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En 2048 se reabrirá la posibilidad de renegociar el Protocolo de Madrid que desde 1998 prohíbe la extracción minera en la Antártida. No es una fecha lejana ni arbitraria: está establecida en el propio texto del Protocolo, y hay actores que llevan años posicionándose para ese momento. China y Rusia expanden sostenidamente su infraestructura en el continente, y todo en el marco de un debilitamiento sostenido del sistema de derecho internacional como lo conocemos.
Desde 1985, en que Uruguay es aceptado como miembro pleno del Tratado Antártico, los esfuerzos por mantenerse en el territorio han sido continuos independientemente del color del gobierno de turno, estableciendo algo muy parecido a lo que podría llamarse una política de Estado. Así “la presencia en el Continente Antártico” aparece como “objetivo estratégico del Estado” en la Política Nacional de Defensa del 2020 y como uno de los “Intereses Nacionales Estratégicos” en la de 2014.
A tal punto llega esto que, en las elecciones de 2024, los programas de los tres partidos que hoy tienen representación en el Senado incluyeron a la Antártida en sus respectivos programas, e incluso la coalición lo agregó como punto en el Compromiso País.
Pero ese consenso tiene un límite preciso: gira en torno a la idea de “fortalecer la presencia” sin trazar objetivos más ambiciosos de cara a 2048. La Hoja de Ruta 2045 del Instituto Antártico advierte que eso no alcanza. Su texto es explícito: estar o permanecer en la Antártida no es condición suficiente para Uruguay en el marco del Sistema del Tratado Antártico. Nuestro país debe desarrollar ciencia, tecnología, innovación e infraestructuras, porque la defensa de nuestros derechos en ese concierto requiere el respaldo de una labor científica relevante.
A pesar de esto, el Uruguay se muestra pasivo con relación a los desafíos que plantea el futuro cercano para el hemisferio. A diferencia de países de la región, como Chile, que aprobó su Política Militar y de Defensa el año pasado, nosotros navegamos sin un rumbo definido, pues la Política de Defensa Nacional de 2020 venció el 1 de marzo del 2025, sin tener su reemplazo a casi un año de asumido el nuevo gobierno, a pesar de que el artículo 3, inciso G, del decreto 147/13 establece que esta “deberá ser emitida en el primer año de cada gobierno”.
La Antártida no está congelada. Hoy se discuten cosas que afectan las bases fundamentales del sistema antártico tal como fue concebido en 1959: mientras algunos países empujan hacia un mayor extractivismo y la expansión de su influencia, los vecinos regionales optan por la protección ambiental. Uruguay no aparece en esa batalla conceptual por el futuro del continente blanco.
La Antártida representa para Uruguay una oportunidad geopolítica y diplomática de primer orden, y el país está en una posición de relativo privilegio para aprovecharla. Pero una posición privilegiada que no se activa es simplemente una oportunidad que se pierde. Si para 2048 no identificamos objetivos claros y trazamos un camino para alcanzarlos, habremos dilapidado cuatro décadas de presencia sostenida en el continente blanco.
