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Uruguay tiene pendiente, desde hace algunas décadas, un debate que excede las coyunturas electorales: el de su propio modelo republicano. El de cambiar la democracia liberal por una democracia republicana tal como mandata el artículo 82 de nuestra Constitución y, por ende, tener una república más republicana. Nuestra Constitución vigente ha servido de base durante décadas, pero la pregunta que hoy debemos hacernos con serenidad y coraje cívico es si ese texto sigue respondiendo al ideal republicano que alguna vez soñamos o si ya no nos interpela como ciudadanos activos, sino como meros votantes.
Vivimos en una democracia que cumple con los procedimientos, pero que cada vez parece más una democracia de espectadores que de protagonistas. Una democracia republicana que para que subsista necesita de buenos ciudadanos y no de ciudadanos ausentes o meros votantes. Hemos confundido el acto de votar con el acto de participar sin informarnos solo por la inercia del voto obligatorio, y el resultado es una ciudadanía ausente, resignada a observar cómo el poder se concentra, cómo las decisiones se reducen a unos pocos y cómo el Estado se vuelve más jerárquico que colegiado, es decir, republicano.
El republicanismo, desde Aristóteles hasta los pensadores modernos y uruguayos como el politólogo Pablo Ney Ferreira, nos recuerda que la libertad no es ausencia de interferencia, sino vida sin dominación. Ser verdaderamente libres es participar, controlar y deliberar, no solo elegir y esperar. Esa es la diferencia entre una república viva y una democracia meramente liberal, de mínima, procedimental y de mala calidad. Y a escala departamental nos manejamos en cierta medida en feudos democráticos más que en verdaderas repúblicas democráticas.
Por eso, urge abrir un proceso de reflexión que no tema lo impensado: ¿no es momento de repensar nuestra arquitectura institucional? ¿De avanzar hacia un Poder Ejecutivo colegiado, tanto a nivel nacional como departamental, que disperse el poder y devuelva la deliberación al centro de la vida pública? ¿De reconsiderar el mandato imperativo como forma de responsabilidad y limitar la reelección legislativa para oxigenar la representación y evitar el enquistamiento de una política hereditaria?
El Uruguay que heredamos fue pionero en ensayar un camino distinto. José Batlle y Ordóñez comprendió que el poder concentrado en una sola persona es una amenaza latente, incluso en democracia. Hoy podríamos recuperar ese espíritu y animarnos a imaginar una república sin presidentes todopoderosos, más plural y más cívica.
Este llamado no es solo jurídico, sino moral. Necesitamos reconstruir el sentido de virtud ciudadana, formar guardianes de la República —no élites, sino ciudadanos responsables— que comprendan que la libertad y la justicia solo se sostienen cuando se las cultiva día a día. Para eso, necesitamos una verdadera y profunda reforma educativa y no pesudorreformas. Necesitamos preguntarnos para qué queremos educar. Debemos educar para formar buenos ciudadanos, libres, con capacidad de crítica, separar la buena información de la mala, que sea un todo integral, un ser humano completo.
En este tiempo de desconexión y apatía, recordar la enseñanza y la coherencia de Pablo Ney Ferreira es también rendir homenaje a quien supo recordarnos que la república no se hereda, se ejerce.
