Del exrector de la Universidad de la República Roberto Markarian

El 34 y el 35 crean un Programa Uruguay Innova y un Fondo Uruguay Innova para coordinar y articular el sistema de innovación nacional.

Analizaré esos artículos brevemente y haré algunas propuestas constructivas. La preocupación del Poder Ejecutivo por estos aspectos merece el justo elogio. La manera de atenderla, no tanto.

Comenzaré por los últimos artículos. Que se recurra regularmente a organismos asesores en materia científica es muy conveniente (art. 45). Esa es una de las razones por las que existen las academias, creadas por leyes que les dan esa atribución, en particular a la Academia Nacional de Ciencias. Reglamentar estos asesoramientos es mucho más útil que crear nuevos organismos. Más aún cuando la actual administración se precia con justeza de querer simplificar trámites y organismos. También es muy buena idea que haya un Programa de Alta Dedicación a la Investigación que dependa de la ANII (46), asesorado por el Conicyt, como en otros temas.

La creación del Innova fue anunciada en mayo de este año, con un despliegue mediático importante por parte de su principal promotor, Bruno Gili; se ha avanzado mucho en su implementación, aun así sorprende que, vista las materias a las que debe atender, el Consejo Estratégico Ministerial que lo dirigirá “estará integrado de forma permanente por el secretario de Presidencia de la República, que lo presidirá, los ministros de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”. Se ignora al ministerio que trata los temas educativos (el MEC), al de Ambiente y el de Salud Pública, todos ellos relacionados con la innovación sustentable.

La creación de la secretaría en la órbita directa de la Presidencia merece más comentarios. La reorganización del sistema de ciencia, tecnología e innovación amerita una discusión amplia y abierta que puede —debe, es mi opinión— terminar en la creación de un organismo coordinador central. Pero este no puede ni debe escapar totalmente al control parlamentario, como es el caso del que se estaría creando.

Pero no creo que esto deba hacerse a las apuradas, por lo que la apertura, breve pero necesaria, de ámbitos de discusión de la temática por las instituciones y personas idóneas es una necesidad nacional. En el anterior período de gobierno, el MEC con el apoyo de la Oficina Regional de Unesco organizó discusiones varias; muchos de los participantes considerábamos que eran pour la galerie, pero existieron y debe haber múltiples documentos de resumen que podrían ser de gran utilidad. El formato abierto fue reclamado por múltiples instituciones representativas de trabajadores, empresas, academias, la Universidad de la República… Estuve analizando varios documentos de todos esos organismos; en ninguno encontré que se fundamente hacer modificaciones con pocas consultas y en un formato tan centralista como el que se establece en el proyecto de ley.

Ahora se concreta en un organismo con asesorías a nombre personal (art. 45), con el control absoluto de la Presidencia y el pasaje a segundo plano de un organismo (el Conicyt), que es bastante representativo de esos estratos. En todo caso, corresponde analizar cómo darle más ejecutividad y medios para asesorar debidamente y en tiempo.

No estoy priorizando ningún organismo de los existentes, por el contrario, se debe estudiar el sistema entero, ver qué se deja, qué se cambia, qué se crea, cuál es el plan maestro —Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencti)—. Aun así no puedo dejar de destacar que es una rareza que se prevea que el MEC no tenga una sección dedicada a las investigaciones científica y tecnológica; eso sucedería de acuerdo a lo votado (art. 40); sería aceptar sin más que la cultura y la educación no involucran esas investigaciones.

Esta acumulación de errores lleva casi naturalmente a proponer la sustitución de los artículos 36 al 45 por un único artículo que cree un marco de discusión amplio y temporalmente acotado para la elaboración de una ley que establezca normas y criterios para esas temáticas, que reordene los organismos existentes y los nuevos, que los fondos adjudicados en el art. 37 —y más si se pudiera— se dediquen a estas tareas. Un año, poco más quizás, puede ser suficiente para ello, si se le dan recursos, se establece ese plazo y su integración en esta Ley de Presupuesto. Sería un gran aporte que podría dar esta legislatura a un objetivo directamente relacionado con el desarrollo nacional.

Roberto Markarian