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    Respetar la Constitución

    Sr. director:

    La Constitución vigente es el marco jurídico que los ciudadanos nos damos y que nos obliga a todos por igual, sin excepciones. También a los legisladores, cualquiera sea la cantidad de votos que sumen. ¿O lo político está por sobre lo jurídico?

    Lo anterior viene a cuento del proyecto de ley que pretende transformar la Defensoría Pública en un servicio descentralizado, sacándola de la órbita del Poder Judicial y vinculándola al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Fue presentado por la bancada de senadores del Frente Amplio en la legislatura pasada, con el impulso del entonces senador Charles Carrera. La bancada frenteamplista lo retomó en esta legislatura y promovió su tratamiento. El Senado lo aprobó el 14 de octubre de 2025 por 29 votos en 30, pero hoy sigue estancado en Diputados.

    Más allá de las motivaciones de la reforma, el proyecto ha recibido cuestionamientos de distinta índole. En esta columna me interesa atender a los que apuntan a la posible inconstitucionalidad del texto, que ya cuenta con media sanción.

    Durante su estudio en el Senado, los constitucionalistas Martín Risso y Jaime Rubén Sapolinski advirtieron que el proyecto afectaba competencias que la Constitución atribuye a la Suprema Corte de Justicia. Risso sostuvo, además, que para efectuar el cambio propuesto era necesario reformar la Constitución, objeción que reiteró al aprobarse el proyecto.

    Ya en Diputados, John Pérez Brignani, entonces presidente de la Suprema Corte, cuestionó la transferencia de bienes del Poder Judicial sin contraprestación, por entender que contravenía el artículo 32 de la Constitución.

    En una carta publicada en este medio el pasado 12 de noviembre, el doctor Jorge Cassinelli también cuestiona el proyecto. Entiende que fortalecer la autonomía de la defensa pública no exige necesariamente separarla de la estructura judicial y que quienes defienden esta solución deben justificar tanto su conveniencia como su constitucionalidad.

    No pretendo abordar el problema técnico concreto para lo que se requiere una especialidad que no tengo. Pero como ciudadano sí puedo exigir que se esclarezcan las objeciones constitucionales antes de aprobar una norma que modifica competencias de otro poder del Estado. Los legisladores deben explicar con claridad por qué consideran que pueden avanzar y responder a los reparos de los especialistas. Haber reunido los votos necesarios demuestra capacidad de acuerdo. No demuestra que se hayan respetado las disposiciones constitucionales.

    Me viene a la memoria aquella frase de José Mujica: “Lo político está por encima de lo jurídico”. La expresó en torno al controvertido ingreso de Venezuela al Mercosur en 2012. Después la matizó: distinguió la política como origen histórico del derecho de la obligación de respetarlo en la vida cotidiana. Vale recordar esa aclaración. Pero también vale discutir la idea que trascendió y que tal vez aún siga viva en la mente de algunos: que una razón política suficientemente importante permite pasar por encima de una regla jurídica, que, en este caso, sería nada menos que nuestra Constitución.

    La política crea y modifica normas, por supuesto. Pero los gobernantes y legisladores ejercen atribuciones que esas mismas normas delimitan. Si consideran que la Constitución impide una reforma necesaria, pueden promover su modificación por los procedimientos previstos. Lo que no pueden es concederse una excepción porque el objetivo les parece bueno o porque han conseguido ponerse de acuerdo.

    La Constitución sirve, precisamente, para limitar a quienes tienen poder. Defenderla resulta cómodo cuando frena al adversario. La prueba llega cuando dificulta algo que nosotros queremos hacer. Ahí se ve cuánto valor damos a los límites y cuánto nos molesta tener que respetarlos.

    No toda interpretación discutible implica mala fe. Pero avanzar sin esclarecer objeciones serias merece un reproche público. No alcanza con confiar en que, si hay un problema, se resolverá después. El Parlamento tiene su propia responsabilidad antes de aprobar una ley. Y los ciudadanos tenemos derecho a exigirle que la cumpla, incluso aunque eventualmente compartamos el propósito de la reforma.

    Diputados debería frenar este proyecto hasta responder de manera convincente las objeciones que subsisten. Si no logra hacerlo, debería desecharlo. No veo prudencia en sumar otra aprobación a una controversia abierta sobre las atribuciones de los poderes del Estado. Los ciudadanos merecemos sentir que la democracia se cuida bien. Y que nuestra Constitución se respeta, se valora y se cuida.

    Comparto con Cassinelli que “la Constitución no es un obstáculo que deba sortearse para alcanzar determinados objetivos políticos o administrativos”, sino “el marco jurídico que obliga, sin excepciones, a todos los poderes públicos”. No nos damos estos límites para incordiarnos, sino para proteger los derechos y las garantías de todos. Pretender sortearlos por conveniencia política es una mala práctica que no podemos dejar de señalar.

    Leonardo Decarlini