El propio Danza había adelantado esta posibilidad a Búsqueda, en una entrevista publicada el 27 de noviembre pasado. “El concepto de auditoría es educativo, que no termina hasta que el equipo auditor se reúne con el de gestión. Es un concepto de mejora continua, describir procesos, encontrar cosas, mejorar cosas… Pasa que en ese proceso a veces se detectan cosas que se hicieron demasiado mal y entonces ameritan otros procedimientos administrativos”, dijo entonces, aclarando que “de momento” no se había dado paso a la Justicia.
El momento parece haber llegado.
Según la resolución, a la que tuvo acceso Búsqueda, la auditoría encontró “presuntas irregularidades respecto a los aspectos financieros y a la contratación de servicios en las mencionadas Unidades Ejecutoras, en tanto se detectaron debilidades, irregularidades e incumplimientos a la normativa en los procesos de compras, así como controles insuficientes en el cumplimiento efectivo de los servicios prestados”. Durante el período auditado también se analizaron convenios de complementación de servicios con Casmu, el Círculo Católico y la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi).
Leonardo Cipriani en su despacho de ASSE cuando lo presidía. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
Leonardo Cipriani en su despacho de ASSE cuando lo presidía. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
La denuncia penal alcanzará a quienes fueron autoridades de ASSE durante el período anterior: los expresidentes Cipriani y Sosa, los exdirectores Julio Micak y Natalia Pereyra, el exgerente general Eduardo Henderson y la exdirectora administrativa de SAME 105 Karina Oxley. Ellos fueron “individualizados (...) como presuntos responsables de falta administrativa”, pero al no tener ya “vínculo funcional” con la institución esta no podía actuar sobre ellos, por lo que los antecedentes fueron derivados a la Justicia.
A nivel interno, se decidió iniciar sumario administrativo a Pablo Cabrera (exdirector de ASSE en el período anterior en representación de los funcionarios), al exgerente financiero Juan Andrés Behrend, al exdirector de SAME 105 José Antonio Rodríguez y a otras siete personas que siguen siendo funcionarios de la institución.
En la auditoría “resultan comprobadas una serie de irregularidades, ausencia de controles en todas las etapas del procedimiento de compra y gastos, ausencia de oposición de intereses y falta de transparencia que impide asegurar el buen uso y manejo de los fondos públicos”.
En un comunicado divulgado este viernes 24, Cipriani, Sosa, Micak, Cabrera y Pereyra calificaron la decisión de ASSE como un “claro ataque político y personal sin fundamento jurídico alguno” y expresaron su “total disposición” en colaborar con la Justicia. Dijeron desconocer “los fundamentos” de la resolución, y resaltaron que su actuación “fue siempre ajustada a derecho y amparada en la normativa vigente, guiada por la buena fe y la ética en el ejercicio de la función publica”, y que los mecanismos de control utilizados fueron “los que siempre existieron en ASSE”.
Contratos
Las irregularidades consignadas en los considerandos de la resolución de ASSE incluyen en SAME 105 “observaciones de gasto por la auditoría delegada y 100% del gasto de traslados observados por el TCR”, otras detectadas en las comisiones de seguimiento de los convenios de complementación, como “modificaciones sustanciales” en el acuerdo suscrito con la mutualista Círculo Católico, en la que se pasó “de un sistema de pago por día de cama ocupada en servicios de cuidados moderados a un sistema de pago por camas fijas mensuales de uso exclusivo con tarifa plana, implicando aumento de gasto”.
El vínculo de ASSE con el Casmu y —sobre todo— con el Círculo Católico durante la anterior administración ya fue cuestionada por una auditoría reciente consignada por Búsqueda. Esta reflejó que los pagos del prestador público a esta última mutualista aumentaron 170% entre 2020 y 2024. Esto fue particularmente señalado por referentes frenteamplistas, ya que Cipriani fue director técnico del Círculo Católico antes de asumir su cargo en el Estado.
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Álvaro Danza, presidente de ASSE.
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En el Centro Departamental de Treinta y Tres, la auditoría detectó “debilidades en el sistema de contralor del efectivo cumplimiento de prestaciones”. A su vez, se encontraron “irregularidades en la contratación del servicio de traslados para SAME 105”. Sobre la compra de servicios de traslados a la empresa ITHG, indicó que se “flexibilizaron exigencias, procedimientos y (...) mecanismos de control”.
