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Un senador de la República —ungido por el voto popular— afirmó y confirmó en el pleno de su cámara que las decisiones del gobierno del Frente Amplio favorecen o facilitan la actividad del narcotráfico.
¡Qué valiente! Ahora resta saber si también es “tan ilustrado”.
Para tan grave aseveración, el senador enumera una serie de hechos que, él entiende, vincula las resoluciones del gobierno frenteamplista con la acción de los narcotraficantes.
Le resta aportar la prueba o la evidencia del nexo de causalidad, es decir, que una cosa obedezca a la otra. Es decir, debe probar el favor a los delincuentes y la intencionalidad de las decisiones.
¿Tiene pruebas? Parece que no. Pero, si las tuviera, y no hizo la denuncia penal correspondiente, estaría cometiendo un delito, ya que el Código Penal, en su art. 177, sanciona la omisión en denunciar los delitos. Es decir, se establece la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio para los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.
Y la Ley 17.060 (Ley Cristal) y su modificativa Ley N° 19.823 fortalecen el deber de denuncia. Los funcionarios públicos deben denunciar ante sus superiores o la Justicia los actos presuntamente corruptos que conozcan.
Así las cosas, cabe preguntarle al senador sobre un acto de su gobierno relativo al “rey del sur” del narcotráfico y su pasaporte express. ¿O se olvidó?
Es bueno recordar que las normas nacionales sobre expedición de pasaportes establecen que “no se dará curso a ninguna solicitud de pasaporte sin la comparecencia personal del interesado” (artículo 5 del decreto 129/2014, firmado por Astori y no por Mujica).
Esta es una norma general, de carácter prohibitivo, para todo tipo de pasaportes, que no admite excepciones (ídem el art. 6 del decreto 167/1993 y el decreto 281/2022 de Lacalle Pou). Esto es obvio porque se trata de un documento de identificación y de carácter internacional: no se puede pedir online o a través de un apoderado.
La autoridad competente exige en su sitio web, en forma expresa: “Una vez confirmada la audiencia, debe presentarse en la oficina correspondiente para tramitar el pasaporte; esta gestión debe ser realizada únicamente por el titular, quien deberá presentarse con la documentación habilitante en el día y hora acordado en la oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil que corresponda”.
El expediente administrativo respectivo expresa textualmente “que se recibió una comunicación del Dr. B. solicitando se inicie trámite de pasaporte de forma urgente” mientras Marset “se encuentra en prisión en Abu Dhabi con proceso judicial en curs” y que la sección consular “entiende que debido a que el Sr. M. está imputado por falsificación de pasaporte de origen paraguayo, salvo mejor opinión en contrario de la superioridad, resultaría prudente aguardar a que el proceso judicial finalice para oportunamente tramitar el documento de viaje”. Igual se entregó el pasaporte.
Y para mayor claridad, si alguien no entendió, el Sr. fiscal penal interviniente expresó: “(…) teniendo en consideración que la presente investigación tiene su origen en la interpelación a dos ministros de Estado llevada adelante por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución de la República, no podemos soslayar la actitud asumida por los jerarcas en dicha instancia” y que “en tal sentido”, una vez finalizada la instancia indagatoria, se concluye que “los ministros de Estado así como sus respectivos subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía que estos representan en oportunidad de celebrarse la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022”.
Los ministros de Estado y sus subsecretarios ¡faltaron a la verdad y ocultaron información al Senado y a la ciudadanía!
¿Dónde estaba el senador en esa ocasión?
Marset no compareció personalmente ni en Montevideo ni en el Consulado en Dubái, ¿dónde se sacó la foto? Entones, esto se transforma en una excepción, en un favor o en otra cosa.
¿Quién se hace cargo? El interesado estaba preso (en la cárcel de Dubái), ya que fue arrestado porque estaba trasladándose con un pasaporte paraguayo falso. Por tanto no hubo “comparecencia personal” para el trámite que se comenta y este no está autorizado por tercera persona.
El 28 de octubre de 2021 se inicia el trámite. ¿Quién lo inicia? Marset estaba preso en Dubái… ¿Quién hace la solicitud de pasaporte? ¿Quién la recibe? Y para no buscar excusas, desde el 21 de setiembre de 2021 se sabía que Marset era un narco, tanto en el Ministerio del Interior como en la Cancillería.
¿Qué opina el senador?
Las conclusiones son obvias: este trámite exprés se manejó por “la excepcionalidad de esta solicitud”, violando la norma fundamental. Nunca hubo comparecencia personal del solicitante. Ni en Montevideo ni en Dubái. Al que igual le extendieron el documento de viaje. Un favor, no un trámite. ¿Gratuito o remunerado? Y con conocimiento desde el 21 de setiembre de 2021 (mucho antes de expedir el anómalo pasaporte) de que el interesado era un narco.
¿Quiénes son los responsables de esta grave situación? ¿El Ministerio del Interior involucrado? ¿Qué papel cumplió la Cancillería? ¿Quiénes fueron los amigos de Marset en el gobierno?
Senador: tiene la palabra. Por lo menos, con sus habituales dotes de orador, explíquenos quién inició el trámite del pasaporte.
