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El debate sobre la prospección y eventual explotación petrolera en Uruguay suele concentrarse en los impactos ambientales inmediatos, en particular los asociados a la exploración sísmica. Esa discusión es legítima y necesaria. Sin embargo, existe otro riesgo importante: que al focalizarnos casi exclusivamente en esos impactos, estemos dejando de lado una reflexión profunda sobre las consecuencias estructurales, o impactos sistémicos, que una decisión de este tipo puede tener para el país.
Uruguay ha construido, a lo largo de décadas, una reputación internacional singular. Es señalado de forma consistente como una de las democracias más estables del mundo y como un caso ejemplar de transición energética, gracias a una transformación profunda de su sistema eléctrico basado en fuentes renovables. Este reconocimiento no es anecdótico ni retórico: es un activo real, acumulado con políticas a largo plazo, consensos amplios y una fuerte inversión institucional.
En ese contexto, avanzar hacia la explotación de hidrocarburos no es simplemente sumar una nueva actividad económica. Implica un cambio de narrativa, un giro en la forma en que Uruguay se presenta al mundo y, más importante aún, en la forma en que se piensa a sí mismo como proyecto de país. La pregunta de fondo no es solo si hay petróleo o cuánto podría valer, sino qué tipo de desarrollo queremos priorizar y a qué costos.
Uno de los riesgos menos discutidos, pero ampliamente documentado en la experiencia internacional, es el efecto sistémico de captura de agenda que suele acompañar a la industria petrolera. Incluso antes de que se materialicen beneficios económicos concretos, la expectativa del petróleo puede tender a absorber tiempo político, atención mediática y capacidades técnicas del Estado, reordenando prioridades públicas y desplazando gradualmente otras áreas estratégicas, como ha sido documentado en la literatura sobre economía política de los recursos naturales (Frankel, 2010; Robinson, Torvik y Verdier, 2006).
En países pequeños y socialmente cohesionados como Uruguay, este efecto puede sentirse con mayor intensidad. La innovación, la ciencia y la tecnología, la educación, la salud, la diversificación productiva o la adaptación al cambio climático no desaparecen de la agenda, pero podrían perder centralidad frente a la promesa de ingresos rápidos o soluciones económicas a corto plazo. El riesgo no es un colapso inmediato, sino un deslizamiento silencioso de prioridades.
A esto se suma la dimensión climática, que suele abordarse desde una lógica contable limitada. Es cierto que gran parte de las emisiones asociadas al petróleo uruguayo ocurrirían fuera del territorio nacional cuando ese crudo sea finalmente consumido. Sin embargo, la decisión de extraerlo o dejarlo bajo tierra es una decisión soberana; no es una imposición externa ni una inevitabilidad geológica. En términos éticos y políticos, decidir poner ese carbono en circulación implica asumir una responsabilidad que va más allá de los inventarios nacionales de emisiones.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Utilizando factores de emisión ampliamente aceptados, escenarios de cientos de millones de barriles implicarían volúmenes de dióxido de carbono equivalentes a decenas de veces las emisiones anuales actuales de Uruguay. Estos números tienen incertidumbre, pero el orden de magnitud es claro: no se trata de un impacto marginal.
Nada de esto implica negar que Uruguay, como el resto del mundo, seguirá dependiendo de los combustibles fósiles durante las próximas décadas. Precisamente porque esos recursos son finitos y cada vez más difíciles de encontrar, la pregunta relevante es cómo y para qué se utilizan: ¿como puente hacia una transición planificada y coherente, o como atajo económico a corto plazo que reconfigura prioridades y dependencias?
Por todo esto, una decisión de esta magnitud no puede reducirse a una evaluación técnica ni a un debate fragmentado. Requiere información completa, transparencia sobre los acuerdos y, sobre todo, una discusión democrática amplia que incorpore sus efectos económicos, sociales, reputacionales y climáticos.
El mayor riesgo no es solo ambiental. Es que el petróleo capture la agenda pública y desplace silenciosamente prioridades que han sido claves para el desarrollo y la estabilidad del país. Esa es una discusión que invita a una reflexión amplia y de largo plazo.
Martín Medina Elizalde
Profesor asociado de Ciencias de la Tierra y del Clima en la Universidad de Massachusetts Amherst. Es uruguayo de nacimiento y trabaja en temas de clima, energía y cambio climático desde una perspectiva científica.
