En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En la pasada edición de Búsqueda (6/6/2024) el corresponsal Dr. Enrique Machado Uriarte denuncia los cuestionamientos a nuestro sistema de justicia, analiza las causas y propone medidas y cambios para mejorar y dar herramientas al sistema para que cumpla con la tarea de impartir justicia. Estas reflexiones del Dr. Machado las hace en su calidad de jurista, analiza el sistema y en forma especial la Fiscalía General de la Nación, reitero, desde un punto de vista jurídico.
Intentaré sumar a este análisis la visión de un ciudadano común, sin formación jurídica, que vive en el mundo real y no en el que los medios y los distintos voceros nos venden edulcorado en algunos casos y exagerado en otros.
La primera observación en la carta mencionada se refiere al “…cuestionamiento permanente del sistema judicial por parte de algunos actores políticos (incluido el propio presidente de la República) con una intensidad que —sin margen de duda— no tiene precedentes, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente”. Totalmente cierto lo mencionado, pero al no aclararlo queda como que el sistema es víctima de una especie de inmerecido complot, cuando en realidad en los últimos 70 años (dejando de lado los años de dictadura) nunca los ciudadanos estuvimos tan indefensos, expuestos y agobiados por un sistema judicial que no da garantías.
También se hace mención a “la incapacidad de toda la clase política de ponerse de acuerdo para lograr la mayoría especial que la ley (aprobada por la misma clase política que hoy cuestiona) requiere para la designación de un nuevo fiscal de Corte”. Puede ser un tema de incapacidad, pero también se pueden conjeturar otros motivos. En la práctica son dos bloques los que deben acordar, por un lado la coalición que hoy gobierna y por otro la oposición, el Frente Amplio. Ahora bien si a una de estas dos partes le es funcional el actual desempeño del sistema judicial será prácticamente imposible acordar. Qué posibilidades de llegar a un acuerdo hay cuando la realidad nos muestra que las denuncias realizadas a ciertos integrantes de uno de estos dos bloques son desestimadas, archivadas o duermen en carpetas y que las realizadas a integrantes del otro bloque son procesadas con celeridad ventilando (filtración mediante) vida y obra de los involucrados.
Una de las pruebas más evidentes sobre la politización es la actuación del gremio de fiscales que defiende a ciertos fiscales y a otros no y que sale denunciando injerencias y presiones dependiendo del posicionamiento político del cuestionador. Es notorio que no hay absolutamente nada que se tramite en reserva, se filtra todo, no hay secreto de sumario para ningún caso, eliminando así las garantías que el sistema nos debe dar a los ciudadanos cuando se administra justicia. Quién nos puede asegurar que si comparecemos como denunciantes, testigos o denunciados todo lo que digamos no se filtre a un sinnúmero de operadores, en especial a periodistas y abogados.
La indignación y el desasosiego ciudadano es alimentado día a día y los ejemplos son cientos, constantemente se nos informa que mediante juicio abreviado el denunciado, en la abrumadora mayoría de los casos un delincuente, y su abogado/a acuerdan con la fiscal o el fiscal una pena menor para no proceder a juicio oral. ¿Quiénes acuerdan? La respuesta es de Perogrullo, los que han cometido delitos y son culpables ven en este proceso una chicana para reducir la justa pena que les corresponde.
Esto ha llevado a una rebaja de hecho a las penas que establece el código, y para buena parte de los delincuentes la condena es cumplir prisión domiciliaria, la que en la realidad no es controlada, por lo que termina siendo un tirón de orejas para el delincuente.
Los casos de detenciones de delincuentes con un prontuario de antecedentes por los que deberían tener decenas de años de cárcel son reiterados. Parece que delinquir pasó de ser una opción a ser una profesión de bajo riesgo. La reforma del proceso judicial se traduce en una reducción de penas generalizada. Y qué decir de la lentitud y en algunos casos la paralización de los procesos, las denuncias se acumulan por cientos en las fiscalías, superando por lejos las mil en algunas de ellas. Los fallos, sobre todo en materia civil, se producen luego de años y años de espera, desapareciendo totalmente cualquier atisbo de justicia.
En resumen, filtraciones totales, politización, acumulación de casos y exasperante lentitud es lo que recibimos los ciudadanos de nuestro sistema judicial. Pero por alguna razón a este decadente sistema se lo protege y justifica. Muchos somos los que pensamos que la Justicia cambió su definición y hoy se ha convertido en un cruel juego.
