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El Parlamento nacional designó semanas atrás, por votación de la Asamblea General, al nuevo comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Daniel Radío, persona de acrisolada trayectoria política y de gestión, figura de consenso y buscador de consensos, de gran vocación social, a quien le deseo mucho éxito en la gestión. Buena cosa es la noticia de la designación de un titular para la referida oficina parlamentaria, una agencia de derechos humanos joven en el derecho uruguayo, pero toda una singularidad que distingue a nuestro Parlamento: contar con un área especializada, fuertemente territorial, con presencia diaria en el sistema penitenciario y con un rol potente y visible de control, promoción y propuesta. Esta tarea, que se inicia observando directamente y en profundidad las condiciones de reclusión, tratamiento y reinserción social, aportando por un lado asistencia y orientación a las personas presas y sus familias, se continúa con la realización de acciones concretas en favor de la integración social, que incluyen desde el diálogo constante con las autoridades penitenciarias, sanitarias, educativas y otras, hasta la realización de acciones judiciales y la formulación de propuestas de políticas públicas, ya sean ellas generales de reforma penitenciaria o para temas específicos.
Cabe además subrayar que si bien durante casi un año la oficina estuvo sin un comisionado designado por el Parlamento, desde que el cargo quedara vacante al finalizar el mandato del anterior titular, a la sazón el autor de esta nota, la oficina del Comisionado Parlamentario continuó puntualmente cumpliendo sus tareas: recorriendo cárceles, atendiendo familias, recibiendo situaciones angustiosas, enviando comunicaciones, generando actividades, recibiendo y canalizando denuncias, estudiando los problemas emergentes de todas las cárceles y tendiendo puentes para su resolución. Imagino que no fue una tarea fácil, ya que al no contar con el titular de la oficina, seguramente hubo dudas sobre si algunas de las atribuciones del comisionado podían igualmente llevarse adelante. Lo visto desde fuera indica que la interpretación de las normas con base en el principio pro homine de derechos humanos, que señala que las normas deben interpretarse de manera de asegurar la mayor protección y garantías a las personas, aunado al compromiso con la tarea, hicieron posible que la oficina siguiera funcionando regularmente, cumpliendo un servicio tan estratégico e insustituible para el Parlamento: controlar la privación de libertad de las personas.
En ese sentido, por esta vía quiero destacar la tarea realizada por los funcionarios que se encargaron de esta compleja transición, logrando mantener un pleno funcionamiento del servicio (y vaya que el término administrativo aplica bien aquí humanísticamente). En primer lugar, durante ocho meses, fue la licenciada Laura Cotelo, como encargada de Despacho, quien mantuvo la navegación pese las incertidumbres existentes. Luego, en los últimos cuatro meses, el licenciado Santiago Sosa, ahora coordinador técnico de la oficina, ha sido quien continuó la tarea. El trabajo de Laura Cotelo y de Santiago Sosa, junto con la tarea de todo el equipo de la oficina, no solo mantuvo a la nave en su curso, sino que consolidó estructuras y líneas de gestión que ahora serán un insumo para la gestión del nuevo comisionado. Adivino que no menor, y también destacable, fue la tarea de apoyo de la Comisión Administrativa del Parlamento.
Vienen nuevas tareas y nuevos desafíos para un Parlamento y un país que necesita seguir avanzando en su reforma penitenciaria y en reforzar sus mecanismos de integración social. Esta carta pública es a lo solos efectos de señalar a quienes discretamente mantuvieron en funcionamiento una de las piezas necesarias para alcanzar esa meta. A ellos, como ciudadano, y excolega, mi profundo reconocimiento, que de continuidades y aportes discretos pero intensos se hace la construcción de institucionalidad y ciudadanía.
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