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    La política portuaria

    Sr. director:

    El Frente Amplio llegó al gobierno con una propuesta bastante precisa en materia portuaria: consolidar un Sistema Nacional de Puertos, fortaleciendo a la Administración Nacional de Puertos (ANP) como autoridad portuaria, otorgándole un papel central en la planificación, coordinación, promoción y desarrollo de la actividad portuaria del país.

    No se trataba simplemente de administrar los puertos existentes. Se proponía recuperar y fortalecer el papel estratégico del Estado en la conducción de una política portuaria nacional, entendiendo que los puertos constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo productivo, la competitividad, la inserción internacional y la integración regional del Uruguay.

    La concepción era clara: todos los puertos, públicos o privados, debían funcionar dentro de un sistema nacional, con una autoridad portuaria fuerte, que defina junto con el Poder Ejecutivo la política portuaria, que cumpla con su rol de asesoramiento, capaz de establecer lineamientos, evaluar proyectos, inversiones y promover el desarrollo equilibrado y complementario de la infraestructura portuaria.

    En ese esquema, la ANP no podía ser un organismo meramente administrativo ni un espectador de las decisiones que se adoptaran sobre el futuro de nuestros puertos. Debía ser el principal instrumento del Estado para estudiar, evaluar y promover las iniciativas portuarias, las inversiones, tanto públicas como privadas, y asesorar al Poder Ejecutivo desde una perspectiva integral del sistema portuario.

    Por eso resulta difícil comprender algunas de las decisiones que se están adoptando y, particularmente, la decisión de retirar al presidente de la ANP de la conducción del organismo para asignarle la responsabilidad de impulsar el proyecto de un puerto de aguas profundas en Rocha.

    La contradicción es evidente: si existe un organismo cuyos cometidos institucionales comprenden precisamente el estudio, la evaluación y el impulso de nuevos emprendimientos portuarios, ¿por qué se desplaza a su máxima autoridad para encomendarle esa tarea por fuera de la estructura del propio ente?

    ¿Qué sentido tiene hablar del fortalecimiento de la ANP como autoridad portuaria si, ante un proyecto de semejante trascendencia estratégica, se prescinde de ella como ámbito natural de análisis y planificación?

    No parece una decisión menor. Es una señal política e institucional que merece una explicación. Porque, lejos de fortalecer el papel de la ANP, se corre el riesgo de profundizar su debilitamiento, trasladando decisiones estratégicas a ámbitos paralelos y fragmentando la conducción de la política portuaria.

    También llama la atención que se coloque al ingeniero Pablo Genta al frente de esta iniciativa, si bien estuvo vinculado al anterior proyecto de puerto de aguas profundas impulsado durante el gobierno de José Mujica, su gestión al frente de la ANP ha sido objeto de cuestionamientos respecto de su capacidad para conducir el organismo.

    Conviene recordar que aquella iniciativa no prosperó y terminó siendo archivada durante la propia administración frenteamplista, siendo ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi. No se trata de negar la importancia de estudiar nuevamente aquella posibilidad, sino de preguntarnos qué cambió desde entonces, qué nuevos elementos justifican su reactivación y cuáles son los fundamentos técnicos, económicos, logísticos y comerciales que permiten sostener que hoy constituye una prioridad nacional.

    No estamos en contra de que Uruguay estudie la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas. Estamos en contra de que se transforme en una prioridad política sin haber definido previamente una estrategia portuaria integral y sin haber resuelto los problemas y desafíos que hoy condicionan la competitividad de nuestro sistema portuario.

    Antes de embarcarnos en un proyecto de semejante dimensión, deberíamos estar concentrados en cuestiones mucho más inmediatas y determinantes para el futuro de nuestros puertos.

    En primer lugar, corresponde revisar y analizar en profundidad las condiciones del régimen de concesión y el monopolio otorgado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou al grupo Katoen Natie en el Puerto de Montevideo (monopolio que permanece, aun con el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo).

    No puede existir una política portuaria seria que eluda la discusión sobre las condiciones de competencia, el interés nacional y las consecuencias de los compromisos asumidos por el Estado.

    En ese marco, debería estudiarse responsablemente la o las propuestas presentadas para desarrollar una nueva terminal de contenedores en Montevideo. Es imprescindible analizar sus fundamentos, su viabilidad, sus efectos sobre la competencia y su compatibilidad con el interés general. No parece razonable descartar o postergar el análisis de alternativas que podrían contribuir a mejorar la capacidad y competitividad del principal puerto del país.

    También debemos atender la situación de los servicios de transporte de pasajeros en los puertos de Colonia y Montevideo. No podemos hablar de una política portuaria nacional sin considerar la calidad de los servicios, las condiciones en que operan las empresas y, fundamentalmente, los derechos de los pasajeros.