Las contrataciones de ITHG por parte de ASSE, que contaron con numerosas observaciones del TCR, fueron uno de los aspectos de gestión más criticados por el Frente Amplio durante la administración pasada. Sin embargo, con la coalición de izquierda ahora en el gobierno, ese vínculo sigue existiendo, más allá de que la firma haya cambiado de nombre a UTAM y más allá de que se haya pensado —y suspendido— una licitación para traslados comunes.
En una rueda de prensa en el Parlamento, Sosa señaló que la resolución de ASSE los tomó “de sorpresa” y que se enteraron “por la prensa” de algo cuyo contenido desconocen. “Estamos ante un ataque político, no jurídico, que ya se veía venir por declaraciones de miembros del gobierno, incluso del directorio, y lo tomamos como lo que es: un ataque a la coalición y al gobierno anterior en una estrategia que ha tenido este gobierno de generar mantos de sospecha sobre la administración anterior”, afirmó. Agregó que las actuales autoridades “tienen más puesto el retrovisor que los focos prendidos para adelante”.
Además de reiterar los conceptos señalados en el comunicado, Sosa resaltó que más allá del ataque político hay un ataque “personal”, ya que los integrantes sociales del anterior directorio, Cabrera y Pereyra, oficiaban “de contralor”.
El diputado nacionalista Federico Casaretto dijo a Búsqueda que “una vez que se conozcan los alcances de esa denuncia” su bancada evaluará la posición a tomar. “Siempre le hemos dicho a los legisladores del gobierno, cada vez que sale a la luz algo de ASSE, que votamos con las dos manos la creación de una comisión investigadora. De lo que ha trascendido hasta ahora (sobre lo publicado en El Observador) nada ameritaría el pase a la Justicia penal, sino que correspondería una investigación administrativa”, afirmó.
Muy distinta, precisó, es la situación del Hemocentro de Maldonado.
Maldonado
El jueves 23 fue cesado de su cargo quien dirigiera el Hemocentro Regional de Maldonado desde su creación en 2009, Jorge Curbelo. En un mensaje que el médico envió ese día a grupos de WhatsApp de colegas, contó que “en las últimas semanas” su equipo había estado “luchando” para que no se les rebajara el presupuesto que tenían hasta marzo de este año, que incluía “un 54% para las escuelas, un 52% (para el) Hemobus (una unidad móvil de recolección de sangre) y 54% para la conexión eléctrica del Hemobus”, lo que afectaba la operativa y el personal asignado.
El mensaje culminaba de la siguiente manera: “Acabo de recibir una llamada de Montevideo que por resolución del directorio del día de la fecha me sacan de director técnico del Hemocentro Regional de Maldonado”.
Casaretto dijo a Búsqueda que le pidió a su compañero de bancada José Luis Satdjian, presidente de la Comisión de Salud de Diputados, que convocara al directorio de ASSE al Parlamento por este tema. Representante por Maldonado, este legislador es un gran defensor de Curbelo.
Presidente de la República Luis Lacalle Pou, director del Hemocentro Regional de Maldonado Jorge Curbelo y Sergio Grosskopf, de Grupo Château
En el medio, entre el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y Sergio Grosskopf, de Grupo Château, está el ahora exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado Jorge Curbelo.
“Esto que pasó es una barbaridad. El Hemocentro está frente al Hospital de Maldonado. Este último es lo que es ASSE, lo otro parece del extranjero. ¿Cuál es la diferencia, la gestión? Este es un tipo que es un gran luchador y el que convocó a la sociedad en su conjunto. Esto pasó porque Curbelo no aceptó un recorte del 50% en su presupuesto y pidió una reunión con los cinco diputados de Maldonado que íbamos a tener en las próximas horas. Intempestivamente por teléfono lo llaman para decirle que está destituido. (El presidente Yamandú) Orsi dijo lo que está bien no se toca, ¿también en eso nos mintió?”, expresó Casaretto.
Sus defensores subrayan que Curbelo había logrado tener “la mayor reserva de sangre del Uruguay”, con aproximadamente 30% del total.
Desde ASSE no quisieron formular declaraciones sobre este tema. Sin embargo, fuentes políticas y médicas dijeron a Búsqueda que las autoridades habían perdido la confianza en Curbelo tras recibir “numerosos reclamos” sobre su gestión, como un “manejo irregular de fondos”, por el que se realizará una investigación, desconocimiento total de la jerarquía institucional, “publicidad personal”, uso del ómnibus para “colectas privadas” y recolección de sangre de otras regiones de forma “indiscriminada”.
