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Nos dirigimos a Uds. en virtud de la noticia pública referida a una asociación de jueces nacionales que se adhirieron públicamente al “capítulo uruguayo” del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, una asociación que busca la promoción y defensa de los derechos humanos con el objetivo de “propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables”.
Según surge en la dirección web de la asociación,1 la misma es una “asociación privada de fieles de carácter internacional” constituida según el ordenamiento canónico que identifica. Dicha asociación se constituyó, según Acta Constitutiva, el 4 de junio del 2019 en la Ciudad del Vaticano, siguiendo las palabras del papa Francisco y cuenta con sedes nacionales en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Estados Unidos y ahora Uruguay.
En la misma página web de la asociación, se difunde una carta del sumo pontífice dirigida a los “jueces de la República Oriental del Uruguay”, mediante la cual felicita la adhesión de los jueces uruguayos y los invita a unirse y comprometerse en la aplicación del derecho con los objetivos activistas de la asociación panamericana creada por él.
En dicha carta se expresa: “En estos tiempos de tantas asimetrías en donde un puñado de personas y corporaciones concentran la mayor parte de la riqueza mundial y millones son descartados, es fundamental entender las cosas con claridad”. “Ustedes” (juezas y jueces), pueden hacer mucho y hay mucho por hacer. Tengan valor. Únanse. No se dejen confundir por las recetas que ya sumieron a muchos pueblos en la desgracia”. Pidió que “confíen en la senda de Artigas” y citó una canción de Alfredo Zitarrosa, que expresa: “Que la ley no sea una tela de araña que solo atrapa a los chiquitos y deja indemnes a los poderosos que la atraviesan sin dificultad”.
Quienes integramos el Colegio de Abogados del Uruguay vemos con extremada preocupación este compromiso público asumido por algunos de nuestros jueces, que se declaran activistas en forma explícita de la “doctrina franciscana”.
Sin perjuicio de la finalidad altruista que se manifiesta perseguir, y que se puede compartir o no, entendemos que cualquier compromiso explícito de jueces para interpretar y aplicar el derecho conforme a lineamientos establecidos en los estatutos de cualquier asociación podría considerarse como la expresión de la renuncia a la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Conforme a la mejor tradición nacional, nuestros jueces deben fallar en los asuntos puestos a su consideración, aplicando la ley conforme las interpretaciones fundadas en las leyes y en la Constitución nacional, y no la determinada por la ideología o doctrina a la que adhiera el juez; más aún si esta adhesión es una corporativa.
Cualquier alineamiento de la actuación de los magistrados en la aplicación del derecho a directivas distintas a las producidas por intermedio del proceso democrático, en el caso, las impulsadas por un líder religioso y la “doctrina franciscana”, además de prohibidas constitucionalmente, podría dar lugar a interpretaciones de politización o ideologización de la Justicia, y con ello, al debilitamiento de la confianza pública en el sistema judicial.
Más aún, este discurso pone en tela de juicio la actuación de nuestros jueces, ya que se insta a “entender las cosas con claridad”, como si con anterioridad no se haya hecho de tal forma. Por lo expuesto, queremos hacer llegar a Uds. nuestra preocupación, esperando una respuesta sobre el tema, agradeciendo desde ya su tiempo y quedando a su disposición por cualquier aclaración y/o ampliación sobre este tema.