    Tanto en Colonia como en Montevideo, la ANP debe ejercer plenamente su papel de autoridad portuaria, supervisando, coordinando y promoviendo condiciones que favorezcan un servicio eficiente, competitivo y de calidad.

    Es necesario revisar las condiciones de competencia, garantizar reglas claras y evitar que posiciones dominantes o situaciones de privilegio terminen condicionando la prestación de los servicios, afectando los precios, la calidad y las posibilidades de elección de los usuarios.

    La libre competencia no debe ser solamente una declaración de principios: debe constituir un objetivo concreto de la política portuaria. El Estado tiene la responsabilidad de velar por condiciones equitativas para los distintos operadores, promover la participación de nuevas iniciativas cuando sean viables y asegurar que el interés público esté por encima del interés particular.

    A ello se suma una cuestión estratégica impostergable: alcanzar los 14 metros de profundidad en el puerto de Montevideo. El dragado no es un asunto secundario ni una aspiración técnica más. Es una condición fundamental para mejorar la operativa, recibir buques de mayor calado, reducir costos logísticos y competir en mejores condiciones con otros puertos de la región.

    Tampoco podemos desatender el movimiento de cargas paraguayas y el desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Uruguay tiene una oportunidad estratégica de consolidarse como plataforma logística regional, pero para ello necesita infraestructura adecuada, servicios competitivos, previsibilidad y una política activa de captación de cargas. No alcanza con hablar de un nuevo puerto si no somos capaces de potenciar las oportunidades que ya existen.

    En cuanto al puerto de aguas profundas en Rocha, es indudable que merece un estudio serio y actualizado. Pero un emprendimiento de esa naturaleza requiere mucho más que voluntad política y anuncios. Exige cuantificar las potenciales cargas, identificar los mercados que justificarían su existencia, evaluar las necesidades de infraestructura terrestre y ferroviaria, estimar las inversiones y determinar su viabilidad económica y financiera.

    También es imprescindible conocer el interés real de las grandes compañías navieras y de los operadores internacionales en participar de su desarrollo y operación. Un puerto no se justifica por su profundidad ni por la magnitud de las obras que puedan construirse. Se justifica por las cargas que puede movilizar, los servicios que puede ofrecer y su capacidad de integrarse competitivamente a las rutas comerciales internacionales.

    Además, cualquier iniciativa de esta magnitud debe inscribirse en una estrategia regional. Hay que analizar su complementariedad con los puertos del Mercosur, las oportunidades de integración logística y las posibles consecuencias sobre Montevideo y otros puertos de la región, incluido Buenos Aires.

    Incluso corresponde evaluar la oportunidad de aplicación del régimen de puerto libre, considerando cada proyecto y sus características, las posibilidades de desarrollar zonas francas vinculadas a la actividad logística y el impacto que diferentes modelos de funcionamiento podrían tener sobre la competitividad de nuestros puertos.

    En definitiva, el problema no es estudiar un nuevo puerto. El problema es pretender impulsar una obra de enorme complejidad y costo sin que previamente esté clara la estrategia nacional en la que debería insertarse.

    Y aquí aparece la contradicción política más importante: el Frente Amplio planteó recuperar y fortalecer el rol de ANP como autoridad portuaria y convertirla en el motor de la planificación del sistema nacional de puertos. Sin embargo, cuando aparece un proyecto de enorme trascendencia, se opta por apartar al organismo de su conducción y generar una estructura de actuación por fuera de él.

    ¿Dónde queda entonces el compromiso asumido por el gobierno de fortalecer la ANP? ¿Dónde queda la planificación integral del sistema portuario? ¿Dónde queda el papel del Estado como articulador de los intereses públicos y privados?

    No se puede sostener una cosa en el programa de gobierno y actuar en sentido contrario cuando llega el momento de tomar decisiones. Tampoco se puede reivindicar el fortalecimiento de una institución mientras se la desplaza de las decisiones estratégicas que justifican su propia existencia.

    Un puerto de aguas profundas puede ser una posibilidad para el Uruguay del futuro. Pero su estudio debe responder a una estrategia nacional, a una evaluación rigurosa de su viabilidad y a una perspectiva de integración regional. No puede convertirse en un proyecto aislado, ni en una iniciativa que desplace otras prioridades mucho más urgentes.

    El país necesita una política portuaria, no una sucesión de proyectos. Necesita planificación, continuidad institucional, capacidad técnica y decisiones que respondan al interés nacional.

    Y si realmente creemos en un Sistema Nacional de Puertos, la institución llamada a conducirlo, estudiarlo, asesorarlo y promover su desarrollo es la Administración Nacional de Puertos.

    La ANP debe ser el centro de la política portuaria nacional, no una institución a la que se recurre solamente cuando conviene y de la que se prescinde cuando se toman las decisiones importantes.

    Esa es la verdadera discusión que deberíamos estar dando.

    Ricardo Suárez