Días atrás el diario El País informaba sobre una investigación académica, realizada por el Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que se denomina Análisis sociojurídico crítico de la categoría crimen organizado como factor determinante de los homicidios en el Uruguay. Un trabajo basado en los asesinatos ocurridos entre los años 2013 y 2024 en Uruguay, particularmente en Montevideo y en el área metropolitana.
El trabajo analiza el fenómeno desde una óptica sociológica y está respaldado con datos estadísticos cuantitativos y cualitativos que arrojan claridad al tema. Cuestiona la recurrente disquisición del Ministerio del Interior respecto a que la mayoría de esos homicidios se tratan de ajustes de cuentas ligados al crimen organizado (CO), y más concretamente al narcotráfico, aludiendo: a) que ello limita un análisis más profundo del contexto donde se origina y reproduce la violencia letal; b) que excluye al Estado de su responsabilidad por la marginación y desigualdad social existente; y c) que ello limita las soluciones que debe ofrecer el sistema político.
Ajuste de cuentas es una expresión que se volvió habitual en la comunicación institucional del ministro del Interior, durante la gestión de Eduardo Bonomi, cada vez que el homicidio ocurría en un barrio de contexto carenciado, la víctima era poseedora de antecedentes penales y eventualmente existía droga de por medio. La expresión hoy se volvió una percepción generalizada, resulta funcional a unos y muy cómoda a otros tantos, que con ella difuminan su incompetencia o evaden sus responsabilidades.
Resulta cierto que no todo es crimen organizado, tan cierto como explicar la escalada de homicidios reduciéndola exclusivamente a esa modalidad delictiva es una coartada discursiva con la que se pretende minimizar los hechos y quitarse responsabilidad política, lo que a la vez representa un engaño a la sociedad toda.
El análisis también enuncia que “el presunto CO es una realidad de los barrios más pobres, y prácticamente no existe en las zonas de mayores ingresos”. Esta aseveración no es del todo acertada, dado que desconocer que estas organizaciones criminales, cuya estructura atraviesa todo el espectro sociopolítico profesional, están instaladas en nuestro país desde hace ya muchos años y que sus acciones mafiosas van in crescendo resulta, cuando menos, ingenuo.
El CO está en el mundo, en nuestro país, en las ciudades y en los barrios, y allí desarrollan sus actividades los inversores, los administradores y los distribuidores; cada uno en su territorio, asumiendo los riesgos propios de su jerarquía dentro de la organización. Nuestro país funge como ruta de paso hacia el exterior, mientras que en Montevideo, Canelones y San José funciona la distribución doméstica de la droga, y en determinados barrios de contexto socioeducativo crítico es donde se multiplican los homicidios en una suerte de “cobranzas” y peleas por el dominio territorial.
Lo verdaderamente grave y alarmante resulta haber llegado a este punto, en el que se suman observatorios, mesas de trabajo e innumerables análisis, realizados por la academia y distintos organismos del Estado, que arrojan “diagnósticos”, “pronósticos” y, seguramente, “recomendaciones”. Pero sale un gobierno y entra otro, y sigue faltando el “tratamiento”.
Un razonamiento muy básico indica que, para empezar, deberíamos respondernos como sociedad: ¿qué nos pasó para estar como estamos? Las repuestas serán diversas, pero hay dos que deberían estar primeras en el ranking: 1) elegimos gobernantes que no estuvieron a la altura, y 2) no les exigimos a nuestros representantes los cambios de rumbo en el gobierno cuando son necesarios.
¿Cuánto hace que hablamos, todos, sobre la decadencia de la educación familiar y formal: primaria, secundaria y universitaria? ¿Qué han hecho los diversos presidentes, ministros y legisladores con este sustancial respecto? Nada.
¿Cuánto hace que hablamos de la degradación de la institución familia, el primer círculo de contención y seguridad de nuestros niños y adolescentes, seguidos por la escuela y el liceo? Prueba de ello es que, detrás de las cifras y los datos que presenta la investigación académica, hay progenitores ausentes o “desbordados”, familias monoparentales, jóvenes que abandonaron el sistema educativo en primaria, estructuras familiares en que sus tres generaciones sucesivas —abuelo, padre e hijo— no tienen hábitos de trabajo o registran antecedentes policiales.
¿Cuánto hace que hablamos del timorato ejercicio de la autoridad o de la degradación de las jerarquías —por ineptitud, temor, comodidad o interés personal— en la mayor parte de las organizaciones del Estado? ¿Qué han hecho los diversos gobiernos con relación a ello? Nada.
¿Cuánto hace que se habla del inapropiado funcionamiento de nuestro sistema de Justicia? ¿Cuánto hace que el fiscal de Corte y procurador general de la nación es interino? Va para cinco años, y seguimos así. Los fiscales han comprometido el prestigio de años de profesión, teniendo que anunciar su voluntad de no querer continuar en el honroso cargo. Y sale un gobierno, entra otro, y de eso no se habla…
Estas y otras tantas situaciones constituyen debilidades del Estado, y son el caldo de cultivo en que retoza y prolifera lo malo, lo inmoral y el crimen en cualquiera de sus expresiones. Se inicia con una transgresión a la norma o una infracción no punida, pasando por una falta y luego por un delito, hasta llegar a acciones de gran magnitud, sea este organizado o no. Y a la larga esto lleva a que el cuerpo social contraiga anomia, una enfermedad que se manifiesta con la degradación de las normas sociales, la inobservancia de las normas jurídicas, el desorden, la falta de cohesión social y el desdén por sentimientos tales como el “bien común” o el “interés nacional”. Todo ello conlleva a un proceso de deterioro de la estructura familiar e institucional, caracterizado por la ruptura de los vínculos entre individuos y entre grupos, que deriva en un declive de la calidad de vida, un aumento de la violencia e inseguridad, y una disminución de la confianza en sus pares y en el Estado. El mensaje que llega a la sociedad es sencillo y devastador: el delito paga mucho mejor que el trabajo honesto.
Finalmente, tenemos a un Estado que ha renunciado a ejercer su autoridad —o la ejerce de manera errática— y hacerla sentir en áreas neurálgicas de su dominio como lo son la enseñanza, la seguridad y la Justicia. La situación es crítica, por lo que requiere una intervención de urgencia, de complejidad mayor, y peculiarmente invasiva, que demanda máxima coordinación. El equipo de cirugía debe estar conformado por los poderes del Estado y, de entender necesarios refuerzos, sería muy atinado recurrir a los de la acera de enfrente. Particularmente en el tema que atañe, lo que se necesita son decisiones políticas valientes y contundentes, que se vean plasmadas en planificación, coordinación real y productiva entre Ministerio del Interior, Fiscalía y Poder Judicial, persecución implacable del delito, persuasión del aumento del riesgo para el delincuente y respaldo explícito a la autoridad legítima en todos sus niveles.
Dr. Efraín Maciel Baraibar
