‘Estás despedido’

Ser y actuar como una buena persona es el deber del empleador y el del trabajador. El despido es el final de una relación laboral, un final que pone un límite concreto y marca un antes y un después. Toca luego hacer duelo por un proceso, dar vuelta la página y continuar de una forma que sea la mejor para los trabajadores que quedan trabajando, mejor en productividad, mejor en seguridad laboral, mejor en bienestar.

No hay discusión en cuanto a la objetividad y el valor del derecho al trabajo y, por eso, en nuestro país está más que protegido, al punto tal que me atrevería a decir que en nuestro sistema laboral no existe el equilibrio entre partes, ya que desde la Justicia hasta la intervención del Estado están totalmente flechados en favor del trabajador.

Vivimos en un país en el que cada vez se hace más difícil el desarrollo del mercado laboral, justamente porque esta sobresaturación de regulaciones son parciales de manera absoluta en favor de lo que se denomina la parte débil de la relación. Sea de derecho o de hecho, los sindicatos tienen una incidencia muchas veces nociva en el desarrollo del mercado laboral, porque intentan imponer una visión soslayada de la realidad, desde un punto de vista anacrónico e ideológico, cuando la realidad debería ser vista desde un punto de vista económico.

Si esta ley busca crear un ámbito de negociación del despido, dicho ámbito ya existe en el Ministerio de Trabajo. Que se use. Si lo que busca es un espacio de diálogo sobre los motivos personales y de contexto que llevan al despido, creo que el trabajador no necesita una explicación —seguramente dolorosa— para hacer el cierre, no debería necesitarla y no es bueno instalar esas conversaciones que —por otra parte— nadie tiene derecho a exigir.

Obviamente, esto no implica desconocer derechos del trabajador, pero tampoco del empresario, que es quien corre con el riesgo de la inversión.

En Uruguay, los sindicatos han desarrollado una actitud de enfrentamiento no solo con los empresarios, sino con sus propios afiliados. Sobran los ejemplos, como los conflictos de la pesca, del puerto, etcétera. Entonces, ese pretendido espíritu solidario que se intenta hacer creer a la población, con este preaviso de despido justificado, pasa a ser una herramienta de abuso a los empresarios.

Muchas veces la decisión de cerrar una empresa es intempestiva, por una orden de la matriz del exterior o porque de esa forma se intenta evitar daños económicos mayores. Entonces, en Uruguay existen mecanismos más que suficientes para defender a los trabajadores, desde la indemnización por despido hasta un sinnúmero de exigencias que las empresas deben cumplir.

El aviso previo no soluciona nada, salvo que el Estado quiera obligar a las empresas a no cerrar, pero ese sería el golpe de gracia final. A mi juicio, la legislación existente y la jurisprudencia se encargan de impedir cualquier exceso empresarial.

Lo que generaría la norma que se pretende concretar es mayor desempleo y por ende más perjuicios para los trabajadores y para el Uruguay en general.

Fernando Belhot