Aunque parezca equivocada la siguiente afirmación, Bordaberry mantenía entre 1972 y 1975 un importante respaldo popular. Aun cuando quienes no acompañamos su actuación en febrero de 1973 y menos aún la del 27 de junio, debemos reconocer que la mayoría de la sociedad respaldó la disolución parlamentaria, harta de la sedición, de un sistema político inoperante e inmerso en maratónicas sesiones discursivas, como las del presidente de facto, el Dr. Alberto Demicheli, el cual, al negarse a firmar las urnas, algo que nunca les fue reconocido, de un movimiento sindical en permanente conflicto y de un gremio estudiantil aún “románticamente” influido por los hechos de París en 1968 y por la fábulas de los “Robin Hood” criollos, que a pesar de las advertencias del propio Che Guevara atentaron contra la democracia.
Bordaberry decía el 4 de setiembre de 1974: “Estamos en el tiempo de la nación y no de los partidos políticos”. Los mismos partidos que permitieron que su padre fuera senador blanco y también él senador por el Partido Nacional y luego candidato y presidente por el Partido Colorado, vaya paradoja, ¿no?
Evidentemente, las Fuerzas Armadas se encontraban divididas. Algunos rechazaban los partidos y a los parlamentarios, y acuñaron una frase para etiquetarlos como “profesionales de la política” o “políticos profesionales”.
Otros, como Gregorio Álvarez y el Cnel. Ramón Trabal, pretendían una renovación del sistema partidario, manteniendo los partidos políticos, pues no concebían un futuro sin partidos tradicionales, aunque depurados de sus cuadros dirigentes.
En suma, las Fuerzas Armadas no quisieron asumir el compromiso de eliminar a los partidos políticos y derrocaron a quien les facilitó a los militares el acceso al gobierno nacional, al “proceso cívico-militar”.
A la medida tomada por los militares, sucede la asunción como presidente de facto del Dr. Alberto Demichelli, el cual, al negarse a firmar el acto institucional 4, que proscribía a la enorme mayoría de quienes habían sido actores políticos, también fue sustituido, hasta que el 13 de julio el Consejo de la Nación eligió a Aparicio Méndez como presidente para el período 1976-1981, quien sí firmó el perverso acto 4, grave error de los militares que generalizaron contra todos los políticos, rodeándose equivocadamente de civiles serviles de tercer o cuarto orden.
Las mismas Fuerzas Armadas que derrocaron a Bordaberry respetaron el resultado del plebiscito constitucional de noviembre de 1980, en el que, más allá de un proyecto constitucional, la ciudadanía iba a expresar su apoyo o su rechazo al régimen político imperante.
El resultado fue un 57% en contra y un 42% a favor, aunque considero que todos los que votaron el Sí y los que lo hicieron por el No aspiraban a que el “proceso cívico-militar” concluyera rápidamente. Aun a pesar de ese contundente resultado adverso, las Fuerzas Armadas respetaron el resultado de las urnas, algo que nunca les fue reconocido como corresponde.
Elaboraron entonces un nuevo cronograma institucional y, a comienzos de julio de 1981, se inició un diálogo político entre la Comaspo y los representantes de los partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica.
En los partidos tradicionales existían discrepancias sobre la representatividad de algunos grupos políticos, por lo que se imponía una consulta popular para determinar la vigencia de cada sector en sus respectivos partidos, y así se reclamaron elecciones internas, que se concretaron el 28 de noviembre de 1982 y en las que votó el 60,5% del electorado.
La derrota de 1980, las elecciones internas de los partidos políticos y el acto del Primero de Mayo de 1983 forzaron al gobierno a iniciar negociaciones para una salida democrática, y el 13 de mayo de 1983 se realizó la primera reunión organizada por la Comaspo en el Parque Hotel.
El Frente Amplio no fue invitado a participar de las negociaciones y el Partido Nacional entregó una carta donde precisaba las condiciones en las que iría a negociar.
Las Fuerzas Armadas presentaron las bases de la negociación en un documento que repetía el mismo texto constitucional que había sido rechazado en el plebiscito de 1980, lo que causó estupor a los políticos.
Las negociaciones se estancaron y la séptima y última reunión del Parque Hotel se efectuó el 5 de julio, pero, ante las discrepancias insalvables y el clima político existente, los grupos políticos se retiraron de las negociaciones.
Se suceden posteriormente las instancias del Pacto del Club Naval, un acuerdo alcanzado el 3 de agosto de 1984 entre los máximos jerarcas militares y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica que posibilitó el retorno del régimen democrático a Uruguay después de más de 11 años de gobierno cívico-militar.
No somos jueces de nadie, menos de los que ya no están. A quienes participaron en el “proceso cívico-militar” solo los debe juzgar la historia, porque desde hace décadas a la “Justicia” le desataron la venda y, en vez de observar imparcialmente los hechos, descarga su poderosa espada con el impulso de sentimientos rencorosos y deleznables, pulverizando a su vez la balanza que creíamos representaba la igualdad en el tratamiento.
Tampoco somos defensores de los militares que intervinieron en el “proceso”. Por el contrario, nuestra más recordada participación cívica fue en la organización del primer acto público por el No en todo el país, que se celebró en el Cine Cordón, cuando muchos que luego se percibieron como “luchadores contra la dictadura” ni aparecieron… Tampoco los juzgamos, su conciencia, los que la tienen o tenían, lo hará.
Pero resulta innegable señalar todas aquellas instancias que los militares avalaron para llegar a la tan ansiada apertura democrática de 1984, que no fue total, claro está, ya que dirigentes importantes no pudieron ser candidatos por el Partido Nacionalni por el Frente Amplio, Wilson Ferreira y el Gral. Liber Seregni.
No se puede afirmar que ello haya sido una decisión de los mandos militares, pues lo conversado en el Club Naval fue secreto y sin actas, salvo lo que sería el acto institucional 19 firmado por el entonces presidente, Gregorio Álvarez, en agosto de 1984.
Previamente, circuló una carta de W. Ferreira Aldunate en la que denominaba las reuniones del Club Naval como “Pacto Sanguinetti-Medina”.
Las mismas Fuerzas Armadas que derrocaron a un presidente que quería eliminar los partidos, que convocara a un plebiscito constitucional respetando su resultado, que establecieran un nuevo calendario para una salida institucional en conversaciones con representantes políticos, que convocara a una elección interna, que llamara a reuniones en el Parque Hotel, las que, aun fallidas, abrieron luego la instancia del Club Naval y las elecciones de 1984, los mismos militares que sufrieron y sufren la afrenta del desconocimiento de dos plebiscitos nacionales con 20 años entre cada uno, ratificando la ley de caducidad, esos mismos militares siguen siendo “procesados” por mero revanchismo, por deleznable odio ideológico, cuando otros verdaderos asesinos y ladrones no cumplieron ni un día de prisión y otros fueron generosamente amnistiados.
Señor director, ¿no es hora ya de que el Poder Legislativo, al amparo del inciso 14 del art. 85, propicie un indulto para estos militares presos aún? La Asamblea General lo hizo en 1943, indultando a B. García, que intentara matar al presidente Terra.
Las fracturas sociales o políticas cierran con la fuerza de la convicción en que es tiempo ya de una gran concordia nacional. Somos un país muy joven para estar, durante la cuarta parte de nuestra vida independiente, atados a un pasado que todos rechazamos, un pasado que nos mantiene anclados en una ciénaga de odio y de rencores, cuando el país precisa de todos para recorrer el sendero hacia un verdadero desarrollo social, hacia una convivencia armónica, con discrepancias y con respeto, con trabajo y educación.
Guillermo Facello
