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La pobreza infantil es, probablemente, uno de los problemas sociales más importantes del Uruguay. No admite indiferencia, demora ni discursos vacíos. Frente a esa realidad, el sistema político debería estar concentrado en una pregunta concreta: qué hacemos para que menos niños vivan en hogares pobres, para que no permanezcan años institucionalizados, para que estén protegidos frente a la violencia y para que el Estado llegue antes y mejor.
Sin embargo, el proyecto impulsado por la senadora Blanca Rodríguez y el Frente Amplio parece responder a ese drama con una receta conocida: crear un nuevo órgano. Un nuevo comisionado. Más institucionalidad formal, pero no necesariamente más soluciones reales.
El problema no es la intención. Nadie puede estar en contra de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes. El problema es el instrumento elegido. Uruguay ya cuenta con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), con independencia técnica, ubicada en la órbita del Parlamento, con competencia para recibir denuncias, monitorear situaciones, formular recomendaciones y actuar frente a vulneraciones de derechos. Y lo más relevante: la propia Inddhh advirtió que esa figura ya existe y que crear otra puede generar superposición, confusión y debilitamiento del sistema de protección.
No se trata, entonces, de llenar un vacío. Se trata de duplicar funciones. La pregunta es sencilla: si ocurre una vulneración en un centro, en una escuela, en un hogar o en una institución, ¿a quién debe acudir la familia, el niño, el funcionario o la organización social? ¿A la Inddhh o al nuevo comisionado? ¿Qué pasa si ambos organismos intervienen? ¿Y si formulan recomendaciones distintas? ¿Más órganos significan más protección o simplemente más trámites, más derivaciones y más ruido institucional?
Uruguay optó hace años por un modelo: una institución nacional de derechos humanos con competencias amplias y áreas especializadas. Ese modelo puede fortalecerse, dotarse de más recursos, mejorar sus mecanismos de acceso y profundizar su trabajo en infancia. Pero otra cosa muy distinta es empezar a crear comisionados temáticos cada vez que aparece una causa sensible. Hoy sería la infancia. Mañana podrían ser los adultos mayores, la discapacidad, la salud mental, las adicciones o cualquier otro tema relevante. El resultado sería un Estado más fragmentado, más caro y menos claro.
Además, hay un dato político que vuelve esta discusión todavía más estéril: aun si el proyecto fuera aprobado en Diputados, la designación del comisionado requeriría mayorías especiales de tres quintos. Y esos consensos no existen. Por tanto, se corre el riesgo de aprobar una estructura que nace bloqueada desde el inicio, sin capacidad real de ponerse en funcionamiento y con el único efecto de sumar otra discusión institucional donde lo que se necesitan son acuerdos concretos para actuar.
La infancia no necesita una nueva estructura para que el sistema político pueda decir que hizo algo. O que una senadora pueda tener un caballito de batalla. Necesita políticas públicas eficaces, recursos bien asignados, coordinación real entre organismos y capacidad de gestión. Ningún niño sale de la pobreza por la creación del nuevo comisionado.
Uruguay necesita menos burocracia y más respuestas concretas. Menos órganos nuevos y más políticas que funcionen. Menos gestos simbólicos y más decisiones capaces de cambiar, de verdad, la vida de los niños.
