitorias mientras se completa la adecuación son algunas ideas. Aprovechemos este mes no solo para concientizar, sino también para tomar impulso y avanzar mucho más rápido.
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