Le agradezco la oportunidad de compartir algunas ideas sobre un evento polémico reciente en la comunidad jurídica uruguaya.
Se trata de la inauguración del Capítulo Uruguay de una asociación de jueces fundada en el Vaticano denominada Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana.
La inauguración incluyó un mensaje directo del papa a los jueces uruguayos. Se trata de una asociación para el desarrollo, mediante la actividad judicial, de los principios de la “doctrina franciscana” en el terreno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, se trata de una asociación de jueces que dentro de esa amplia materia jurídica toma partido de antemano por cierta “doctrina” específica, desarrollada, por ejemplo, en la Exhortación apostólica evangelii gaudium y la carta encíclica, que comienza “Laudatio Si’, mi Signiore”.
La figura de pensamiento que viene a la mente enseguida es la del juez parcial. El que toma partido. No importa cuál.
Esta carta es personal, pero tiene un contexto. Con varios colegas de la Facultad de Derecho hemos manifestado nuestra preocupación al Consejo de Facultad, el cual tuvo la gentileza de tomar nota de nuestra inquietud y agradecer su envío. El debate en su seno sirvió para echar luz sobre un tema que nos preocupa a todos. La Asociación de Magistrados del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay en sendas notas han manifestado una inquietud similar, contribuyendo con su punto de vista y sus propios argumentos al debate.
Naturalmente, la mencionada asociación de jueces, así como sus defensores, han contestado haciendo hincapié en la justicia de sus reclamos y en lo importante de tomar partido por ese tipo de pretensiones.
A mi juicio, hay una confusión honesta que vale la pena intentar superar. Si tomamos partido por algo justo, pueden decir algunos jueces de esta asociación, entonces usted, al estar en contra de que nos asociemos para esa causa, está en contra de la justicia. Dicho de otra forma, dado que usted está en contra de nosotros, usted está en contra de los derechos fundamentales que defendemos, etc. De hecho, eso han dicho algunos colegas que han expresado asombrarse ante nuestro planteo. Tratemos de aclarar, entonces.
Obviamente, ese no es nuestro punto. Nadie critica el afán de justicia de estos jueces ni de nadie en general. El problema es otro. Se trata de jueces que toman partido para avanzar, como jueces, en una cierta, concreta y específica concepción de la justicia. Es decir, la asociación manifiesta un sesgo y un compromiso por y con la doctrina franciscana. El problema es el compromiso en sí, no su contenido circunstancial.
Tampoco hay nada que a priori sea bueno o malo en esa doctrina. El problema es que, en calidad de jueces, los miembros de la asociación asumen el compromiso con sus colegas de adoptar esa línea de interpretación y aplicación del derecho, que es una entre varias, pero por la cual se decantan de antemano. Qué casos impulsar, cuáles dejar de lado, qué lectura entre las muchas posibles de derechos tan amplios como los invocados se adoptarán forman parte de las decisiones que la adhesión a la doctrina franciscana determinará a priori. Dicho sea sin ánimo de faltar el respeto, pero tomando a la letra el nombre que se dio la propia asociación, otra figura de pensamiento que viene a la mente es la del juez “adoctrinado”.
Esta no es una asociación de estudio de los derechos o de debate, no es una instancia académica para enseñar y aprender, aunque esas sean parte de sus herramientas. En cambio, es un compromiso para la acción. Ahí está justamente la cuestión: es un compromiso entre jueces y, para peor, sobre la doctrina a impulsar en materia jurídica, es decir, en su tarea judicial. Ese es el problema. Cuando uno considera todo esto vuelve a aparecer la figura de un juez que a priori es parcial.
La idea del juez parcial es una especie de horror milenario en el derecho. Es su negación. En un sistema democrático robusto y laico como el nuestro, significa, además, el riesgo de que las decisiones dejen de estar basadas en la interpretación de los textos producidos por la ciudadanía y el poder legislativo democrático y que ellos se sustituyan (o se vuelvan elásticos) en función de las “doctrinas” que guíen a los jueces parciales.
Aquí no está en juego una u otra visión del derecho, sino el derecho mismo. Especialmente para aclararlo a los colegas, digo que no se trata de un reclamo desde el positivismo jurídico o el iusnaturalismo o el interpretativismo o desde la visión jurídica que sea, sino que se hace desde algo más básico, que está antes que todo: que los jueces no se asocien para avanzar en una doctrina específica en la aplicación del derecho, que mantengan el valor de la imparcialidad.
La única corriente de pensamiento jurídico que podría, entendiblemente, no acompañar esta inquietud es la escéptica. Es decir, la de quienes no creen que el derecho cumpla realmente una función legítima en la sociedad y lo consideran solo una máscara para encubrir el ejercicio bruto del poder. Por supuesto, el derecho ha cumplido esa función enmascaradora muchas veces. Piénsese, sin ir más lejos, en la dictadura uruguaya. Pero hoy no estamos en dictadura y al menos algún valor debemos reconocer a nuestro derecho democrático. No creemos que nadie en este debate adopte esa actitud escéptica.
Lo dicho respecto de la figura de pensamiento del juez parcial, por sí solo, ya es suficiente para preocuparse. Pero en este caso se agrega un ingrediente. La asociación está formada en el Vaticano, y el papa ha enviado una carta directa a nuestros jueces estimulándolos para que dirijan su acción judicial en el sentido que impulsa esta asociación. ¿Quién puede dudar de su sinceridad o desconocer su dimensión como figura en el mundo intelectual? Pero el papa es, además, el jefe de Estado del Vaticano. Dicho de otra manera, la carta es una comunicación directa de un jefe de Estado extranjero a nuestros jueces. A cada uno de ellos. Indicándoles cómo deben ejercer su deber principal, como funcionarios del Estado uruguayo, al aplicar el derecho. Este incidente agrega una segunda dimensión al problema, tan grave como la primera. Sobre esa gravedad no seguiré comentando porque las consecuencias que una gaffe de esta magnitud debería tener no son difíciles de deducir.
En suma, creo que no podemos admitir esta renuncia concertada al ideal de imparcialidad judicial ni estas interferencias con los servidores públicos de nuestro país. Ambas cosas ponen en peligro a todo el derecho uruguayo.
He charlado con otros colegas que opinan igual pero tienen miedo de decirlo. Temen que los pongan en la bolsa de los malos contra los buenos o que los acusen de enemigos de los derechos sociales sin más. Es decir, de quedar enfrentados a quienes actúan como si tuvieran el monopolio de la virtud. En lo que a mí respecta, espero que, ad hominem se me reproche mi condición de profesor de Derecho Civil y abogado corporativo (¡máxima herejía!).
Sin embargo, la causa profunda de ese temor que todos compartimos creo que es otra. Es que las personas con quienes discrepamos no son cualquier persona. Tienen poder.
Gerardo Caffera
(Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República)
